Dos a?os despu¨¦s

EL PR?XIMO mi¨¦rcoles d¨ªa 19 se cumplir¨¢n dos a?os de la incorporaci¨®n de la peseta al Sistema Monetario Europeo (SME). Una decisi¨®n de gran trascendencia que aument¨® la credibilidad de la vocaci¨®n antiinflacionista de las autoridades espa?olas al tiempo que mostraba claramente las limitaciones de la pol¨ªtica monetaria, ¨²nica decididamente coherente con ese empe?o.El compromiso de limitar la fluctuaci¨®n del tipo de cambio de nuestra moneda frente a las m¨¢s importantes de la Comunidad obligaba a diversificar las actuaciones para conseguir una tasa de inflaci¨®n m¨¢s pr¨®xima a la de aquellos pa¨ªses, como Alemania y Francia, con m¨¢s peso espec¨ªfico en ese acuerdo cambiarlo. Es decir, hab¨ªa llegado la hora de la pol¨ªtica presupuestaria y, muy especialmente, de las actuaciones sobre aquellos sectores econ¨®micos cuyas deficiencias estructurales y la ausencia de competencia exterior amparaban una inflaci¨®n muy superior a la del resto de la econom¨ªa.

Pero, lejos de instrumentarse ese relevo, la pol¨ªtica monetaria sigui¨® constituyendo la ¨²nica terapia antiinflacionista, reforzada en sus pretensiones por la aplicaci¨®n, desde julio de 1989, de excepcionales medidas de racionamiento crediticio. El resultado no pod¨ªa ser otro que el mantenimiento de tipos de inter¨¦s sobre los activos financieros en pesetas significativamente superiores a los del resto de los pa¨ªses del SME, que hicieron de la peseta la moneda m¨¢s fuerte de Europa. Menos evidente ha sido, sin embargo, la reducci¨®n de la inflaci¨®n o su convergencia con la del n¨²cleo fundamental del mencionado Sistema Monetario Europeo; las variaciones del ¨ªndice de precios al consumo (IPC) en los ¨²ltimos meses dan sobrada prueba de ello al tiempo que ponen de manifiesto las dificultades para alcanzar la tasa prevista por el Gobierno al t¨¦rmino de este a?o.

El reconocimiento expreso de esas limitaciones de la pol¨ªtica monetaria, la necesidad de aproximar en mayor medida nuestros tipos de inter¨¦s a los vigentes en Europa, de reducir las perturbaciones introducidas por nuestra moneda en la disciplina del SME y, en definitiva, la persistencia de una tasa de inflaci¨®n fuertemente condicionada por las variaciones en los precios de esos sectores protegidos de la competencia exterior han determinado la elaboraci¨®n de ese plan de competitividad que el Gobierno ha presentado esta semana en el Congreso. Una respuesta no por tard¨ªa menos necesaria para dotar a la econom¨ªa espa?ola de las condiciones de competencia que minimicen el impacto del mercado ¨²nico y le permitan asumir la transici¨®n a la uni¨®n econ¨®mica y monetaria en condiciones similares y al mismo ritmo que el de los pa¨ªses centrales de la CE. De ah¨ª que sorprenda el modo de proponer una negociaci¨®n necesaria con expresas amenazas impositivas en el caso de no ser aceptada.

De los dos bloques claramente diferenciados en que se articulan las propuestas de ese plan, las destinadas a moderar el crecimiento de los salarios y la distribuci¨®n de los beneficios empresariales hacen aconsejable la existencia de un acuerdo con los respectivos agentes perceptores de las mismas. Limitar el crecimiento de los salarios nominales y de los costes laborales unitarios a las correspondientes variaciones de los pa¨ªses con los que competimos es un prop¨®sito razonable, tanto m¨¢s si quedan garantizados mecanismos de revisi¨®n de esas rentas que eviten el deterioro de su capacidad adquisitiva al que una inflaci¨®n excesiva pueda someterlos. Su importancia en la contenci¨®n de la inflaci¨®n y el esfuerzo relativo de sus perceptores no es equiparable a las limitaciones que puedan establecerse sobre la distribuci¨®n de dividendos, m¨¢s a¨²n si ¨¦stas se apoyan en incentivos fiscales.

Esa vinculaci¨®n entre salarios reales y productividad que el Gobierno propone no ser¨ªa, en cualquier caso, la ¨²nica garant¨ªa de la competitividad pretendida. Lamentablemente, la capacidad de las empresas espa?olas para competir con las de los pa¨ªses con los que se pretende estrechar el diferencial de inflaci¨®n est¨¢ ampliamente condicionada por no pocas deficiencias b¨¢sicas en el funcionamiento de nuestro sistema econ¨®mico; su eliminaci¨®n no depende tanto de las variaciones de los salarios ni de las rigideces del mercado de trabajo como de la voluntad de las autoridades econ¨®micas por afrontar actuaciones m¨¢s particularizadas sectorialmente, menos vistosas y c¨®modas que las pol¨ªticas de demanda hasta ahora ensayadas. Una conclusi¨®n, en definitiva, no muy distinta a la que se pod¨ªa haber alcanzado hace dos a?os y, en todo caso, necesaria entonces para asumir esa homologaci¨®n con todas las consecuencias de pol¨ªtica econ¨®mica asociadas a la misma.