El Gobierno estudia multar hasta con 100 millones a los que perturben gravemente servicios esenciales

El Gobierno ultima actualmente una ley que permitir¨¢ imponer sanciones de hasta 100 millones de pesetas a aquellas personas o asociaciones que provoquen incidentes o alteraciones graves en el funcionamiento de los servicios p¨²blicos esenciales, como, por ejemplo, el dificultar o impedir el abastecimiento de las ciudades, situaci¨®n que se registr¨® recientemente a ra¨ªz de? bloqueo de las carreteras originado por la huelga de? transporte. Esta ley, denominada de "protecci¨®n general de las libertades p¨²blicas y de la seguridad ciudadana", est¨¢ siendo elaborada por el Ministerio del Interior y derogar¨¢ expresamente las disposiciones de la Ley de Orden P¨²blico de 1959 que a¨²n permanecen vigentes.

El Gobierno se ha mostrado muy preocupado por el hecho de que la actuaci¨®n irresponsable de unos pocos cause graves perjuicios a la inmensa mayor¨ªa de los ciudadanos y provoque importantes alteraciones en la vida ciudadana, como los cortes generalizados de v¨ªas p¨²blicas y accesos a grandes ciudades, m¨¦todo utilizado desde hace tiempo por determinados sectores, como los. agricultores y ganaderos, y que ¨²ltimamente se ha extendido a otros colectivos para apoyar sus reivindicaciones laborales.El Ejecutivo cree que la pr¨¢ctica impunidad de que disfrutan los que recurren a estos sistemas que vulneran los derechos de la mayor¨ªa de los ciudadanos ha impulsado al Gobierno a preparar una ley que establece dur¨ªsimas sanciones para los responsables de perturbaciones del orden que en muchos casos no constituyen delito. El texto no es definitivo, debido a que no se han realizado consultas a otros departamentos que deber¨¢n realizar algunas aportaciones.

Derecho de la mayor¨ªa

El proyecto, seg¨²n fuentes del Gobierno, no pretende imponer una regulaci¨®n encubierta del Derecho de Huelga o limitar los derechos de expresi¨®n o manifestaci¨®n, sino salvaguardar los derechos de la mayor¨ªa de los ciudadanos, que los poderes p¨²blicos tienen obligaci¨®n de garantizar.

En este sentido, los ¨²ltimos grandes conflictos colectivos con graves repercusiones en la poblaci¨®n, tractoradas, huelgas en los transportes p¨²blicos de Madrid, en RENFE, o la m¨¢s reciente del transporte, ha animado al Gobierno a acelerar una ley en la que se estaba trabajando desde hace meses. El nuevo proyecto establecer¨¢ medidas para combatir los abusos.

El conflicto de los camiones, especialmente, ha desbordado todas las previsiones y ha supuesto un claro ejemplo de lo que no debe volver a ocurrir. Los camioneros aut¨®nomos de 28 asociaciones, que no representaban ni siquiera al IC% del sector, impusieron al resto del pa¨ªs, por medio de piquetes que bloquearon con sus veh¨ªculos las carreteras, puertos y fronteras, una dif¨ªcil y delicada situaci¨®n que origin¨® p¨¦rdidas estimadas en m¨¢s de 50.000 millones de pesetas. Los mercados centrales de varias grandes ciudades como Bilbao, Barcelona, San Sebasti¨¢n, Logro?o, Pamplona, entre otras, tuvieron serios problemas de abastecimiento de productos b¨¢sicos. El combustible falt¨® y tuvo que ser racionado en varias poblaciones; los alimento s perecederos como leche, pescado o fruta, se perdieron y un buen n¨²mero de industrias tuvieron que cerrar o reducir su actividad por falta de materias primas. Los precios de muchos productos subieron escandalosamente y las grandes patronales del transporte, que no estaban en huelga, no pudieron paliar la situaci¨®n porque sus camiones no pudieron circular debido a la acci¨®n de los piquetes.

Tras la vuelta a la normalidad, el Gobierno ha acelerado la ley de seguridad ciudadana, por la que se dota de instrumentos para impedir que la situaci¨®n vuelva a repetirse. As¨ª, se ha llegado a esta propuesta que prev¨¦ la posibilidad de que el Consejo de Ministros pueda imponer multas de hasta 100 millones de pesetas para los responsables de acciones que supongan graves perturbaciones a la sociedad.

La ley prev¨¦ otros supuestos sancionables como el desborde de manifestaciones, legales o no, que supongan por ejemplo la incomunicaci¨®n de una ciudad o la paralizaci¨®n de una determinada zona con cortes de tr¨¢fico. Por ello, el abanico de sanciones puede ser muy amplio atendiendo a la gravedad de los sucesos.

Eso quiere decir que el m¨¢ximo de 100 millones solo podr¨¢ ser impuesto por el Consejo de Ministros, pero que que las autoridades gubernativas, cuyo ¨²ltimo escal¨®n son los gobernadores civiles, siguiendo la filosof¨ªa del proyecto, podr¨¢n imponer sanciones menores, que muy probablemente ser¨¢n las m¨¢s habituales.

Tambi¨¦n se ha proyectado facultar a las autoridades para que adopten las medidas necesarias para el mantenimiento de la seguridad p¨²blica, especialmente en casos de des¨®rdenes colectivos. Entre estas medidas estar¨ªa la retirada por parte de las fuerzas de seguridad de todos los obst¨¢culos, ya sean veh¨ªculos u otro tipo de objetos, que impidiesen o dificultasen la libre circulaci¨®n de personas o mercanc¨ªas.

La nueva norma derogar¨¢ expresamente la ley de Orden P¨²blico de 1959. Algunos aspectos de esta ley ya hab¨ªan sido derogados por otras leyes de la democracia. Por a?adidura, la entrada en vigor de la Constituci¨®n supuso dejar fuera de ley gran parte del articulado. Sin embargo, art¨ªculos de la ley, y no los menos importantes, contin¨²an todav¨ªa en vigor, aunque las autoridades han renunciado a aplicarla por ser una ley franquista.