Profesionales y sindicatos quieren controlar el uso de los datos informatizados

Varias asociaciones y entidades profesionales han creado la Comisi¨®n de Libertades e Inform¨¢tica (CLI), que tendr¨¢ como objetivo prioritario ejercer un control sobre el uso masivo por parte de las administraciones p¨²blicas y las empresas de los bancos de datos personales y de los sistemas de gesti¨®n informatizados. Esta comisi¨®n no gubernamental tratar¨¢ de influir en la futura legislaci¨®n espa?ola -existe un mandato constitucional en este sentido que todav¨ªa no se ha desarrollado acerca de la protecci¨®n de las personas respecto al uso abusivo de los datos informatizados.

Las entidades que han creado esta comisi¨®n pertenecen a sectores profesionales y sindicales entre los que se encuentran la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a (APDHE); Asociaci¨®n de T¨¦cnicos en Inform¨¢tica (ATI), Jueces para la Democracia; CCOO; UGT; Asociaci¨®n Catalana de Periodismo Cient¨ªfico (ACPC); la Asociaci¨®n Espa?ola de Inform¨¢tica y Autom¨¢tica (AEIA); la Asociaci¨®n Espa?ola de Usuarios de Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n (AESUTI) y la Asociaci¨®n Espa?ola de Empresas de Software (A-SOFT).El punto de partida de esta comisi¨®n es el convencimiento de que "el uso masivo de las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n introduce nuevas distorsiones en las relaciones entre los ciudadanos y los poderes p¨²blicos y privados. Por ello se hace necesarlo corregir esas distorsiones si se quiere mantener un m¨ªnimo equilibrio institucional y social que permita un efectivo ejercicio de la libertad individual y una mejor protecci¨®n de los ciudadanos frente al peso acumulado por los poderes".

"En Espa?a", se?alan los promotores, la pesar del mandato constitucional, nos hemos permitido permanecer 12 a?os sin dar respuesta legal a las exigencias del art¨ªculo 18.4 de la Constituci¨®n, y no podemos continuar m¨¢s tiempo sin solucionar los problemas que plantean las nuevas tecnolog¨ªas y sin desarrollar normativamentre su control jur¨ªdico". En la actualidad distintos organismos de la Administraci¨®n est¨¢n estudiando al menos tres borradores de ley org¨¢nica de protecci¨®n de datos. En uno de ellosse contempla la creaci¨®n de un comisario protector contra el abuso inform¨¢tico.Seg¨²n Antonio Farriols, de UGT, el objetivo b¨¢sico de la comisi¨®n CLI, que ser¨¢ presentada oficialmente en mayo, es ejercer un control sobre el uso de las nuevas tecnolog¨ªas en lo que afecta a la privacidad de las personas. "El plan de acci¨®n trazado para este a?o consiste en establecer mecanismos de cooperaci¨®n con los grupos parlamentarios, con el prop¨®sito fundamental de influir sobre la futura legislaci¨®n. Tambi¨¦n se mantendr¨¢n contactos con la oficina del Defensor del Pueblo y con organismos similares en las comunidades aut¨®nomas y, por supuesto, con los organismos y asociaciones europeas.

Datos del censo

Ram¨®n S¨¢ez, de la Asociaci¨®n Jueces para la Democracia, ha se?alado que en determinados casos los ciudadanos espa?oles est¨¢n desprotegidos ante el uso de sus datos personales, m¨¦dicos y bancarios. "Por ejerriplo", se?ala, "estos d¨ªas los ciudadanos est¨¢n rellenando los impresos del censo de poblaci¨®n; pues bien, la ley de la Funci¨®n Estad¨ªstica de 1989 no garantiza que haya un control de las actividades de esta funci¨®n y todos sabemos que la Administraci¨®n tiene poderosos medios inform¨¢ticos"."Por otra parte", a?ade S¨¢ez, "hay empresas privadas que acceden a archivos judiciales, a listas negras sobre morosos de bancos privados. Ante esto los jueces no tenemos ning¨²n mecanismo de control. S¨®lo est¨¢ protegido por la v¨ªade los hechos el secreto bancario. Adem¨¢s hay que defenderse de la inercia funcional del Estado que tiende a conocer y usar cada vez m¨¢s datos de los ciudadanos".

Luis Otero, de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos, explica que el derecho a la intimidad frente al uso de la inform¨¢tica es un derecho humano que est¨¢ amenazado. "As¨ª lo hemos entendido desde siempre en esta asociacion y por ello presentamos hace algunos a?os un texto de anteproyecto de ley de protecci¨®n de datos que entregamos a los grupos parlamentarios. Seguiremos luchando por la protecci¨®n de este derecho".Jull¨¢n Marcelo, de la Asociaci¨®n de T¨¦cnicos de Inform¨¢tica (ATI), rnanifiesta que Espa?a firm¨®, en 1982, el convenio del Consejo de Europa para la protecci¨®n de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de car¨¢cter personal. "Este convenio entr¨® en vigor en Espa?a en 1985, por lo que forma parte de hecho de la legislaci¨®n espa?ola. Adem¨¢s el acuerdo exigia que se hiciera una legislaci¨®n espa?ola al respecto. En 1984 hubo un intento de hacer una ley org¨¢nica sobre la privacidad de datos, pero los representantes de Interior y Hacienda paralizaron el anteproyecto.