Atentados en Chile mientras se mantiene el conflicto entre el Gobierno y la Justicia

Un muerto y 10 heridos fue el resultado de un atentado y tres ataques con explosivos contra cuarteles de carabineros, efectuados entre el viernes y el s¨¢bado pasados. Aunque un grupo de extrema izquierda, el MAPU Lautaro, se atribuy¨® las cuatro acciones terroristas, algunos dirigentes pol¨ªticos dudaron de esta reivindicaci¨®n. La serie de ataques ocurri¨® a dos semanas de que el Gobierno diera a conocer el informe de la Comisi¨®n Nacional de Verdad y Reconciliaci¨®n sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el r¨¦gimen militar, y cuando a¨²n quedan rescoldos de un reciente conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial.

El Gobierno se encuentra esperando las reacciones del Ej¨¦rcito de Tierra y la Armada al informe, que se presumen de rechazo, y la del cuerpo de carabineros. La Fuerza A¨¦rea ya se ha pronunciado aceptando el contenido del informe.Un grupo armado con metralletas mat¨® a balazos, el viernes a la salida de su domicilio, al jefe policial de Concepci¨®n -la segunda ciudad de Chile-, H¨¦ctor Sarmiento, un funcionario nombrado por el Gobierno democr¨¢tico, y dej¨® herido a su padre y a dos polic¨ªas. Otros siete carabineros resultaron heridos, uno de ellos grave, en tres ataques con bombas a comisar¨ªas de barrios perif¨¦ricos de Santiago.

En llamadas telef¨®nicas a medios de comunicaci¨®n dos voces han atribuido los ataques al brazo armado del MOPU Lautaro como parte de una ofensiva contra los aparatos represivos, pidiendo "justicia" plena y en rechazo al informe. Pero el presidente del Partido Dem¨®crata Cristiano, Andr¨¦s Zald¨ªvar, dijo que los autores pueden ser de extrema derecha o de extrema izquierda, mientras que el Partido Comunista culp¨® directamente a la ultraderecha y a la Central Nacional de Informaciones (CNI), la polic¨ªa secreta que tuvo el r¨¦gimen militar.

La ocasi¨®n y los blancos elegidos han despertado dudas sobre la autor¨ªa de los atentados, que permitieron a la oposici¨®n criticar al Gobierno por su incapacidad para ofrecer seguridad. El Ej¨¦rcito se ha apresurado en culpar a la ultraizquierda. Una incertidumbre semejante existe sobre el asesinato, hace dos semanas, de un m¨¦dico militar que perteneci¨® a la CNI y su esposa.

Las autoridades no descartan las hip¨®tesis del terror negro o rojo, en busca de desestabilizar la transici¨®n, que se encuentra en su momento crucial, despu¨¦s de la publicaci¨®n del informe. "El Gobierno no descansar¨¢ hasta aniquilar a los grupos extremistas y llevar a sus integrantes ante la justicia", declar¨® el ministro secretario general, Enrique Correa.

De forma inesperada, la principal fricci¨®n que ha provocado el informe y sus consecuencias no ha sido con el Ej¨¦rcito sino con la Corte Suprema. Mientras el jefe del Ej¨¦rcito, el general Augusto Pinochet, permanece en silencio sobre el hecho de que m¨¢s de 2.000 civiles murieran en manos de agentes del Estado cuando ¨¦l fue presidente, entre 1973 y 1990, el Consejo de Generales Retirados rechaz¨® el informe "como una verdad a medias".

M¨¦todos represivos

El trabajo de la comisi¨®n no s¨®lo objeta los m¨¦todos represivos de las Fuerzas Armadas chilenas. Tambi¨¦n critica al poder judicial y, en especial, a la Corte Suprema, cuya actitud durante el r¨¦gimen militar produjo "un agravamiento del proceso de violaciones a los derechos humanos". Si las Cortes hubieran actuado, "la muerte, la desaparici¨®n y la tortura se podr¨ªan haber evitado en much¨ªsimos casos", sostiene el informe. Pero la Corte Suprema se niega a admitir su responsabilidad.