Calvario burocr¨¢tico

EN UN intento de encauzar la avalancha de solicitudes del nuevo documento nacional de identidad (DNI) que colapsan las comisar¨ªas, el Ministerio del Interior ha encargado a una firma privada la gesti¨®n del proceso de cita previa para la obtenci¨®n del citado documento. La iniciativa ha sido criticada desde algunos sectores policiales y judiciales, que la consideran una dejaci¨®n de funciones por parte del Estado, adem¨¢s de incrementar los riesgos de uso indebido de datos ¨ªntimos y reservados referentes a los ciudadanos.Las explicaciones de la Administraci¨®n sobre el alcance de la medida han sido ambiguas. En un primer momento ha pretendido hacer creer que el ciudadano s¨®lo estaba obligado a facilitar su nombre y que no se le exig¨ªa dato alguno que pudiera ser considerado como perteneciente a su esfera ¨ªntima. Pero luego ha reconocido que el sistema de cita previa implica tambi¨¦n la aportaci¨®n de datos que, como el n¨²mero del DNI o del tel¨¦fono y el domicilio, tienen en principio el car¨¢cter de reservados. El Defensor del Pueblo ha anunciado una investigaci¨®n sobre el alcance de la iniciativa, y en particular sobre su eventual incidencia en el derecho a la privacidad del ciudadano.

Aunque pueda atribu¨ªrsele las mejores intenciones, una decisi¨®n que facilita el trasiego de datos personales sin el previo establecimiento de las imprescindibles garant¨ªas sobre su protecci¨®n parece, por lo pronto, imprudente y arriesgada. Esta misma consideraci¨®n vale para el caso del n¨²mero de identificaci¨®n fiscal (NIF) y para la pr¨¢ctica cada vez m¨¢s extendida de la utilizaci¨®n mercantil de datos personales obtenidos en los circuitos de la Administraci¨®n p¨²blica. Lo que est¨¢ ocurriendo con las sentencias judiciales es un ejemplo preocupante. Las resoluciones de los tribunales son y deben ser p¨²blicas, pero sus datos deber¨ªan ser protegidos de usos distintos a los del proceso, que adem¨¢s pueden resultar da?osos para los afectados por la ausencia de actualizaci¨®n.

La decisi¨®n de poner en manos privadas algunos de los tr¨¢mites para la obtenci¨®n del DNI conlleva un doble riesgo. De una parte, incrementa los peligros de desprotecci¨®n que ya pesan sobre el ingente material que acumulan los ordenadores de la Administraci¨®n respecto de los ciudadanos. De otra, es todo un diagn¨®stico sobre la incapacidad del aparato estatal en el desempe?o de sus funciones m¨¢s esenciales. Significa, ni m¨¢s ni menos, privatizar funciones que tienen una clara y manifiesta dimensi¨®n p¨²blica, y que si en alguno de sus aspectos son cuestionables, m¨¢s lo son si encima son objeto de actividad lucrativa.

La obligaci¨®n impuesta a los ciudadanos de estar siempre identificados ante el Estado, ni se hace menos gravosa con el tiempo, ni se aligera con la ayuda de la inform¨¢tica. Lo que deber¨ªa ser un sencillo tr¨¢mite en tiempo y papeleo ha ido adquiriendo dimensiones de calvario. En aras de la transparencia que el Estado impone al ciudadano -la del Estado frente al ciudadano es otro cantar- no s¨®lo se obliga a ¨¦ste a procurarse el correspondiente t¨ªtulo acreditativo de su personalidad, sino que -como en la ¨¦poca autoritaria- se le mantiene en la zozobra de tenerle al d¨ªa a lo largo de su existencia para que ning¨²n cambio escape a su control. Ahora la extensi¨®n del reino de las contratas a zonas del Estado encargadas de la seguridad p¨²blica puede ser un motivo m¨¢s de desaz¨®n para el ciudadano. Cualquier actuaci¨®n irregular o corrupta en este ¨¢mbito podr¨ªa ocasionarle da?os irreparables.