Diferencias entre ministerios paralizan la nueva legislaci¨®n sobre secretos oficiales

El Gobierno no ha remitido a¨²n al Congreso la nueva Ley de Secretos Oficiales, llamada de Protecci¨®n de Materias Clasificadas, que el Consejo de Ministros aprob¨® formalmente en su reuni¨®n del 27 de julio, hace m¨¢s de cuatro meses. Fuentes gubernamentales admiten que la persistencia de diferencias entre distintos ministerios en algunos aspectos del texto han impedido hasta ahora su remisi¨®n al Parlamento.

Un portavoz del Ministerio para las Relaciones con las Cortes rest¨®, por su parte, importancia a estas diferencias y asegur¨® que el proyecto entrar¨¢ en el registro del Congreso antes de fin de a?o. Los ministerios afectados por la ley -los de Relaciones con las Cortes, Asuntos Exteriores, Defensa, Justicia e Interior- mantienen un mutismo absoluto en torno a las discrepancias que obstaculizan la remisi¨®n del texto al Parlamento.No obstante, fuentes pr¨®ximas al Gobierno han indicado que estas diferencias se refieren a los organismos facultados para calificar un acto o documento como secreto (ver EL PA?S del 2 de julio). La nueva ley distingue entre la clasificaci¨®n de una materia, que es competencia exclusiva del Presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros, y la calificaci¨®n de un asunto, acto, documento, dato u objeto concreto, que corresponde a todos los miembros del Gabinete, quienes a su vez pueden delegar dicha facultad en las siguientes autoridades: el secretario de la Comisi¨®n Delegada para Situaciones de Crisis, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, los jefes de los Estados Mayores de los tres ej¨¦rcitos, el director del Centro Superior de Informaci¨®n para la Defensa (Cesid), el secretario de Estado para la Seguridad, el director general de la Polic¨ªa y el de la Guardia Civil.

Aunque la diferencia entre ambas facultades, la de clasificar una materia gen¨¦rica (por ejemplo, el nuevo pol¨ªgono de tiro del Ej¨¦rcito del Aire) y la de calificar un documento concreto (por ejemplo, el informe previo a la elecci¨®n de Anchuras como emplazamiento para dicho pol¨ªgono de tiro) parece n¨ªtida desde el punto de vista legal, en la pr¨¢ctica no se presenta tan clara, ya que las materias no existen sin los documentos y actos singulares que se refieren a ella. La posibilidad de delegar la facultad de calificaci¨®n en numerosas autoridades resulta, en consecuencia, problem¨¢tica y por eso ha producido diferencias entre varios de los departamentos afectados, seg¨²n las fuentes consultadas.

Uno de los aspectos m¨¢s debatidos durante la gestaci¨®n del proyecto fue el acceso de los parlamentarios a los documentos clasificados. El texto final soslaya este problema, al remitirse a los reglamentos de las dos C¨¢maras; a pesar de que, seg¨²n algunas interpretaciones, dichos reglamentos no tienen categor¨ªa de ley y, en consecuencia, no obligan al Gobierno, depositario de las informaciones secretas.

El proyecto elude tambi¨¦n otro tema espinoso: el derecho de los jueces a conocer, en el curso de sus indagaciones, documentos clasificados; lo que ya ha originado conflictos entre el Gobierno y la magistratura en casos como el empleo de los fondos reservados del Ministerio del Interior por el subcomisario Jos¨¦ Amedo o el ya citado de Anchuras. Seg¨²n medios conocedores del texto, dicho tema ser¨ªa regulado en los reglamentos que desarrollen la ley.

Proposici¨®n no de ley

El nuevo texto, que vendr¨¢ a sustituir a la ley de Secretos Oficiales de 1968, reformada parcialmente diez a?os m¨¢s tarde, adapta la legislaci¨®n espa?ola a la de los pa¨ªses de la OTAN, al distinguir cuatro categor¨ªas de materias clasificadas: m¨¢ximo secreto, secreto, confidencial y difusi¨®n limitada; en lugar de las dos que exist¨ªan hasta ahora. Igualmente, crea un Registro de Informaci¨®n Clasificada, en el departamento de Relaciones con las Cortes, cuya relaci¨®n de materias podr¨¢ ser publicada total o parcialmente "en los casos en que as¨ª lo determinen los ¨®rganos competentes".Con su aprobaci¨®n formal en el Consejo de Ministros del 27 de julio, el ¨²ltimo antes de las vacaciones estivales, se cumpli¨® nominalmente el mandato del Pleno del Congreso de Diputados que el 13 de marzo pasado aprob¨®, con el apoyo del grupo Socialista, una proposici¨®n no de ley que instaba al Gobierno a regular la materia antes de que concluyera aquel periodo de sesiones. Sin embargo, cuando el periodo de sesiones posterior al que se refer¨ªa la proposici¨®n no de ley est¨¢ ya a punto de concluir, el proyecto formalmente aprobado no ha entrado a¨²n en el registro de la C¨¢mara.

No existe legalmente ning¨²n plazo para remitir a las Cortes los proyectos aprobados en Consejo de Ministros por lo que, seg¨²n admiten fuentes oficiales, en ocasiones los textos se aprueban formalmente cuando a¨²n faltan por ultimar o discutir algunos detalles. Estos detalles se revelan luego m¨¢s complejos de lo que inicialmente se pensaba y ello origina demoras que, en todo caso, no llegan a los m¨¢s de cuatro meses que acumula ya la nueva ley de materias clasificadas.