Anuncio vaporoso

EL GOBIERNO parece decidido a abandonar su actitud de brazos cruzados ante los graves problemas humanos, m¨¦dicos y legales que lastra la legislaci¨®n despenalizadora del aborto desde su aplicaci¨®n, en 1985. El ministro de Relaciones con las Cortes, Virgillo Zapatero, ha desvelado que dicha legislaci¨®n ser¨¢ reformada, pero se ha reservado en qu¨¦ consistir¨¢ la reforma. La soluci¨®n se pospone, como es habitual en muchas decisiones pol¨ªticas, para despu¨¦s del verano.Pero, con toda probabilidad, lo que realmente sucede es que el Gobierno no ha superado todav¨ªa las dudas existentes en su seno sobre cual debe ser la soluci¨®n. Son p¨²blicas las distintas posturas ministeriales sobre el camino a seguir. Hay ministros que apuestan por una ley de plazos, aquella que deja a la mujer la libertad de decidir sobre la interrupci¨®n de su embarazo en las primeras semanas de gestaci¨®n; otros est¨¢n a favor de a?adir a los tres supuestos despenalizadores actuales -riesgo para la salud de la madre, malformaciones del feto y violaci¨®n- el llamado supuesto socioecon¨®mico, que contempla el efecto negativo que pudiera producir el nacimiento no deseado en la salud y el bienestar de la madre y de la familia, y finalmente, alg¨²n ministro ha dejado entrever su postura favorable a dejar la actual ley como est¨¢ y buscar la remoci¨®n de los obst¨¢culos que dificultan su aplicaci¨®n -fundamentalmente, la acci¨®n popular ejercida por grupos y asociaciones antiabortistas y el recurso no reglamentado a la objeci¨®n de concienc¨ªa por parte de los m¨¦dicos- mediante reformas legislativas colaterales. Todas estas posibilidades caben en el impreciso anuncio de reforma lanzado por el ministro Virgillo Zapatero, un compromiso gen¨¦rico del Gobierno que m¨¢s bien va a servir para remover las aguas del siempre ¨¢spero debate social sobre el aborto.

Las reacciones desaforadas ante este vaporoso anuncio de reforma no se han hecho esperar en sectores de la derecha. Algunos de sus representantes, poni¨¦ndose la venda antes que la herida, ya han vaticinado a la todav¨ªa nonata reforma su paso por el Tribunal Constitucional, lo cual pone de manifiesto que en estos sectores el rechazo al aborto no se aviene con ninguna f¨®rmula legal que atempere el drama humano y social que provoca. De ah¨ª que el Gobierno deber¨ªa inclinarse por una reforma que diera una respuesta adecuada y definitiva a esta situaci¨®n. Es evidente que cualquier otra, por timorata que fuera, tendr¨ªa igualmente la oposici¨®n de dichos sectores.

El dise?o de la reforma legislativa deber¨ªa articularse m¨¢s sobre el derecho de la mujer gestante a interrumpir su embarazo no deseado (ley de plazos, que el propio Gobierno estima, acertadamente, no contraria a la Constituci¨®n) que sobre la v¨ªa de ampliar la actual ley con el supuesto socioecon¨®mico (llevar¨ªa a arbitrar nuevos controles, quiz¨¢ del inspector de Hacienda o de la asistente social, para determinar esta situaci¨®n). Una ley de plazos situar¨ªa la decisi¨®n y la responsabilidad del aborto en manos de la mujer y no en instancias ajenas que no dudan en hacer de este grave problema bandera de su intolerancia y de sus particulares conceptos ¨¦ticos o religiosos.