Una ¨®ptica progresista

Quienes preconizan la ampliaci¨®n de los supuestos no punibles de aborto -bien mediante la introducci¨®n en el C¨®digo Penal de la indicaci¨®n socioecon¨®mica, bien mediante el sistema de plazos- incurren en dos omisiones dif¨ªcilmente justificables desde una ¨®ptica progresista, si por progresismo se entiende una tendencia favorable a reforzar los derechos humanos y sus garant¨ªas jur¨ªdicas y, a la vez, un compromiso social de los poderes p¨²blicos que impide a ¨¦stos desentenderse de los reales y dram¨¢ticos problemas que est¨¢n -con frecuencia- en la base de la decisi¨®n de abortar.Veamos por separado ambos extremos, que no implican m¨¢s que hacer caso, respecto al aborto, al precepto constitucional que establece que Espa?a se constituye en un Estado social de derecho. Social y de derecho: ?qu¨¦ supone esto si nos referimos al aborto?

Un Estado social es aquel en el que el Estado no considera como problema privado que le es ajeno las situaciones particulares de absoluta carencia de medios para lograr la calidad de vida que se juzga exigible en cada ¨¦poca y lugar. Tras la decisi¨®n de abortar suele estar un grave problema humano: miedo a no poder mantener el hijo por carencia de posibilidades econ¨®micas, la injusta presi¨®n social contra las madres solteras en el seno de algunos grupos sociales, el abandono que padece la embarazada por parte del padre de la criatura y/ o su propia familia, las dificultades que implica tener un hijo minusv¨¢lido, etc¨¦tera. Son ¨¦stos problemas reales, muy reales, que pueden llevar a una mujer a ver el aborto como un bien en cuanto soluci¨®n de tales problemas. Pero el aborto no es soluci¨®n de ning¨²n problema: ni elimina las dificultades econ¨®micas, ni la insolidaridad social con los minusv¨¢lidos, ni la injusticia que cometen quienes rechazan a la soltera embarazada, ni ninguno de los otros reales problemas que pueden existir en el entorno de la mujer que se plantea abortar.

Derechos humanos

La ¨²nica soluci¨®n progresista para estos problemas angustiosos, que pueden ser el caldo de cultivo de la decisi¨®n de abortar, es la que respeta los derechos humanos de todos los implicados -madre e hijo- y pone en marcha los mecanismos de solidaridad social para que tener un ni?o no sea una -en ning¨²n caso- exigencia de heroicidad.

Esta soluci¨®n progresista implica para el Estado y la sociedad la exigencia de garantizar el derecho a la vida de todos los implicados, madre e hijo, aplicando criterios de solidar?dad social para ayudar a resolver los problemas de aqu¨¦lla a la par que se garantizan los derechos de ¨¦ste. A estas alturas del siglo XX pretender que eliminar a un ser humano es la forma id¨®nea de resolver un problema social o personal ser¨ªa tanto como reconocer que nuestra sociedad es radicalmente injusta, que la pol¨ªtica social del Estado no sirve para nada y que una y otra conclusiones, son el no va m¨¢s de nuestro ideal ¨¦tico de justicia.

Como las inclusiones expuestas son absolutamente inadmisibles, debemos concluir que la soluci¨®n progresista exige garantizar los derechos de los seres humanos implicados -madre e hijo-, asegurando jur¨ªdicarnente a una y otro, el Estado y el ordenamiento jur¨ªdico, el derecho a la vida y las medidas de pol¨ªtica social que hagan a esas vidas la de -la una y la del otro- dignas y con cuotas de calidad asimilables al ideal en la medida de lo posible, conforme a los par¨¢metros de nuestra ¨¦poca. En todo caso, las insuficiencias de la pol¨ªtica social del Estado nunca pueden legitimar la muerte de inocentes para evitar problemas que la insolidaridad social y las carencias estatales puedan poner de manifiesto.

Un Estado de derecho es aquel en que la norma jur¨ªdica establece unos c¨¢nones de eficaz protecci¨®n de la dignifidad de la pesona humana y garantiza que, al final, los tribunales pueden, hacer real en la vida social ese nivel de garant¨ªa de los derechos humanos. Pues bien, en lo referente al aborto, en Espa?a estarnos asistiendo al triste espect¨¢culo de unos poderes p¨²blicos que est¨¢n subordinando el Estado de derecho y sus mecanismos definitorios a la personal obsesi¨®n proabortista, en alg¨²n caso tributaria del subjetivo af¨¢n de lograr que la sociedad espa?ola cohoneste mayoritariamente la conducta personal.

