La JEP imputa cr¨ªmenes de guerra y lesa humanidad a cuatro generales por los ¡®falsos positivos¡¯ en Antioquia

El sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz en Colombia avanza en uno de sus casos m¨¢s emblem¨¢ticos. La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los hechos m¨¢s graves ocurridos en el marco del conflicto armado, ha imputado este mi¨¦rcoles cr¨ªmenes de guerra y lesa humanidad a cuatro generales del Ej¨¦rcito por su responsabilidad en m¨¢s de 400 asesinatos en Antioquia, como parte del proceso por los llamados falsos positivos, el eufemismo con el que se conocen los civiles asesinados por militares para hacerlos pasar como guerrilleros ca¨ªdos en combate.

?scar Enrique Gonz¨¢lez, Luis Roberto Pico, Jorge Ernesto Rodr¨ªguez y Juan Carlos Piza, los cuatro generales imputados, fueron comandantes sucesivos entre los a?os 2004 y 2007 de la Cuarta Brigada, que antes hab¨ªa estado encabezada por el general Mario Montoya en el departamento que concentra una cuarta parte de los m¨¢s de 6.400 casos documentados en todo el pa¨ªs. El tribunal de paz ya hab¨ªa determinado para los a?os 2002 y 2003 una pol¨ªtica de facto de conteo de cuerpos liderada en su momento por Montoya, previamente imputado por cr¨ªmenes de guerra y lesa humanidad en esos a?os. Despu¨¦s fue comandante de la S¨¦ptima Divisi¨®n, y en 2006 lleg¨® a ser comandante del Ej¨¦rcito Nacional ¨Dcomo tambi¨¦n lo fue Gonz¨¢lez despu¨¦s¨D. En su d¨ªa, Montoya ped¨ªa ¡°litros de sangre¡± en los programas radiales con los que se comunicaba con sus hombres. Una pr¨¢ctica que se prolong¨® en el tiempo, con matices. A los generales no les serv¨ªan las capturas sino las bajas. El auto de este mi¨¦rcoles determina que esa pol¨ªtica se arraig¨®, fortaleci¨® y extendi¨® en Antioquia. Ese ba?o de sangre a manos del Ej¨¦rcito se repiti¨® a lo largo y ancho del pa¨ªs.

Lo que comenz¨® como un fen¨®meno localizado en el oriente del departamento, se extendi¨® a partir del 2004 tanto en el Valle de Aburr¨¢ y en Medell¨ªn como en el norte, nordeste y otros territorios antioque?os. La pol¨ªtica de conteo de cuerpos desata lo que la JEP califica como un ¡°patr¨®n macrocriminal¡± en el que al menos 434 personas ¨Didentificadas con nombre, apellido, fecha y lugar de ejecuci¨®n¨D fueron asesinadas por miembros de seis batallones de la Cuarta Brigada, en su momento la m¨¢s importante del pa¨ªs. Al Batall¨®n de Artiller¨ªa No. 4 Jorge Eduardo S¨¢nchez, conocido como el BAJES, que concentra la inmensa mayor¨ªa de los cr¨ªmenes en los a?os 2002 y 2003, le comienzan a competir otros batallones por el primer lugar en bajas en los a?os 2004, 2005, 2006 y 2007, los m¨¢s cr¨ªticos, seg¨²n ha detallado la magistrada Catalina D¨ªaz. Ella es una de las encargadas del macrocaso 03, que investiga los asesinatos ileg¨ªtimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

La pol¨ªtica de facto de conteo de cuerpos queda evidenciada en las investigaciones del tribunal de paz. Aunque no est¨¢ consignada en ning¨²n decreto o documento, los cuerpos se convirtieron en el indicador principal del ¨¦xito del esfuerzo militar. La eficacia de los militares se med¨ªa en n¨²mero de bajas, como demuestran las pesquisas. Los comandantes promovieron una competencia feroz entre los batallones para ocupar los primeros lugares, pues significaban beneficios espec¨ªficos como ascensos, permisos, comisiones al exterior o condecoraciones. Por el contrario, las unidades que no presentaban bajas eran estigmatizadas y sus miembros amenazados. Esa combinaci¨®n, explican los investigadores, desat¨® lo que llaman el patr¨®n macrocriminal de las ejecuciones. A pesar de las m¨²ltiples advertencias, no hubo ninguna correcci¨®n. Por el contrario, los mandos militares acusaron a las organizaciones de la sociedad civil que denunciaban los casos de ser ¡°idiotas ¨²tiles¡± del terrorismo.

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Subcaso Antioquia

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicci¨®n document¨® cuatro modalidades del fen¨®meno en Antioquia. La primera consisti¨® en el asesinato de civiles previamente se?alados arbitrariamente de ser milicianos, auxiliadores o integrantes de las guerrillas, sin verificaci¨®n m¨ªnima de informaci¨®n; en su inmensa mayor¨ªa eran campesinos del oriente antioque?o. La segunda, en conseguir a las v¨ªctimas a trav¨¦s de falsas ofertas de trabajo, enga?¨¢ndolas para que se trasladaran al lugar donde ser¨ªan entregadas a las tropas que despu¨¦s las asesinar¨ªan. La tercera modalidad consisti¨® en asesinar combatientes enemigos rendidos, heridos o capturados que ya se hab¨ªan entregado a los militares. Y la ¨²ltima, en el ¡°asesinato oportunista de personas¡±, v¨ªctimas que se encontraban en lugares donde las tropas estaban acantonadas, patrullando o de paso y fueron asesinadas en circunstancias improvisadas.

Junto a los generales en retiro, y por los mismos cr¨ªmenes, fueron imputados 25 oficiales y 10 suboficiales. Ahora, todos ellos tendr¨¢n 30 d¨ªas para reconocer o rechazar su responsabilidad. La JEP, considerada la columna vertebral de los acuerdos de paz, se ha visto obligado a navegar en medio de la polarizaci¨®n que ha caracterizado a la sociedad colombiana desde los di¨¢logos de La Habana. El tribunal privilegia la verdad plena, y establece penas alternativas a la c¨¢rcel a cambio de que los involucrados confiesen sus cr¨ªmenes y reparen a las v¨ªctimas. El 90% de los imputados han reconocido haber cometido o participado en los cr¨ªmenes por los que los se?alan.

Otras decisiones judiciales en el caso 03 han abordado patrones de ¡®falsos positivos¡¯ en Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila, pero Antioquia es un lugar particularmente ilustrativo del fen¨®meno. Las cuatro modalidades, por ejemplo, confirman los hallazgos que ya se hab¨ªan detectado en el resto del pa¨ªs. La JEP estableci¨® hace ya cuatro a?os que hubo por lo menos 6.402 v¨ªctimas en todo el territorio colombiano. Esos cr¨ªmenes, perpetrados principalmente durante los dos mandatos del expresidente ?lvaro Uribe (2002-2010), un f¨¦rreo opositor a la negociaci¨®n con la extinta guerrilla de las FARC, a¨²n estremecen a una sociedad que busca doblar la p¨¢gina de la violencia sin esquivar la verdad. Entre 2002 y 2008 se present¨® el 78% del total.