Tres semanas y media

ES DIF?CIL cuestionar la necesidad de disponer de una estrategia frente al desafilo del mercado interior europeo y el proceso de uni¨®n econ¨®mica y monetaria (UEM). Tambi¨¦n es incomprensible dudar de la trascendencia que para la econom¨ªa espa?ola y, en definitiva, para el bienestar de los ciudadanos tiene la incorporaci¨®n de nuestro pa¨ªs a esas nuevas reglas del juego. La convergencia de nuestra econom¨ªa con las m¨¢s importantes de la CE constituye una exigencia ineludible para que aqu¨¦lla pueda beneficiarse de pertenecer, con todas las consecuencias, a la Europa de los Doce; su estabilidad y la credibilidad de la pol¨ªtica econ¨®mica son condiciones b¨¢sicas para esa plena integraci¨®n.En los a?os transcurridos desde la incorporaci¨®n de Espa?a a la CE, el camino recorrido ha sido manifiesto, aunque insuficiente: nuestra tasa de inflaci¨®n, m¨¢s elevada que la de los pa¨ªses centrales de la CE, constituye uno de los exponentes m¨¢s elocuentes de esa distancia que es necesario acortar; pero tambi¨¦n lo son la deficiente calidad de nuestros servicios p¨²blicos, de nuestras infraestructuras, de nuestra ense?anza e investigaci¨®n, de la sanidad, de los usos y costumbres de la Administraci¨®n, entre otros. Esas limitaciones cercenan la capacidad de competencia exterior de las empresas espa?olas, incorporando costes innecesarios, inexistentes o menores en aquellos pa¨ªses comunitarios utilizados como referencia.

La capacidad de competir es imprescindible si no se quiere entrar en la Europa unida en el pelot¨®n de los m¨¢s rezagados. Para ello, el Gobierno ha establecido la necesidad de un pacto con los agentes econ¨®micos y sociales, siguiendo ese viejo principio de que en democracia es m¨¢s eficaz y m¨¢s satisfactorio cambiar la sociedad por acuerdo que por decreto. Lamentablemente, lo ha hecho tarde, y las prisas agudizan las contradicciones. El documento en que el Ejecutivo concret¨® la oferta de pacto social para el periodo de 1992-1994 incorpora dos grandes l¨ªneas de actuaci¨®n: pol¨ªtica de rentas y reformas estructurales.

Respecto a la primera, se trata de analizar las decisiones de los distintos agentes econ¨®micos sobre consumo, inversi¨®n, precios y salarios con el fin de que garanticen un crecimiento equilibrado de la econom¨ªa; la evoluci¨®n de los salarios nominales y de los costes laborales unitarios es, sin duda, un factor de primer orden, aunque en modo alguno exclusivo para alcanzar una tasa de crecimiento real de la econom¨ªa suficiente para la generaci¨®n de empleo. La disposici¨®n del ministro de Econom¨ªa a introducir una cl¨¢usula universal de revisi¨®n mediante la que se garantice un crecimiento de los salarios un punto y medio o dos puntos porcentuales por encima de la inflaci¨®n es una oferta estimable y s¨®lo comprensible sobre la base de que el Gobierno est¨¢ convencido de que pueden obtenerse mejoras sustanciales en la competitividad exterior de las empresas espa?olas con actuaciones distintas a la mera contenci¨®n de los salarios. La virtualidad de las actuaciones sobre los beneficios empresariales, orientadas al fomento de su reinversi¨®n, depender¨¢n en ¨²ltima instancia de los incentivos ofrecidos como contrapartida y del grado de vinculaci¨®n que se establezca como destino de esos excedentes.

Pero en una perspectiva de medio plazo, son las pol¨ªticas destinadas a eliminar las ineficiencias estructurales de algunos sectores las que incidan en mayor medida sobre la competitividad de nuestra econom¨ªa. La mejora de la organizaci¨®n y gesti¨®n empresarial, de la formaci¨®n profesional, de la capacidad de innovaci¨®n de las empresas son tan importantes como la necesidad de garantizar comportamientos m¨¢s competitivos en numerosas ramas del sector servicios. La actuaci¨®n del Gobierno en este ¨¢mbito ha de ser significativa y, en todo caso, m¨¢s evidente que la mostrada en estos ¨²ltimos a?os.

Para la aplicaci¨®n de un plan como el propuesto por el Gobierno no es estrictamente necesaria la institucionalizaci¨®n del consenso entre los agentes econ¨®micos y sociales que ahora se procura. Su consecuci¨®n, sin embargo, introducir¨ªa las condiciones necesarias, aunque en modo alguno suficientes, para que esta nueva transici¨®n de la econom¨ªa espa?ola se lleve a cabo con la estabilidad y aceptaci¨®n que el bienestar de la mayor¨ªa requiere. Es en estas tres semanas y media que se han dado de plazo las partes para llevar a cabo la negociaci¨®n cuando los ciudadanos espa?oles tendr¨¢n ocasi¨®n de contemplar la prioridad que esos grupos otorgan al futuro del pa¨ªs en general o, por el contrario, el grado de corporativivismo de sus actuaciones.