La victoria de los jueces
El pulso entre Gobierno y judicatura en el 'caso Linaza' termina con una sentencia sin precedentes
Linaza, padre de un activista de ETA, cumpli¨® su palabra y denunci¨® el mismo d¨ªa ante la Audiencia Nacional malos trato durante los ocho d¨ªas de su detenci¨®n, tanto en la comandancia de La Salve, en Bilbao, como en unas dependencias de la Guardia Civil de Madrid que nunca pudo identificar porque los detenidos eran introducidos y sacados de all¨ª encapuchados. El forense ex tendi¨® un certificado de los hematomas que cubr¨ªan su cuerpo y de una herida en la frente.Desde entonces ha tenido que acudir al juzgado ocho veces para prestar declaraci¨®n y 43 para intentar reconocer a sus torturadores en otras tantas ruedas por las que pasaron 350 guardias y 122 de relleno. El sumario ocupa 1.995 folios ¨²tiles en seis apretados tomos e incluye declaraciones escritas del presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, y del anterior ministro del Interior Jos¨¦ Barrionuevo.
El conflicto entre el Gobierno y la juez Mar¨ªa Elisabeth Huerta el m¨¢s grave registrado desde el restablecimiento de la democracia entre el Ejecutivo y el poder judicial, estall¨® en agosto de 1986. El teniente coronel jefe d la secci¨®n de justicia de la Direcci¨®n General de la Guardia Civil Jos¨¦ ?lvarez Alonso, inform¨® a la magistrada que 90 guardias citados a rueda de reconocimiento hab¨ªan recibido "orden del Gobierno de la naci¨®n de no comparecer".
La citaci¨®n a rueda de reconocimiento era el resultado de una prolongada obstrucci¨®n a los intentos de establecer la identidad de los culpables. La Direcci¨®n de la Guardia Civil hab¨ªa contestado a las demandas de informaci¨®n con listados gen¨¦ricos de casi 2.000 miembros del cuerpo, entre destinados, agregados y concentrados en la comandancia de Vizcaya.
Las relaciones conten¨ªan numerosas inexactitudes. Faltaban nombres ya constatados en el sumario, la enumeraci¨®n no guardaba ning¨²n orden ni inclu¨ªa la antig¨¹edad o la clase de los citados y atribu¨ªa destinos m¨²ltiples y contradictorios a algunos de ellos. En el abultado expediente judicial han quedado registrados por ewrito 19 reconocimientos de errores en los informes presentados por la Guardia Civil.
La juez no se arrug¨®. En la Audiencia de Bilbao tiene fama de llevarse los expedientes a casa los fines de semana para dedicarles ratos libres. Su pasi¨®n es el trabajo, excepto cuando puede escaparse de vacaciones a hacer march a de alta monta?a a la cordillera del Himalaya. Recibi¨® adem¨¢s el apoyo expreso de todos los, jueces de Bilbao y de las asociaciones de la magistratura y el respaldo un¨¢nime del Consejo General del Poder Judicial.
El Consejo record¨® p¨²blicamente al Ejecutivo la obligaci¨®n de atender y obedecer las resoluciones de los jueces. La tormenta pol¨ªtica desemboc¨® en un debate crispado en el Parlamento, donde la actitud del Gobierno s¨®lo encontr¨® el respaldo de Alianza Popular. Huerta llam¨® a declarar al teniente coronel ?lvarez Alonso y pidi¨® testimonios por escrito del ministro del Interior y del presidente del Gobierno. El fiscal, ausente hasta entonces del sumario, comenz¨® a recurrir sin ¨¦xito cada una de sus decisiones
Jos¨¦ Barrionuevo contest¨® el 15 de octubre en una nota de 10 l¨ªneas mecanografiadas. Envi¨® su declaraci¨®n, con sello de registro de sa ida de ministerio, por correo certificado. Admit¨ªa haber cursado la orden verbal de incomparecencia de los guardias previo acuerdo con el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y con la aprobaci¨®n del presidente. Felipe Gonz¨¢lez declar¨® el 18 de noviembre en cinco l¨ªneas y se limit¨® a confirmar lo dicho por Barrionuevo. La carta lleg¨® al juzgado por correo con franqueo ordinario.
La juez abri¨® diligencias contra ambos y contra Fernando Ledesma por denegaci¨®n de auxilio a la justicia. La tenacidad de la magistrada hab¨ªa comenzado a dar resultados, y los guardias eitados a comparecer fueron pasando ante Linaza en grupos menores. Diez d¨ªas despu¨¦s de la declaraci¨®n de Gonz¨¢lez se orden¨® por primera vez una investigaci¨®n interna en la Guardia Civil sobre los agentes o mandos que tuvieron proximidad f¨ªsica con el detenido. La investigaci¨®n desemboca en un informe.
"Era noviembre de 1986 y hab¨ªan pasado seis arios y medio cuando obtuvimos a trav¨¦s del documento una idea de conjunto sobre qui¨¦nes hab¨ªan tratado con Linaza y qui¨¦nes pudieron torturarle o consentirlo", recuerda el abogado de la v¨ªctima, el ex eurodiputado de Herri Batasuna Txema Montero. Por primera vez aparec¨ªa escrito que el capit¨¢n Rafael Masa orden¨® la detenci¨®n de Linaza y fue aquel d¨ªa el ¨²nico oficial de servicio.
Linaza pudo reconocer a dos de sus torturadores durante los interrogatorios, el sargento Alfredo Serrano Pastor y el guardia Lucio de Sosa. La informaci¨®n facil¨ªtada al fin por la Guardia Civil sobre el servicio de incidencias permiti¨® sentar en el banquillo a otros 10 presuntos responsables. Fue imposible, en cambio, identificar a los tres guardias que el d¨ªa siguiente a la detenci¨®n le propinaron en el calabozo una brutal paliza para tratar de obligarle a dar vivas a Espa?a y a Franco.
El mi¨¦rcoles por la ma?ana acab¨® todo para Tom¨¢s Linaza, aunque a¨²n deber¨¢ esperar con paciencia dos o tres a?os la decisi¨®n ¨²ltima del Supremo.
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