?Hasta cu¨¢ndo con esta ley?

, MAR?A ?NGELES DOMMUEZ Y JUSTA MONTERO?Qu¨¦ m¨¢s necesita el Gobierno para plantear una nueva ley del aborto? ?A qu¨¦ estar¨¢ esperando? La pregunta no es ociosa si tenemos en cuenta las recientes declaraciones del ministro de Relaciones con las Cortes en las que anunciaba, sin el menor reparo, que el Gobierno no ten¨ªa a¨²n posici¨®n tomada y que cab¨ªa que optara por no introducir variaci¨®n alguna al actual texto legal. Como si le tuviera una extra?a querencia a la ley del aborto vigente desde 1985.

Cinco largos a?os han demostrado hasta la saciedad lo que ya el movimiento feminista vaticin¨® en cuanto tuvo conocimiento de la propuesta de ley del Gobierno: que no iba a solucionar el problema social del aborto en nuestro pa¨ªs. Se nos dijo que "era un problema de tiempo y que, al cabo de unos a?os, la bondad de la ley quedar¨ªa manifiesta". Los a?os transcurridos han demostrado justamente lo contrario de lo que auguraba el Gobierno. Por no cumplirse, ni siquiera se ha cumplido aquella promesa del presidente Gonz¨¢lez de que nadie ir¨ªa a la c¨¢rcel... Incluso el reciente indulto al ginec¨®logo Germ¨¢n S¨¢enz de Santamar¨ªa lleg¨® demasiado tarde. No pudo evita la bochornosa imagen -m¨¢s propia de una rancia pel¨ªcula sobre quinquis que de los informativos de televisi¨®n de 1991- del ginec¨®logo rodeado de polic¨ªas camino de la c¨¢rcel. Una imagen que ten¨ªa que haber sonrojado de verg¨¹enza al propio Gonz¨¢lez.

Objeci¨®n de conciencia

Las reiteradas peticiones del movimiento feminista para que se reconozca el derecho de las mujeres a abortar libremente y de forma gratuita en la red sanitaria p¨²blica han ca¨ªdo siempre en el saco roto gubernamental. Igual suerte ha corrido la constataci¨®n de que s¨®lo tres o cuatro de cada 100 mujeres que abortan pueden hacerlo en los centros sanitarios p¨²blicos. Y ello gracias a una legislaci¨®n que ampara la pr¨¢ctica de una m¨¢s que dudosa objeci¨®n de conciencia de una abrumadora mayor¨ªa del personal sanitario. Profesionales de la medicina entre quienes se encuentran m¨¦dicos que no le hacen ascos a practicar abortos en sus consultas privadas, previo pago de elevadas sumas de dinero.Tampoco el Gobierno parece sensible a las detenciones que se han sucedido en estos a?os de vigencia de la ley del aborto. Las irrupciones de la polic¨ªa en las cl¨ªnicas privadas legalmente acreditadas para la pr¨¢ctica de abortos han acabado siempre en el traslado a dependencias policiales o judiciales de mujeres que cre¨ªan estar amparadas por la ley, de personal sanitario de los centros y de historiales cl¨ªnicos que nunca deber¨ªan haber salido de las cl¨ªnicas.

Para nada ha hecho variar la posici¨®n del Gobierno socialista sobre su despenalizaci¨®n parcial del aborto que muchos de los procedimientos Judiciales incoados hayan acabado sentando en el banquillo de los acusados a mujeres y m¨¦dicos Como si de presuntos delincuentes se tratara. Igual suerte han corrido las sentencias condenatorias que se han dictado estos a?os por parte de magistrados que -conviene no olvidarlo- siempre se han escudado en el texto legal que permit¨ªa, y permite, esas interpretaciones, por muy restrictivas que sean. Cuando puso en sus manos la ley del aborto, el Gobierno no desconoc¨ªa el talante ideol¨®gico de la mayor¨ªa de los miembros de la judicatura de este pa¨ªs.