En Espa?a estamos asistiendo a una prostituci¨®n del Estado de derecho en aras del intento de algunos de que el aborto sea visto como positivo por la sociedad espa?ola.

En efecto, se desprecia la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el car¨¢cter de valor amparado por el art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n que tiene el nasciturus, dict¨¢ndose resoluciones judiciales que consideran al no nacido como bien jur¨ªdicamente irrelevante o subordinado a circunstancias rechazadas por el 3 Tribunal Constitucional como prioritarias; una parte del Gobierno se implica en la prornoci¨®n del aborto libre al margen de lo que establecen las leyes, sin rubor e incluso prevali¨¦ndose del triste ejemplo de haber alguna

ministra abortado al amparo del privilegio injusto de que abortar aqu¨ª es delito y hacerlo pasados los Pirineos no lo es, seg¨²n estableci¨® el Tribunal Constitucional con criterio quiz¨¢, jur¨ªdico, pero materialmente injusto e irracional; el Parlamento se olvida de que, al respecto, el C¨®digo Penal es despreciado e inaplicado, y no investiga sobre el tema; el ministerio fiscal sobre todo, en su cabeza- parece m¨¢s el defensor de las tesis ajur¨ªdicas proabortistas; que de la legalidad vigente y..., mientras tanto, una serie de se?ores tienen montado un lucrativo negocio -al margen del derecho, pero con connivencias pol¨ªticas- del que hacen fuente de fortunas personales sobre el dolor ajeno y a costa de la vida de miles; de no nacidos por haber sido eliminados mediante el aborto.

Afanes y defensas

Y la guinda de esta quiebra del Esrado de derecho la anuncia ya el ministro de Justicia al sacar a la luz un proyecto de exclusi¨®n de la acci¨®n popular en las causas por aborto. As¨ª se lograr¨ªa que los jueces, y tribunales no pudiesen enjuiciar un, delito, pues, el ofendido por el aborto -el ni?o- no puede reclamar por estar muerto, los implicados no van a actuar contra s¨ª mismo y el ministerio Fiscal est¨¢ a las ¨®rdenes de don Leopoldo.

Quienes as¨ª ponen sus afanes proabortistas por encima de la defensa del Estado de derecho hacen un flaco favor a la democracia en un doble respecto: por una parte excluyen arbitrariamente a parte de la humanidad -los no nacidos- de la protecci¨®n del derecho, y por otra parte subordinan la protecci¨®n jur¨ªdica de los derechos del ser humano a sus particulares opciones admitiendo as¨ª que el Estado de derecho y los derechos de la persona no son absolutos, y que la ideolog¨ªa personal est¨¢ por encima de ambos, siendo apta para legitimar la quiebra de aqu¨¦llos. Lo que quiz¨¢ no valoran quienes as¨ª piensan es que si ese argumento es v¨¢lido para el aborto, puede serlo para otros atentados coritra la dignidad humana que, en su d¨ªa, se justificaron con argumentos similares.

Lo progresista en materia de aborto es defender, respecto al derecho a la vida, lo que cualqueir progresista defiende respecto al resto de los derechos humanos: quie ¨¦stos deben ser garantizados por el ordenamiento jur¨ªdico sin complicidades con ideolog¨ªas no humanistas, y que los problenias sociales que pueden, llevara una persona a pensar que su soluci¨®n exige atentar a derechos de otros, son asunto a resolver con una pol¨ªtica social justa y no con una pol¨ªtica limitadora de los derechos humanos y justificadora de la insolidaridad violenta.

Es irniprescindible llegar a un sano ecologismo que, excluyendo la violericia contra los no nacidos, extienda coherentemente la solidarldad humana a todos los miembrosde la raza humana, admitiendo que ¨¦stos son iguales y, titulares de los mismos derechos desde que exisiten hasta que dejan de ser, desde la fecundaci¨®n hasta la rnuerte.

es abogado.