Cuesti¨®n de pactos

LA BATALLA de los preavisos y la a¨²n no concluida del recuento de actas electorales no han logrado romper la renovada tradici¨®n sindical, reiniciada por UGT y CC OO en 1989 tras varios a?os de ruptura, de conmemorar conjuntamente el Primero de Mayo. Sin embargo, las excepciones habidas en cuatro comunidades aut¨®nomas ponen de manifiesto c¨®mo las heridas dejadas por la pugna electoral imposibilitan el total acercamiento sindical incluso en esa fecha.La manifestaci¨®n unitaria de los dos grandes sindicatos en Madrid ha servido para que sus l¨ªderes, Nicol¨¢s Redondo y Antonio Guti¨¦rrez, minimizaran las discrepancias electorales por la hegemon¨ªa sindical ante la superior exigencia de la unidad de acci¨®n frente a los grandes retos con que se enfrentan sus respectivas organizaciones. La l¨®gica de los intereses de todos los trabajadores empuja al mantenimiento de la unidad de acci¨®n sindical, sobre todo en un periodo tan crucial como el previo a la entrada en vigor del Acta ?nica Europea. Pero no est¨¢ claro que los aparatos sindicales asuman tambi¨¦n esta l¨®gica o no la supediten, llegado el caso, a objetivos de prestigio tan discutibles como el que deja traslucir la batalla de los delegados. ?Qu¨¦ m¨¢s da que la primera central sea UGT o CC OO, si ambas, salvo en el Pa¨ªs Vasco, son hegem¨®nicas y ning¨²n delegado de m¨¢s o de menos va a modificar tal situaci¨®n?

Disputas de esta naturaleza no deben sobreponerse al an¨¢lisis de los verdaderos problemas laborales o a la consecuci¨®n de sus objetivos reivindicativos. No es f¨¢cil que, divididas, las dos grandes opciones sindicales pueden afrontar con un m¨ªnimo de ¨¦xito cuestiones tan arduas como la precarizaci¨®n del empleo, la discusi¨®n de la Plataforma Sindical Prioritaria (PSP) o el pacto de competitividad que el Gobierno propone y que el mercado ¨²nico europeo, de una u otra forma, impone. Ser¨ªa realmente irresponsable movilizar a los trabajadores en pos de tales objetivos y luego no hacer todo lo necesario para conseguirlos.

El recurso sistem¨¢tico a la huelga -y ello ocurre con especial proclividad en los sectores relacionados con los servicios p¨²blicos- no puede dejar de interpretarse socialmente como un s¨ªntoma de incapacidad negociadora, lo que, a su vez, plantea a sindicatos y patronal un serio problema de protagonismo social y distanciamiento, en ocasiones por saturaci¨®n, de los ciudadanos, agravado especialmente en los casos en que son desbordados por agrupaciones sindicales de car¨¢cter gremial y corporativo. Justo es reconocer que los dos sindicatos mayoritarios han realizado notables avances en la soluci¨®n de este problema, pero huelgas como la actual de las gasolineras muestran que queda mucho trecho por recorrer.

El Gobierno no ha dejado de insistir, con matizaciones diversas, en el pacto de competitividad como eje de su pol¨ªtica en el pr¨®ximo periodo. Hace unos meses, el ministro de Hacienda admiti¨®, y lo volvi¨® a confirmar recientemente, que, adem¨¢s de la moderaci¨®n salarial, tal pacto podr¨ªa contemplar medidas de distribuci¨®n (o reasignaci¨®n) de los excedentes empresariales -en el fondo, de moderaci¨®n de los beneficios-, as¨ª como otras relacionadas con la sanidad y la vivienda, de acuerdo con el planteamiento de la Plataforma Sindical Prioritaria. La inminente aprobaci¨®n por el Ejecutivo de un plan de financiaci¨®n de la adquisici¨®n de viviendas y la reforma de la legislaci¨®n sobre alquileres pueden ayudar a la consecuci¨®n del acuerdo. Es comprensible la prevenci¨®n sindical ante un pacto presentado reiteradamente como instrumento de control salarial. Pero los problemas que plantea son demasiado trascendentes para la vida de los espa?oles como para obviar su discusi¨®n.