Cuatro jueces de Sevilla niegan sus sentencias a una empresa que vende informaci¨®n a bancos
Cuatro jueces de Sevilla consideran "inconstitucional" facilitar sus sentencias a una empresa -denominada Grupo Interpres, SA, radicada en Madrid- que las utiliza para vender informaci¨®n sobre ciudadanos morosos a bancos y cajas de ahorro. Los titulares de estos juzgados reconocen la publicidad de las sentencias, pero se?alan que la actividad de esta empresa est¨¢ perjudicando ya a algunos ciudadanos, a los que se les han rechazado cr¨¦ditos a pesar de que las resoluciones judiciales adversas se archivaron o no son firmes. Por su parte, Manuel Rosa, apoderado de la empresa Interpres, SA, afirm¨® ayer que ¨¦sta no tiene ning¨²n reparo en modificar las incorrecciones, siempre que el afectado "las demuestre fehacientemente".
De momento, Interpres, SA, est¨¢ recogiendo sentencias de los juzgados de primera instancia ubicados en las principales ciudades del pa¨ªs. Estos juzgados son los que dilucidan asuntos concernientes a embargos, impagos de letras y reclamaciones de cantidades, entre otras funciones."Est¨¢n viniendo al juzgado ciudadanos quej¨¢ndose de que les han rechazado cr¨¦ditos porque aparecen como morosos en el archivo", arguye Rafael Saraz¨¢, titular del Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 10 de Sevilla, uno de los jueces contrarios facilitar sus sentencias.
Saraz¨¢ matiza: "No nos oponemos a la publicidad de las sentencias, aunque entendemos que el inter¨¦s de este grupo no es leg¨ªtimo, pues recopila datos de sentencias que a veces no son firmes y pueden ser revocadas". Saraz¨¢ fundamenta su oposici¨®n en la opacidad de esta pr¨¢ctica y en la consiguiente imposibilidad de "rectificar la documentaci¨®n incorrecta".
Datos falsos sobre morosos
Este juez narra el caso de un vecino de Sevilla al que una entidad financiera ha negado un pr¨¦stamo ampar¨¢ndose en este tipo de informaci¨®n. "Fue demandado judicialmente por impago de un pr¨¦stamo, al haberse quedado en paro, pero despu¨¦s, al percibir el desempleo, pag¨® voluntariamente la cantidad que se le reclamaba. Su sorpresa", relata el juez, "ha sido encontrarse incluido como moroso en la lista del banco. El problema es que existe una laguna legal para obligar a esta empresa, en el supuesto de que se opusiera, a rectificar alg¨²n dato", dice el juez.La sociedad Interpres, SA, ha elevado recursos contra cuantos juzgados espa?oles se han opuesto a facilitarle informaci¨®n. Tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) corno el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) han estimado tales recursos, esgrimiendo la publicidad de los fallos judiciales.
El TSJA ha ordenado, de momento, a los titulares de tres de los cuatro juzgados de Sevilla contrarios -en concreto los n¨²meros 8, 11 y 13- que muestren a Interpres sus fallos judiciales. A¨²n no est¨¢ resuelto, sin embargo, el recurso presentado contra el titular del Juzgado n¨²mero 10, en el que act¨²a Rafael Saraz¨¢. Fuentes judiciales han indicado que, pese a la orden del TSJA, "hay f¨®rmulas para no dar ese tipo de informaci¨®n". Estas fuentes tildan de "polic¨ªa bancaria" la actitud de Interpres.
Saraz¨¢ subraya que esta pr¨¢ctica atenta "contra la Constituci¨®n y contra el derecho interno derivado de la ratificaci¨®n por parte de Espa?a el, 27 de enero de 1984, del convenio para la protecci¨®n de las personas con respecto al tratamiento inform¨¢tico de datos de car¨¢cter personal, firmado en Estrasburgo el 28 de enero de 1981".
Derecho a rectificar
"Si se permitiera a los particulares acceder a ese banco de datos y, en su caso, rectificar los no correctos, no habr¨ªa ning¨²n inconveniente", agrega Saraz¨¢. No obstante, este juez declara que acatar¨¢, como sus compa?eros, la resoluci¨®n que al respecto adopte el TSJA, con sede en Granada o, en su caso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).Manuel Rosa, apoderado de Interpres, SA, ha se?alado que su empresa no tiene ning¨²n reparo en modificar las incorrecciones, siempre que el afectado "las demuestre fehacientemente". Rosa admite que la misi¨®n de Interpres consiste en recopilar, para su posterior venta a entidades financieras, toda aquella informaci¨®n referida a "reclamaciones de cantidades, subastas y personas morosas", y que la misma se est¨¢ facilitando "a la mayor¨ªa" de las entidades financieras que act¨²an en Espa?a.
Rosa afirma quede los 17 juzgados civiles de Sevilla, "el porcentaje de jueces" que se niegan a facilitar sus sentencias "es bajo". "Cuando el juez se niega, entonces acudimos a los ¨®rganos superiores", razona. Interpres, SA tambi¨¦n ha encontrado dificultades con jueces de Barcelona y Pamplona, quienes han tenido que desistir de su actitud por imperativo del CGPJ.
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