Bajo sospecha

RESULTA INS?LITO que alguien d¨¦ por bueno el fraude de las falsas peonadas, en el que est¨¢n presuntamente implicados algunos alcaldes y varios cientos de jornaleros andaluces, bas¨¢ndose en el paternalismo de que una cosa es el fraude de los ricos y otra el de los pobres. Ciertamente, ser¨ªa hip¨®crita convertir este asunto en paradigma por excelencia del fraude en Espa?a cuando cada d¨ªa asistimos a espect¨¢culos como los de las falsas facturas y dem¨¢s familia. Pero no ser¨¢ ignorando unos delitos como se evitar¨¢n otros. Al rev¨¦s, la sensaci¨®n de impunidad que producir¨ªa no investigar fraudes como el presuntamente producido con los subsidios al empleo rural ser¨ªa una coartada para quienes defraudan al por mayor.En ese sentido, el anuncio por parte del PSOE de Granada de que, en caso de producirse condena, solicitar¨ªa de inmediato -bas¨¢ndose en la motivaci¨®n humanitaria de los defraudadores- el indulto para los ediles y jornaleros investigados resulta bastante irresponsable. La investigaci¨®n en defensa de la legalidad es obligada. Ser¨¢ ella la que determinar¨¢, en su caso, las eventuales circunstancias atenuantes y hasta quiz¨¢ eximentes. Por ejemplo, es posible que, en efecto, en muchos casos pueda hablarse de estado de necesidad de las familias afectadas; pero no es lo mismo que -en una familia se cobren uno o m¨¢s subsidios y que haya o no otras v¨ªas de ingresos. Y lo que no resulta admisible es esa coacci¨®n m¨¢s o menos encubierta que en un caso como ¨¦ste supone anunciar, antes de que tales eventuales circunstancias hayan sido dilucidadas por la investigaci¨®n judicial y plasmadas en la correspondiente sentencia, que de todas formas no habr¨¢ consecuencias penales porque un partido, que es el del Gobierno, solicitar¨¢ el indulto.

Adem¨¢s, no merece la misma consideraci¨®n el particular que recurre al fraude que la autoridad que lo consiente. Sobre todo por las evidentes implicaciones pol¨ªticas del asunto. Pues si bien hay buena dosis de demagogia en las apelaciones de la derecha al voto cautivo -incluyendo en tal concepto situaciones muy diferentes-, no es posible ignorar los efectos electorales de esa forma de irregular beneficencia dispensada por quienes van a solicitar el voto de los ciudadanos. No es lo mismo realizar una concreta opci¨®n presupuestaria que favorezca a determinadas capas de la poblaci¨®n -subvencionar las vacaciones de los jubilados, por ejemplo- que consentir el fraude para ganarse el apoyo de quienes defraudan.

Otra cuesti¨®n suscitada ha sido la de la necesidad de modificar la legislaci¨®n del empleo rural. El argumento tautol¨®gico de algunos es que la existencia misma del. fraude demuestra que la norma es inadecuada a la realidad. Es posible que la exigencia de 60 jornadas de trabajo al a?o sea un sistema imperfecto; pero siempre habr¨ªa razones para considerar igual de imperfecta una norma que fijase el m¨ªnimo en 30 o en 70 jornadas. Lo ¨²nico que parece claro es que hay quefijar alguna norma, y que, una vez plasmada en la legislaci¨®n, ha de ser respetada. Especialmente por quienes est¨¢n obligados por oficio a garantizar el cumplimiento de la ley.