Un programa de gobierno

Con frecuencia los periodistas acusan a los pol¨ªticos de dedicarse m¨¢s a descalificar al adversario que a debatir programas e ideas. Con frecuencia los pol¨ªticos acusan a los periodistas de buscar titulares aun a costa de retorcer la realidad para hacerla encajar en una idea preconcebida. Lo que sigue son dos ejemplos de pol¨ªticos que han pedido una aclaraci¨®n por informaciones que consideran sesgadas o err¨®neas.Xabier Gurrutxaga Aizpeolea, vicesecretario general y portavoz de Euskadiko Ezkerra (EE), ha escrito una larga carta, m¨¢s de seis folios, para quejarse de una informaci¨®n publicada el pasado 17 de enero bajo el t¨ªtulo El programa de gobierno del PNV y EE prev¨¦ medidas radicales para promover el euskera. En su opini¨®n, la informaci¨®n contiene "una serie de juicios de valor que no se corresponden con la realidad", saca "de contexto citas textuales", y considera que "no ha sido contrastada".

Los juicios de valor a los que se refiere Gurrutxaga son comentarlos al programa de gobierno que aparecen en la informaci¨®n. ?stos son algunos ejemplos de los comentarios criticados: "Reforma radical del actual modelo educativo; todo el profesorado que hoy imparte en castellano tendr¨ªa que sufrir un reciclaje para adaptarse al nuevo modelo; ambos partidos pretenden convertir el euskera en lengua de trabajo de la Administraci¨®n, para lo que habilitar¨¢n los correspondientes perfiles profesionales".

En su carta, el portavoz de Euskadiko Ezkerra cita los art¨ªculos de las leyes aprobadas por el Parlamento vasco -Ley sobre Normalizaci¨®n del Uso del Euskera y Ley de la Funci¨®n P¨²blica Vasca, ambas aprobadas tambi¨¦n con los votos del PSE-PSOE- en cuyo marco legal se inscribe el futuro desarrollo del programa pactado por PNV-EE. No habr¨ªa, por tanto, tales medidas radicales en el programa de gobierno, sino que ser¨ªa coherente con el desarrollo de la legislaci¨®n actual.

Tambi¨¦n acusa a la informaci¨®n de suprimir tres l¨ªneas de un p¨¢rrafo, lo que sacar¨ªa de contexto una cita textual. El art¨ªculo criticado reproduce una frase seg¨²n la cual se rechaza "toda pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica del laissez-faire" por considerar que ella oculta una "actitud de tolerancia represiva hacia el euskera". Sin embargo, dicha frase va precedida de otra en la que se rechaza igualmente toda "tentaci¨®n impositiva... que se sit¨²e por encima de la asunci¨®n voluntaria de la ciudadan¨ªa".

Finalmente, el portavoz de EE indica que siendo importante el tema de la normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica, el programa acordado entre PNV y EE dedica a la materia 11 p¨¢ginas sobre 140.

Luis Rodr¨ªguez Aizpeolea, jefe de la secci¨®n de Espa?a, tras contrastar con los redactores que elaboraron la informaci¨®n, ha respondido lo siguiente:

"Para un lector no familiarizado con los problemas del biling¨¹ismo en el Pa¨ªs Vasco, la simple reproducci¨®n de los acuerdos sobre esta materia incluidos por el PNV y EE en su programa de gobierno hubiera resultado poco esclarecedora. De ah¨ª que se subrayen, con las limitaciones propias de una informaci¨®n period¨ªstica, aquellos aspectos del texto que resulten m¨¢s pol¨¦micos o m¨¢s llamativos. Y pol¨¦mico es, a juicio de los redactores de la informaci¨®n, que se proponga la sustituci¨®n del actual sistema educativo, que contempla tres modelos de ense?anza -uno de ellos en castellano- por un ¨²nico sistema biling¨¹e. O que se proponga hacer exigible a todos los ensefiantes un conocimiento del euskera que los capacite como m¨ªnimo para "comunicarse con normalidad en dicha lengua con los distintos miembros de la comunidad educativa".

