Un juez del Supremo acusa a la Administraci¨®n de permitir la contaminaci¨®n y cobrar por ello

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Jos¨¦ Augusto de Vega Ruiz, asegura que la realidad en Espa?a con respecto al control de los desechos "es desalentadora". Durante una conferencia pronunciada en los Cursos de Verano Universidad-Empresa el pasado viernes en Madrid, el juez afirm¨® que las administraciones p¨²blicas no s¨®lo no evitan los vertidos de las industrias, sino que en muchos casos los permiten a cambio del cobro de c¨¢nones de vertido o de contaminaci¨®n. "La Administraci¨®n obtiene ingresos p¨²blicos por autorizar vertidos contaminantes que deterioran el medio ambiente, por lo que existe una responsabilidad patrimonial por su parte", afirma De Vega Ruiz.Este magistrado considera que es urgente una ley general del medio ambiente que no una el delito ecol¨®gico al da?o para la salud p¨²blica. Tambi¨¦n sostiene que la protecci¨®n del medio ambiente en Espa?a es "parcial e insuficiente, porque no tiene en cuenta la explotaci¨®n irracional de los recursos naturales". La Ley de Aguas, por ejemplo, proh¨ªbe efectuar vertidos de residuos que contaminen los cauces, pero en la realidad se permite esa situaci¨®n.

Para este juez del Supremo, la regulaci¨®n del delito ecol¨®gico, contemplada en el art¨ªculo 347 bis del C¨®digo Penal, es poco rigurosa. Partidario de una ley general del medio ambiente que recoja todos los aspectos relacionados con la seguridad nuclear y las emisiones radiactivas, considera "un¨¢nime la idea de que la protecci¨®n penal del medio ambiente es una necesidad urgente".

En su opini¨®n, el borrador de anteproyecto elaborado con vistas a esa reforma arranca de tres principios: acomodar la legislaci¨®n espa?ola a la comunitaria, dotar al delito ecol¨®gico de rigor para que no tenga que apoyarse en otras normas, y huir del concepto "peligro para la salud p¨²blica" como definidor del delito, "porque sin afectar a la salud p¨²blica se puede hacer un grave da?o al medio ambiente".

El magistrado De Vega Ruiz admite que en Espa?a se han interpuesto en los ¨²ltimos a?os m¨¢s de 54.000 denuncias como supuesto delito ecol¨®gico. Resalta que los fiscales est¨¢n desmotivados para perseguir este tipo de infracci¨®n penal debido a la falta de iniciativas pol¨ªticas y las resoluciones contradictorias de unos tribunales a otros.

Sin pruebas

"Muchos delitos no pueden ser probados porque no se reconocen las pruebas presentadas, sobre todo por falta de jurisprudencia. Un caso significativo fue la sentencia de la central t¨¦rmica de Cercs, en Barcelona. Las emisiones contaminantes produjeron un da?o catastr¨®fico sobre 30.000 hect¨¢reas de bosque en la comarca del Bergued¨¢, pero se anul¨® la sentencia porque se dijo que esas emanaciones no afectaban a la salud de las personas", se?ala.

Seg¨²n De Vega Ruiz, la actitud entre los juristas es de insatisfacci¨®n total por la situaci¨®n legal que se contempla en el ¨¢mbito del delito medioambiental. "Los fiscales han planteado ya en varias ocasiones que quieren impartir justicia en relaci¨®n con los delitos que se cometen contra el medio ambiente. Hay que favorecer el ejercicio de acciones p¨²blicas a trav¨¦s del Defensor del Pueblo y de los fiscales. En el Supremo hay s¨®lo una sentencia dictada sobre delito ecol¨®gico".

El borrador del anteproyecto de ley, en el que ha participado este magistrado, contempla multas de hasta 100 millones de pesetas y penas de prisi¨®n menor para aquellos que desobedezcan las ¨®rdenes de las autoridades en materia industrial, aporten informaciones falsas sobre las actividades industriales o entorpezcan la labor inspectora.