El declive de la libertad

Significa una se?al de alerta -y no mera casualidad- que la opini¨®n p¨²blica espa?ola se vea actualmente enfrentada con dos proyectos de ley que aprietan el cerco del Estado a las libertades c¨ªvicas. En las sociedades con implantaci¨®n de alta tecnolog¨ªa, los ciudadanos tienen que ser protegidos ante el desprop¨®sito de la circulaci¨®n e intercambio, en manos particulares y p¨²blicas, de informaci¨®n sobre su vida privada, origen ¨¦tnico y convicciones propias. Aceptar -como ahora pretende la propuesta de ley sobre protecci¨®n inform¨¢tica- que la polic¨ªa pueda acumular esta informaci¨®n sensible, sin vigilancia de otras instancias independientes y sin conocimiento de los afectados, representa una utilizaci¨®n pol¨ªticamente perversa de la nueva tecnolog¨ªa.El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, en sus intenciones, amenaza con debilitar o eliminar el control que sobre la actividad de las fuerzas de seguridad deben mantener los jueces, si no se quiere lesionar gravemente las bases del Estado de derecho. Las restricciones que se imponen a la vez a las libertades de asociaci¨®n, reuni¨®n y manifestaci¨®n expresan una desconfianza creciente con respecto a la sociedad civil. La desproporci¨®n de las sanciones econ¨®micas, de inmediata ejecuci¨®n, que pueden amenazar la existencia jur¨ªdica de los multados, por la posibilidad de alcanzar hasta los 100 millones de pesetas, hace sospechar que sus promotores se han equivocado de pa¨ªs en lo que se refiere al valor del dinero. Con este proyecto se olvida que debe ser norma en la democracia que los ciudadanos no puedan quedar inermes ante los errores y posibles abusos de las fuerzas del orden. Parece que no se ha aprendido suficientemente la lecci¨®n de la ley antiterrorista, declarada m¨¢s tarde inconstitucional. Hoy sabemos de su car¨¢cter crimin¨®geno, pues a su amparo se propici¨® la tortura, en numerosos casos fue aplicada ?leg¨ªtimamente y en su haber tiene un desaparecido.

Estas propuestas legales son un s¨ªntoma m¨¢s de la voracidad -al parecer, innata- del poder ejecutivo, dirigida a extender su influencia y control sobre la sociedad y sobre el coraz¨®n de los otros poderes cl¨¢sicos, dise?ados para modelarlo. As¨ª, lo observamos en el Parlamento, aquejado de hemiplejia, degradado crecientemente en eco y caja de resonancia del Gobierno: d¨¦bil para ejercer sus funciones censoras. El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se ven acosados por el empe?o de introducir en su composici¨®n aliados pol¨ªticos que no siempre son acreditados juristas. Adem¨¢s, los canales de comunicaci¨®n p¨²blica con frecuencia son desvirtuados como instrumento de prop¨®sitos partidistas, y los medios considerados desafectos tienen que soportar consejos, amenazas veladas y el mal humor del poder.

Despu¨¦s de esta enumeraci¨®n, no puede extra?ar que, seg¨²n un estudio realizado en el seno de Naciones Unidas por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), con la finalidad de aplicar unos indicadores acerca del nivel de libertad, Espa?a se vea situada en un inc¨®modo y bajo lugar 24?. Hemos sido catalogados como de nivel medio en la pr¨¢ctica y garant¨ªa de las libertades pol¨ªticas y c¨ªvicas. Ocupamos el ¨²ltimo puesto entre los pa¨ªses de la CE, que nos preceden en el grado superior de la escala, y estamos situados por detr¨¢s de algunos Estados del Tercer Mundo.

La fiabilidad de estos ¨ªndices de car¨¢cter cualitativo no es matem¨¢tica, y pueden discutirse sus criterios y evaluaciones. Pero una corroboraci¨®n indirecta de su pertinencia la presenta la corta reacci¨®n adversa que ha tenido su publicaci¨®n. No ha habido intentos oficiales, y escasos sociales, dispuestos a refutar o cuestionar este mal juicio acerca de las libertades en Espa?a. Ello tiene dos interpretaciones plausibles: se acepta, lament¨¢ndolo, que es as¨ª o -lo que ser¨ªa peor- importa poco que sea as¨ª.

En realidad, las sociedades industrialmente avanzadas de fin de siglo se encuentran ante la profundizaci¨®n de un dilema sobre su futuro que ha marcado la historia de la modernidad. Lo constituye el contenido de la noci¨®n de progreso.

La concepci¨®n ilustrada ha entendido el progreso como el avance en la conciencia y en la pr¨¢ctica de la libertad. Pero simult¨¢neamente ha sido acompa?ada por un concepto de progreso de car¨¢cter marcadamente econ¨®mico que lo identifica con el desarrollo de la ciencia y de la t¨¦cnica aplicadas. Por supuesto que ambas concepciones no tienen que excluirse necesariamente y que el desarrollo econ¨®mico ha posibilitado grandes espacios a la libertad. Pero a la vez es cierto que la acentuaci¨®n unilateral de un concepto econ¨®mico de progreso, en el camino, puede lesionar gravemente la pr¨¢ctica de la libertad.

?sta, ya en su origen hist¨®rico, se vio conectada con la exigencia ¨¦tica y universal de la igualdad. Y ha ido definiendo hist¨®ricamente sus contenidos en las proclamaciones de los derechos pol¨ªticos y civiles, junto a los derechos econ¨®micos, sociales y culturales.

Hoy, las consecuencias sociales del modelo econ¨®mico que se ha impuesto han llevado a una dualidad entre las personas en el centro del sistema y a una divisi¨®n entre Norte y Sur que, en las previsiones actuales, parece irreversible. Se deterioran las perspectivas de la igualdad y a la vez se limita la conciencia de la libertad. La persistencia de la marginaci¨®n social, del desempleo llamado estructural, de las profundas divisiones sociales, para sostener su dif¨ªcil equilibrio, inducen a asegurar los resortes represivos. Y adem¨¢s, en la dimensi¨®n planetaria, la presi¨®n de los fen¨®menos migratorios, cada vez m¨¢s intensos y que previsiblemente van a adquirir proporciones desconocidas, exige una mayor coacci¨®n de la libertad si hay que preservar los actuales desequilibrios econ¨®micos y sociales. Parece, pues, que se nos impone un concepto de modernidad no concebido tanto como el progreso de la libertad, sino como el sostenimiento del desarrollo material de los pa¨ªses avanzados y su defensa, cueste lo que cueste. Tambi¨¦n si ello significa reducir los espacios de aqu¨¦lla. Prueba de ello es el fortalecimiento de los resortes policiales en la Comunidad Europea -potenciados por el invisible control sobre los ciudadanos propios y transe¨²ntes, que facilita la moderna tecnolog¨ªa inform¨¢tica-. La alerta de los fil¨®sofos cr¨ªticos de los a?os cincuenta ante el riesgo de convertirnos en habitantes de "sociedades totalmente administradas" t¨¦cnicamente hoy es un miedo justificado.

En la Europa democr¨¢tica, la mayor raigambre de la cultura pol¨ªtica y de las instituciones permite resistir mejor los nuevos y viejos vientos de la ley y el orden; entre nosotros, con una sociedad civil todav¨ªa biso?a y dubitativa, hay que temer m¨¢s por los grandes efectos del declive de la libertad. Pero siempre nuestra memoria nos permitir¨¢ advertir que hay otro concepto de progreso y de modernidad, entendido como el avance de la conciencia de libertad.

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