Torpe estrambote

EL PROYECTO de ley del servicio militar finalmente remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados es el resultado del amplio debate parlamentario desarrollado a partir de la sorprendente propuesta de una mili de tres meses planteada por el CDS en v¨ªsperas de las elecciones generales de octubre de 1989. No puede decirse, pues, que sea una improvisaci¨®n, al margen de la opini¨®n que pueda merecer su contenido. Lo que tiene visos de serlo, y que se sepa no es producto de reflexi¨®n parlamentaria alguna, es el estrambote que en forma de disposici¨®n adicional se ha a?adido a dicho proyecto de ley mediante la cual se discrimina socialmente a los j¨®venes insumisos y a los que se acojan a las pr¨®rrogas legales de incorporaci¨®n a filas poni¨¦ndolos en la cola de los demandantes de empleo en el ¨¢mbito de las administraciones p¨²blicas.El modelo de servicio militar acordado por las fuerzas parlamentarias mayoritarias (PSOE y PP) es, como no pod¨ªa ser de otro modo, fruto de la transacci¨®n. Aunque es de esperar que a lo largo de su discusi¨®n en el Parlamento el proyecto de ley se enriquezca con las aportaciones de los grupos minoritarios, principalmente del CDS e Izquierda Unida. En l¨ªneas generales se ha intentado hacer compatibles determinados intereses y conceptos firmemente arraigados en el ¨¢mbito castrense con la contestaci¨®n social al actual modelo de la mili, humanizando y racionalizando las condiciones de su prestaci¨®n. Eso s¨ª, mediante una f¨®rmula que supone el perfeccionamiento de este modelo (mantenimiento del servicio militar obligatorio y aumento del porcentaje de profesionales hasta un 50% de las Fuerzas Armadas de aqu¨ª al a?o 2.000) a trav¨¦s de tres ejes fundamentales: la reducci¨®n de la mili de 12 a nueve meses, la reforma del propio servicio -por primera vez se introduce una tabla de derechos y deberes de los reclutas y se les exime expl¨ªcitamente de la realizaci¨®n de tareas no relacionadas estrictamente con la defensa- y la posibilidad de que los j¨®venes puedan elegir el momento de su incorporacion a filas, el lugar e incluso la actividad a desarrollar en funci¨®n de sus aptitudes personales.

Pero al mismo tiempo que modelo de transacci¨®n, el servicio militar propuesto lo es tambi¨¦n de transici¨®n. Su horizonte es la divisoria del a?o 2.000, pero es dudoso que pueda traspasarla sin crisis, si se tiene en cuenta el fuerte ritmo evolutivo de la conciencia social sobre esta cuesti¨®n y la rapidez de los cambios en la estrategia defensiva derivados de la configuraci¨®n todav¨ªa en curso del nuevo escenario internacional. De todos modos, son cuestiones todas ellas discutibles y sobre las que nadie puede atribuirse la ¨²ltima palabra, aunque pronto se ver¨¢ si el nuevo modelo es operativo y cu¨¢l es el grado de su arraigo social.

Lo que no es discutible y debe ser rechazado como peligroso factor de disenso social es la pretensi¨®n de hacer de la ley del servicio militar un instrumento de medici¨®n de ciudadanos buenos y malos, facilitando a quienes la cumplan el acceso a los empleos p¨²blicos y obstaculizando dicho acceso a quienes la incumplan o se muestren remisos acogi¨¦ndose a las pr¨®rrogas legales de incorporaci¨®n a filas. No hay que tener una excesiva sensibilidad jur¨ªdica para colegir que tal discriminaci¨®n socava el principio constitucional de igualdad de todos los espa?oles ante la ley. Y en el caso de los insumisos, que rechazan el servicio militar y la prestaci¨®n social sustitutoria, tal discriminaci¨®n implica adem¨¢s a?adir una pena accesoria de car¨¢cter administrativo a las establecidas en el C¨®digo Penal para este tipo de conductas. El ministro de Defensa pretende hacer de este trato desigual un elemento disuasorio de la contestaci¨®n a la mili. Pero aunque el fin fuera bueno, el medio elegido no lo es. La Administraci¨®n p¨²blica no es un predio que el Gobierno pueda regentar a su guisa. Es de esperar que todos los grupos parlamentarios, incluido el socialista, convengan en ello y que, en consecuencia, hagan lo posible para que este estrambote desaparezca del proyecto de ley durante su discusi¨®n en el Parlamento.