"Todo ello justifica la expresi¨®n 'reforma radical del actual sistema educativo' incluida en la informaci¨®n, m¨¢s teniendo en cuenta la pol¨ªtica seguida en este campo por el anterior Gobierno vasco. Que tales puntos sean o no coherentes con otras leyes anteriores del Parlamento vasco citadas por el corresponsal del Ombudsman es algo en lo que no entra la informaci¨®n de EL PA?S. Sobre la frase que se critica como citada fuera de contexto y en la medida que ambas afirmaciones se matizan mutuamente, tal vez fue un error no reproducir ambas".

"Finalmente, indicar que EL PA?S dispon¨ªa de esas 11 p¨¢ginas con anterioridad y, la tarde anterior a la fecha de la publicaci¨®n, tuvo acceso al texto ¨ªntegro. Se comprob¨® la autenticidad del citado cap¨ªtulo, luego s¨ª se contras,t¨® la infonnaci¨®n. Las personas que participaron en la elaboraci¨®n de la noticia entendieron que la mencionada parte era la m¨¢s noticiosa, por lo que centraron su trabajo en ello".

El Ombudsman considera que, dada la atenci¨®n informativa prestada por EL PA?S a las negociaciones para la f¨®rmaci¨®n del nuevo Gobierno de Euskadi -m¨¢s de 20 inf¨®rmaciones en el mes de enero-, el programa sobre el que han girado las negociaciones hubiera debido tener una m¨¢s amplia explicaci¨®n. Aunque de la cantidad no sale necesariamente la claridad, el conocimiento m¨¢s detallado de un debate tan complejo facilita que el lector se forme su propia opini¨®n. EL PA?S no ha ahorrado la suya, y en el pasado mes abord¨® la materia en dos editoriales.

500 millones

Si en todo resumen hay algo de caricatura, con lo bueno y malo que ello implica, hay titulares que son, simplemente, un puro error.

"Los consejeros pueden invertir 500 millones sin ning¨²n control previo", dec¨ªa un titular publicado el 28 de enero y que descansaba en la siguiente entradilla: "Cada uno de los 11 consejeros de la Xurita de Galicia podr¨¢ invertir este a?o hasta 500 millones de pesetas sin previa aprobaci¨®n del Consello de Gobierno y sin tener que Justif¨ªcar el destino hasta el final del ejercicio econ¨®mico. Esto convierte a Galicia en la ¨²nica comunidad aut¨®noma que permite a sus consejeros gastar una mayor parte de su presupuesto de forma discrecional".

Un portavoz de la Xunta de Galicia aclar¨® que la informaci¨®n era incorrecta y record¨® que todas las contrataciones administrativas de obras o gesti¨®n de servicios y suministros est¨¢n reguladas, en la Administraci¨®n central como en la auton¨®mica, por la Ley de Contratos del Estado.

En la Comunidad Aut¨®noma de Galicia un consejero puede aprobar gastos hasta 500 millones de pesetas. Un ministro del Gobierno central puede autorizarlos hasta 2.000 millones. En cuant¨ªas superiores, el gasto debe ser aprobado por el Consello de Gobierno o el Consejo de Ministros. Esas cantidades que aprueba un consejero o un ministro no se gastan discrecionalmente o sin control previo, ya que la ley exige el cumplimiento de un complejo sistema de proyectos, pliegos de cl¨¢usulas, informes de Asesor¨ªa Jur¨ªdica y de Intervenci¨®n, contrataci¨®n reglada por subasta o concurso, o por contrataci¨®n directa (para obras inferiores a 50 millones de pesetas).

La persona que redact¨® la informaci¨®n confundi¨® esas cantidades con los gastos de libre disposici¨®n, de mucha menor cuant¨ªa, que tienen consejeros y ministros.

El tel¨¦fono directo del Ombudsman es el 754 45 53 de Madrid.