Fiscales progresistas piden una ley de plazos para la interrupci¨®n del embarazo

La Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), reunida en Palma de Mallorca en su sexto congreso, contradijo ayer el criterio del ministro de Justicia, Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo, seg¨²n el cual el Tribunal Constitucional no admite una ley de plazos para el aborto. En cambio, aval¨® la iniciativa de Justicia de impedir la acci¨®n popular en los delitos de aborto, del mismo modo que las asociaciones feministas o en defensa de la libertad sexual no pueden querellarse contra los violadores.

Frente a la tesis de Quadra Salcedo sobre las dificultades jur¨ªdicas para establecer una ley de plazos, la fiscal ponente de este tema, Teresa Gisbert, recuerda que el Tribunal Constitucional admiti¨® la protecci¨®n del feto, pero dio preferencia a "valores constitucionales de muy relevante significaci¨®n, como la vida y dignidad de la mujer".Gisbert propugna una ley de plazos que despenalice el aborto durante las 12 primeras semanas de gestaci¨®n y razona que, desde el punto de vista pr¨¢ctico, tal soluci¨®n evitar¨¢ el protagonismo de los m¨¦dicos en los actuales supuestos despenalizados, o el de las asistentes sociales, como ocurrir¨ªa en el caso del supuesto socio-econ¨®mico.

Asimismo, la Uni¨®n Progresista de Fiscales estima que el Estado debe garantizar el aborto gratuito y en la Seguridad Social y para ello debe regular adecuadamente las especialidades m¨¦dicas, de modo que un facultativo que objete la realizaci¨®n de abortos quede excluido de un puesto de ginec¨®logo en la Seguridad Social.

Sobre la iniciativa del ministro de Justicia de eliminar la acci¨®n popular en los delitos de aborto (v¨¦ase EL PA?S de ayer), Teresa Gisbert declar¨® a este peri¨®dico: "Me parece oportuno, y para eso basta con estimar el aborto un delito privado, como la violaci¨®n. No tiene sentido que las asociaciones pro-vida puedan querellarse por abortos, mientras los colectivos feministas o que defienden la libertad sexual no puedan presentar querellas contra los violadores".

Ley de seguridad

Por otro lado, Mar¨ªa de los ?ngeles Garc¨ªa, presidenta de la UPF, consider¨® "satisfactoria y esperanzadora" la falta de acuerdo del ministro de Justicia con el proyecto de ley de seguridad ciudadana que el ministro del Interior quer¨ªa que asumiera el Consejo de Ministros de ayer. Garc¨ªa estim¨® "inconcebible que semejante dislate se lleve a cabo por el Partido Socialista contra las opiniones de las fuerzas progresistas e incluso con la oposici¨®n de la derecha".

La presidenta de la UPF evalu¨® como "grav¨ªsimo dejar al arbitrio policial el derecho constitucional a la inviolabilidad de domicilio", que pretende el texto de Interior. Otro extremo de la futura ley que cree preocupante es el que prev¨¦ la conducci¨®n a comisar¨ªa de quienes no lleven el DNI. Garc¨ªa considera que tal precepto vulnerar¨ªa el derecho a la libertad establecido en el art¨ªculo 17.2 de la Constituci¨®n.

Sobre el proyecto de ley org¨¢nica que extiende a gran parte de la parte pol¨ªtica, eclesi¨¢stica y militar el privilegio de declarar ante el juez por escrito, Garc¨ªa insisti¨® en que las pretendidas excepciones al principio de oralidad de los testigos, son "desmesuradas". y significan una "manifestaci¨®n de los fueros y desafueros" que se otorgan los pol¨ªticos.