Gravar la vejez
EL INCREMENTO de tarifas de sus asociados mayores de 60 a?os por una compa?¨ªa privada de seguro m¨¦dico ha sonado como el pistoletazo de salida para alcanzar igual meta por parte de las otras aseguradoras del ramo. Coincidentemente, un decreto de la Generalitat dispone que los pensionistas intemados en centros sanitarios p¨²blicos a causa de patolog¨ªas cr¨®nicas graves han de pagar con parte de su pensi¨®n el coste de los cuidados no estrictamente m¨¦dicos recibidos. Una asistencia que hasta ahora era gratuita. Pocos d¨ªas despu¨¦s del anuncio de este decreto, el ministro de Sanidad, durante un debate sobre la necesidad de introducir modelos de gesti¨®n privada en el Insalud, elogi¨® esta norma, que iguala, al alza, los asilos asistidos -geri¨¢tricos con una tutela m¨¦dica especial, en los que los ancianos pagan- a los hospitales de enfermos cr¨®nicos.Una vez m¨¢s se justifica este decreto en una tendencia similar imperante en Europa. El problema no viene de hoy, y hunde sus ra¨ªces en causas presupuestarias, que a su vez se sustentan, sobre todo en Espa?a, en una evoluci¨®n demogr¨¢fica que conducir¨¢ en pocos a?os a que una minoritaria poblaci¨®n activa haya de mantener a una mayor¨ªa no activa.
No parece arriesgado pensar que se est¨¢n vulnerando derechos adquiridos por los que han cotizado a la Seguridad Social hasta su jubilaci¨®n. En todo caso, resulta chocante comenzar afrontando una cuesti¨®n de tal magnitud y complejidad con el expeditivo procedimiento de obligar a pagar al sector social m¨¢s desvalido. Esta tasa, impuesta a los m¨¢s enfermos, m¨¢s viejos y m¨¢s pobres, conlleva impl¨ªcito el sarcasmo de suponer que, en esas circunstancias de salud, edad y econom¨ªa, el ser humano ya no necesita dinero, convirtiendo la deducci¨®n de la pensi¨®n en el pago anticipado del ¨®bolo para la barca de Caronte.
Pero es cierto que la necesidad de administrar unos recursos escasos explica en parte la actitud de la Administraci¨®n sanitaria. La falta de servicios sociales ha cargado sobre los hospitales una demanda de asistencia no estrictamente m¨¦dica que est¨¢ comprometiendo la supervivencia financiera del sistema sanitario p¨²blico. Se distingue, pues, entre patolog¨ªas m¨¦dicas y problemas sociales. Y los presupuestos sanitarios se destinan a los objetivos que le son propios.
En el origen de esta normativa est¨¢ tambi¨¦n el espect¨¢culo de algunos familiares desvergonzados que facturan innecesariamente al anciano a un hospital gratuito cuando ¨¦se no es el lugar m¨¢s id¨®neo para su patalog¨ªa ni para su bienestar y luego disfrutan de los ahorros del pensionista. El problema radica, pues, tanto en Catalu?a como en el conjunto de Espa?a, en c¨®mo se aborda el drama social de la vejez. La medida de la sanidad catalana ser¨ªa m¨¢s explicable si estuviera completada por una asistencia social que ahora no est¨¢ garantizada. Tampoco la cuant¨ªa m¨¢s generalizada de las pensiones en nuestro pa¨ªs permite que repentinamente la preocupante situaci¨®n de la tesorer¨ªa de la Seguridad Social, sus fallos organizativos y sus carencias asistenciales se remedien ara?ando en la n¨®mina del jubilado.
"Probablemente no exista ninguna sociedad que no trate a sus muertos con consideraci¨®n", afirma el antrop¨®logo franc¨¦s Claude L¨¦vi-Strauss. Pero la historia est¨¢ plagada de sociedades despiadadamente inconsideradas con sus in¨²tiles ancianos enfermos. La sociedad espa?ola no merece, ni necesita, que caiga sobre ella la sombra de la sospecha de un pasado salvaje. Hace falta un debate sobre la vejez, y qui¨¦n y c¨®mo costear las situaciones derivadas de ella. Lo lamentable es que la Administraci¨®n s¨®lo muestre diligencia a la hora de crear nuevas modalidades de cobro sobre los m¨¢s desvalidos y no tenga la misma urgencia en plantear una salida global.
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