Un fiscal imparcial, garant¨ªa de justicia

El autor rechaza que el Ministerio Fiscal est¨¦ sometido a la subordinaci¨®n del poder pol¨ªtico del momento. El congreso de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, celebrado en Palma, ha exigido transparencia en el funcionamiento interno del Ministerio Fiscal y ha denunciado las insuficiencias de la pol¨ªtica gubernamental respecto del Ministerio Fiscal en cuanto deteriora la instituci¨®n.

El lema del congreso anual de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) ha sido el de "asegurar nuestra imparcialidad".Cuando sigue afirm¨¢ndose con notable ligereza y falta de rigor que el fiscal "depende del Poder Ejecutivo" (ver EL PA?S 14-5-91, p¨¢gina 34), es profundamente positivo y esclarecedor para todos los ciudadanos conocer como ejercen y enfocan su funci¨®n un grupo de fiscales. En primer lugar, afirman, rotundamente - por obvio que parezca- que el Ministerio Fiscal no depende del Poder Ejecutivo Por m¨¢s que ciertamente, act¨²e bajo la suprema direcci¨®n del Fiscal General del Estado y, en un escal¨®n intermedio, de los fiscales jefes. Pero esta relaci¨®n, planteada por la Constituci¨®n y ejercida en el marco del Estado Democr¨¢tico, es perfectamente compatible con el ejercicio aut¨®nomo y responsable de la funci¨®n confiada a cada fiscal, que se concreta, esencialmente, en, la defensa de los derechos de los ciudadanos a trav¨¦s de la persecuci¨®n del delito y la protecci¨®n de las v¨ªctimas.

La prueba de ello es que el fiscal puede oponerse legalmente a las ¨®rdenes del superior, discutiendo y poniendo a prueba la licitud o la procedencia de las mismas, instrumento que permite conocer si la direcci¨®n del Ministerio Fiscal se produce conforme al estricto principi¨® de legalidad; es un procedimiento vivo para contrastar la aplicaci¨®n y la fidelidad del Ministerio Fiscal a los principios constitucionales. Naturalmente puede haber desviaciones en el desarrollo de este principio institucional, pero, igualmente, la afirmaci¨®n de que los jueces con independientes -concepto siempre mult¨ªvoco no excluye que en ciertas interpretaciones legales y resoluciones puedan obrar movidos por criterios que, objetivamente, expresen un parti pris ideol¨®gico y social, por m¨¢s que nadie les ordene nada expresamente. Sin embargo, salvo excepciones, suelen estar a cubierto de toda cr¨ªtica bajo el cl¨¢sico manto de la independencia judicial, principio que en ciertas ocasiones sirve, adem¨¢s, para ocultar pasividad e ineficacia.

Pero parece que no basta. Constantemente surgen voces, dentro y fuera de la Magistratura, que llevan a una f¨¢cil descalificaci¨®n del Ministerio Fiscal como una instituci¨®n, sumida en una permanente sospecha de entreguismo al Gobierno de turno.

La historia podr¨ªa justificar, sin duda, este juicio negativo, particul¨¢rmente durante la dictadura, pero tampoco escapar¨ªa del mismo el propio poder judicial pese a su siempre proclama da independencia. Ahora ya no puede seguir plante¨¢ndose la cuesti¨®n en los mismos t¨¦rminos.

En efecto, el Fiscal act¨²a bajo criterios, entendidos democr¨¢ticamente, de unidad y jerarqu¨ªa para garantizar la eficacia de su misi¨®n constitucional. Pero tambi¨¦n est¨¢ obligado a actuar con imparcialidad, es decir, con objetividad y rechazando de plano cualquier clase de influencias o presiones. Porque, finalmente, s¨®lo se debe a la Ley y a la defensa deI inter¨¦s p¨²blico y social y, en particular, de los derechos de los ciudadanos y grupos sociales m¨¢s indefensos.

