La Comunidad quiere desprenderse de 32.000 casas antiguas para no costear su reparaci¨®n

La Comunidad pretende desprenderse de las 2.168 viviendas que hered¨® de organismos como la Obra Sindical del Hogar y venderlas a sus inquilinos. ?stos suscribieron en los a?os cincuenta contratos de acceso diferido a la propiedad y en la actualidad pagan una media de 160 pesetas mensuales al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), organismo que tiene la obligaci¨®n de mantener este patrimonio hasta que se transmita definitivamente. Entretanto, el Ivima proyecta su divisi¨®n en tres empresas p¨²blicas: una promotora de viviendas, una oficina de atenci¨®n al p¨²blico y una administradora de su patrimonio.

El director gerente del Ivima, Miguel ?ngel Pascual, considera que el principal lastre para agilizar su gesti¨®n se encuentra en su patrimonio inmobiliario: cerca de 77.000 pisos, adem¨¢s de otros 8.500 en r¨¦gimen de alquiler y con rentas que en ocasiones no alcanzan las 100 pesetas al mes. El Ivima gestiona tambi¨¦n m¨¢s de 35.000 viviendas, en buen estado, del programa de barrios en remodelaci¨®n, que han sido vendidas a los antiguos ocupantes de chabolas e infraviviendas con plazos de amortizaci¨®n de 35 a?os.Sin embargo, el Ivima debe correr con el mantenimiento y reparaci¨®n de 32.000 viviendas construidas en los a?os cincuenta y sesenta por organismos como la Obra Sindical del Hogar, con un r¨¦gimen de acceso diferido a la propiedad de hasta 5 a?os. Estos alojamientos arrojan una media de 160 pesetas mensuales para las arcas de la Comunidad. El Ivima quiere desprenderse de este patrimonio mediante la liquidaci¨®n de las amortizaciones pendientes, que en muchos casos no superan las 50.000 pesetas.

Renta m¨ªnima

De otro lado, en las viviendas alquiladas, la renta percibida no cubre ni el sueldo del cobrador de los recibos, aunque el Ivima corre con todas las reparaciones. "En estos momentos", se?ala Miguel ?ngel Pascual, "hemos iniciado la rehabilitaci¨®n del patrimonio de vivienda antes de proceder a una actualizaci¨®n negociada de los alquileres".

El director del Ivima advierte que la reestructuraci¨®n de esta entidad no va a suponer una "privatizaci¨®n". "El Ivima posee competencias de la Administraci¨®n, como la calificaci¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial, de las que no va a desprenderse en ning¨²n caso", precisa Pascual.

El pasado mes de enero se ha constituido una empresa p¨²blica, con capital suscrito al 100% por el Ivima, para la promoci¨®n de viviendas. Esta sociedad, de nominada Promotora de Viviendas de la Comunidad Aut¨®noma de Madrid (Provicam), servir¨¢, seg¨²n el gerente del Ivima, para economizar costes y reducir la tramitaci¨®n administrativa de los proyectos de construcci¨®n de hasta 6.000 viviendas al a?o. La sede de Provicam se instalar¨¢ en un local de la Gran V¨ªa de San Francisco el Grande.

De otro lado, buena parte de los recursos del Ivima est¨¢n afectados por la calificaci¨®n de las necesidades sociales de aloja miento y la fijaci¨®n de los baremos econ¨®micos y familiares para adjudicar las viviendas. Para paliar estos problemas, el Ivima pretende crear una oficina de vivienda o ventanilla ¨²nica para atender todas las peticiones de los ciudadanos en colaboraci¨®n con la Consejer¨ªa de Integraci¨®n Social y los ayuntamientos. La ventanilla ¨²nica se situar¨¢ en un edificio de la plaza El¨ªptica.

El diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Antonio Beteta considera que reconvertir un organismo aut¨®nomo en una empresa p¨²blica "induce al oscurantismo". En su opini¨®n, un simple documento, que no exige m¨¢s que la presentaci¨®n de balance y resultados, basta para su control econ¨®mico, ya que las sociedades de la Comunidad no est¨¢n sometidas al control parlamentario de contabilidad y presupuestos. "No est¨¢ acreditado que la transformaci¨®n del Ivima en una empresa p¨²blica sirva para mejorar la gesti¨®n de un presupuesto de m¨¢s de 36.000 millones en 1991", apunta Beteta.

El Partido Popular critica que en 1989 ha habido una p¨¦rdida en la eficacia de gesti¨®n de las inversiones directas del Ivima, que ha pasado del 50% en 1988 al 45% en 1989. A juicio del PP, "el fracaso en la gesti¨®n" ha obligado a desviar 8.935 millones en transferencias a otras empresas para que sean ¨¦stas las encargadas de edificar.