El debate sobre la propiedad en Nicaragua

M. L. PALLAIS, Los partidos de la Uni¨®n Nacional Opositora (UNO) representados en la Asamblea Nacional de Nicaragua lograron colocar al Frente Sandinista de Liberaci¨®n Nacional (FSLN) a la defensiva al hacer p¨²blica una serie de recomendaciones sobre la propiedad sin tomar en cuenta al sandinismo ni esperar los resultados de la concertaci¨®n. Y es as¨ª, a la defensiva, como el FSLN -cuyo primer congreso se inicia hoy- ha reaccionado cerrando filas en torno a lo que llama "la defensa del sistema de propiedad institucionalizado por la revoluci¨®n".

Mientras que para Alfredo C¨¦sar, presidente de la Asamblea Nacional, las recomendaciones reflejan "la armon¨ªa que debe de imperar en los poderes" del Estado, para los sandinistas ¨¦stas "invaden" las atribuciones constitucionales del Ejecutivo. El enfrentamiento ha llevado a que una comisi¨®n de justicia analize los aspectos jur¨ªdicos de las recomendaciones que podr¨ªan convertirse en leyes cuando se inicien las sesiones del Parlamento el pr¨®ximo 20 de agosto, y al FSLN, ausente del trabajo legislativo desde hace ya varias semanas, a preparar una campa?a de "cohesi¨®n y unidad alrededor de las conquistas de la revoluci¨®n" que probablemente se ver¨¢ reflejada en los resultados del congreso.

En realidad, la manzana de la discordia no es la reforma agraria sandinista en su totalidad. Las que est¨¢n en juego no son los casi dos millones de hect¨¢reas que en diez a?os y medio la revoluci¨®n distribuy¨®, sino que los parlamentarios quieren que regresen al Estado unas 110.000 hect¨¢reas -seg¨²n la UNO, y el doble seg¨²n los sandinistas- y alrededor de 5.000 viviendas urbanas, entre las que aparecen las de los comandantes sandinistas.

Castigar abusos

Se trata de terrenos y viviendas entregados a miles de pobladores urbanos y a campesinos por leyes emitidas durante los meses posteriores a la derrota electoral sandinista. La idea, seg¨²n Alfredo C¨¦sar, es castigar los abusos cometidos en ese periodo conocido ahora como el de la pi?ata".

Hubo quienes, por ejemplo se mudaron a viviendas m¨¢s grandes despu¨¦s del 25 de febrero de 1990, y quienes, aun sin ser sujetos de reforma agrar¨ªa, se apropiaron de minifundios, pero est¨¢ claro que las recomendaciones podr¨ªan, de no ser modificadas, dejar sin viviendas y sin posibilidades de producir a centenares de pobladores urbanos y a miles de campesinos.

"Sin ayuda t¨¦cnica ni recursos para trabajar la tierra, sin duda alguna, los campesinos que hayan recibido lo que la comisi¨®n dice aceptable se ver¨¢n obligados a vender esas parcelas a quien se las compre. Y as¨ª volver¨¢n los latifundios al pa¨ªs", asegur¨® Mar¨ªa Teresa Bland¨®n, responsable de capacitaci¨®n para la asociaci¨®n de trabajadores del campo.

Si bien es cierto que, tradicionalmente, las viviendas populares urbanas no exced¨ªan los 30 metros cuadrados -la Asamblea recomienda otorgar t¨ªtulos a aquellos cuyas viviendas no exceden de 60 metros cuadrados-, esa regla no se conserv¨® intacta a trav¨¦s de los a?os. Una colonia residencial capitalina, la Gabriel Cardenal, por ejemplo, poblada por unas 25 familias que se autodefinen como "de clase media baja" -la mayor¨ªa desmovilizados del Ej¨¦rcito-, es una de las muchas excepciones. Las casas tienen unos, 75 metros cuadrados de extensi¨®n.