As¨ª se ha expresado en Palma de Mallorca en las propuestas de reformas legales sobre una amplia despenalizaci¨®n de la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo, la defensa del medio ambiente, etc¨¦tera.

Puede que alguien dude de ello pero, en todo caso, esa duda, m¨¢s all¨¢ de los grandes principios, deber¨ªa mantenerse por igual respecto de la funci¨®n judicial porque todos -jueces y fiscales- formamos partes de una sociedad de clases e ideol¨®gicamente plural, con los condicionamientos que ello conlleva, en la que debe mostrarse d¨ªa a d¨ªa, procedimiento a procedimiento, qu¨¦ se obra independientemente, sobre todo cuando se resuelven cuestiones relacionadas con el poder econ¨®mico y pol¨ªtico.

El futuro del fiscal

Desde esta posici¨®n realista los fiscales reunidos en Palma han hablado en sus conclusiones, en t¨¦rminos que est¨¢n muy lejos de esta pretendida subordinaci¨®n del Ministerio Fiscal al Poder Ejecutivo, de "compromiso social del fiscal en la defensa de los valores democr¨¢ticos", del control y vigilancia de la acci¨®n de las administraciones p¨²blicas -con plena independencia de ¨¦stas-, han exigido transparencia en ¨¦l funcionamiento interno del Ministerio Fiscal y han denunciado las insuficiencias de la pol¨ªtica gubornamental, respecto del Ministerio Fiscal -pocos fiscales y, en general, con escasos medios- en cuanto vac¨ªa y deteriora la instituci¨®n, reduce su capacidad de acci¨®n y de iniciativa en la investigaci¨®n de oficio de ciertos delitos socioecon¨®micos y, como consecuencia de ello, reproduzco textualmente: "...los ciudadanos indefensos quedan a¨²n m¨¢s desvalidos y se favorecen indirectamente los abusos del poder pol¨ªtico y social".

Pero m¨¢s all¨¢ de las palabras y las aspiraciones m¨¢s inmediatas, lo que esa reuni¨®n ha expresado es la voluntad de caminar hac¨ªa un modelo de Ministerio Fiscal, constitucionalista, que no quiere m¨¢s compromiso que con el Estado Democr¨¢tico y con todos los ciudadanos, especialmente con los m¨¢s desvalidos. Y que aceptando plenamente, sin complejos su estatuto profesional y, por tanto, sin apelar a la independencia como si fuera ¨¦l ¨²nico criterio legitimador, afirman que su posici¨®n activa y din¨¢mica en el Estado, como promotor objetivo de la justicia, es una garant¨ªa para la construcci¨®n del Estado Social del Derecho y para edificar la democracia avanzada.

Pero la ejecuci¨®n de este proyecto no s¨®lo depende de los fiscales. Depende tambi¨¦n de quienes legislan, cuando definan legalmente el futuro del fiscal, sus funciones en el campo de la investigaci¨®n penal -que tan infundados recelos suscita- y las garant¨ªas de su funcionamiento, armonizando la unidad y cohesi¨®n interna con criterios democr¨¢ticos, y, c¨®mo no, de quienes gobiernan, en cuanto condicional b¨¢sicamente la actuaci¨®n del Ministerio Fiscal a trav¨¦s de la correspondiente pol¨ªtica presupuestaria.

Los fiscales reunidos en Palma de Mallorca y el Ministerio Fiscal esperan y conf¨ªan disponer de los instrumentos legales y los recursos necesarios para ejercer m¨¢s eficazmente sus funciones, para superar, en estrecha cooperaci¨®n con los jueces y, sin m¨¢s demora, los fallos cr¨®nicos de la Administraci¨®n de Justicia, y merecer, si es todav¨ªa posible, la confianza de los ciudadanos.

Ser¨ªa una prueba de que, en efecto, sus intereses y derechos son debidamente tutelados.

es fiscal jefe del Tribunal Superior de Catalu?a.