Una ley obsoleta

Por si todo lo anterior no fuera suficiente para emprender la reforma legislativa que la obsolescencia de la ley de despenalizaci¨®n parcial del aborto de 1985 viene pidiendo a gritos, acontecimientos de naturaleza muy diversa han venido a sumarse a los hasta aqu¨ª recordados.Hace ya 13 meses, una resoluci¨®n del Parlamento Europeo dec¨ªa: "Conviene combatir los nuevos casos de persecuci¨®n y condena de mujeres y m¨¦dicos que practican la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en pa¨ªses como Espa?a...".

Ese mismo mes de marzo, Matilde Fern¨¢ndez, ministra de Asuntos Sociales, aseguraba en Barcelona que el Gobierno iba a proceder inmediatamente a la ampliaci¨®n de la ley del aborto. Como en la canci¨®n, todo ello pronto "qued¨® en el olvido" para la ministra y para el resto del Gabinete. Bien es verdad que todav¨ªa resonaban los ecos de la campa?a impulsada por el movimierito feminista contra el juicio de Pamplona -el primero por un aborto legal realizado en un hospital del Insalud-, momentos en los que menudearon las declaraciones de conocidas militantes del PSOE a favor, incluso, de una ley de plazos para dar salida a una situaci¨®n totalmerite insostenible.

El pasado mes de octubre, por iniciativa de la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Espa?ol, un manifiesto por la normalizaci¨®n del derecho al aborto -que fue publicado en numerosos medios de: prensa diaria- recog¨ªa el apoyo de fuerzas pol¨ªticas, organizaciones profesionales, sociales, sindicales, etc¨¦tera, a la exigencia urgen te de una nueva ley del aborto que reconociera el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupci¨®n de embarazos no desea dos, gratuitamente en la sanidad p¨²blica.

Nuevo C¨®digo Penal

A los pocos d¨ªas se hac¨ªa p¨²blica la constituci¨®n de la Coordinadora C¨ªvica por el Derecho al Aborto -amplia plataforma auspiciada por la Comisi¨®n Pro Derecho al Aborto-, que, entre otras actividades, ha jugado un papel fundamental en la consecuci¨®n de los dos indultos del Gobierno (a Mois¨¦s Corrales, en febrero, y a Germ¨¢n S¨¢enz de Santamar¨ªa, hace unos d¨ªas). A su exigencia urgente de cambio legislativo, el Gobierno sigue haciendo o¨ªdos sordos.Y llegamos, finalmente, al reciente informe de la Fiscal¨ªa General del Estado que contiene duras cr¨ªticas a la legalidad vigente en materia de aborto, se?ala los estrechos l¨ªmites de la ley y destaca su inadecuaci¨®n a las actuales necesidades sociales. El informe concluye planteando la necesidad de ampliar la ley actual. En sus ¨²ltimas actuaciones, el propio fiscal general ha vuelto a dejar clara su posici¨®n favorable a dicha ampliaci¨®n. Si a todo ello a?adimos las reiteradas declaraciones de entidades del prestigio de la asociaci¨®n Jueces para la Democracia o la Uni¨®n Progresista de Fiscales, se nos va cerrando el c¨ªrculo de posibles respuestas a los interrogantes con los que inici¨¢bamos este art¨ªculo. ?Ser¨¢ que el Gobierno a quienes realmente est¨¢ teniendo en cuenta para no modificar ni un ¨¢pice su ley es, una vez m¨¢s, a los declarados enemigos del derecho de las mujeres a abortar? Las buenas relaciones cori el Vaticano, o el consenso con la derecha con vistas a otros asuntos del nuevo C¨®digo Pena? ?pasar¨¢n por delante de la deferisa de la libertad de las mujeres a una maternidad deseada? ?Hasta cu¨¢ndo seguir¨¢ el Gobierno jugando a mantener con una mano una ley que permite a Jueces reaccionarlos dictar sentencias condenatorias, mientras con la otra concede indultos que permiten no cumplir esas misrnas sentencias? (Aunque ocurra, como ahora, que a esos jueces se les atragante un indultoy el indultado vuelva nuevamente a prisi¨®n bajo el imperio de la ley y de quienes la administran).