Una apuesta por el liberalismo social

Una de las se?ales de una democracia saludable es la calidad, la amplitud, la intensidad del debate sobre la vida p¨²blica; debate que a menudo implica un juego sujeto a fr¨¢giles reglas en el que cada contendiente se acoge, a modelos y perspectivas diversos. Pero ¨¦ste es, acaso, el destino del discurso sobre la realidad social.En distintos ¨¢mbitos del mundo se discierne sobre la crisis del Estado. En las sociedades que han vivido el socialismo real, en las llamadas posindustriales o en aquellas que experimentan un acelerado proceso de modernizaci¨®n, como la nuestra, se piensa en la necesidad de considerar de nuevo los fines del Estado, los l¨ªmites de la pol¨ªtica, las relaciones entre Estado y sociedad civil.

Una exigencia es un¨¢nime: la democracia como el mejor instrumento, ya para fundamentar la relaci¨®n con el gobernado y legitimar el poder, ya para liberar las energias sociales. En todo caso, la crisis es un hecho generalizado que es preciso afrontar; se trata de un ajuste de cuentas de la sociedad con su organizaci¨®n estatal.

El liberalismo socialSi pensamos hist¨®ricamente los problemas de M¨¦xico, hemos de admitir que el proyecto revolucionario, como qued¨® plasmado en la Constituci¨®n d¨¦ 1917, dio sustento a un Estado fuerte y de avanzada concepci¨®n social: confiere a la naci¨®n, y por tanto al Estado, la propiedad originaria de tierras, agua y subsuelo, as¨ª como la funci¨®n de arbitraje y rector¨ªa del proceso social, a fin de asegurar el cumplimiento de los programas que justificaron ese, gran movimiento popular. .

Al amparo de dicho proyecto, el Estado ampli¨® profusamente su actividad en los procesos de producci¨®n; sin embargo, los desequilibrios estructurales de la d¨¦cada de los ochenta -igual que en otros pa¨ªses- pusieron en evidencia que estaba terminando la ¨¦poca del Estado todopoderoso.

Me parece que reconocerlo implica el imperativo de una reforma del Estado, pero no la necesidad de ce?irse a una pol¨ªtica neoliberal, porque ¨¦sta supone una vuelta al "dejar hacer y dejar pasar", una suerte de indiferencia ante las carencias de los m¨¢s necesitados y, por ende, una reducci¨®n significativa del gasto social.

Todo lo contrario, la reforma mexicana del Estado reafirma las tesis del liberalismo social que animan a la Revoluci¨®n Mexicana, ya que si bien prev¨¦ una reprivatizaci¨®n de empresas, ¨¦sta s¨®lo " constituye una estrategia de adelgaza miento del aparato estatal para recuperar la funci¨®n b¨¢sica que la Constituci¨®n de 1917 le atribuye al Estado como instrumento para la realizaci¨®n de la justicia social.

Por otra parte, dicha reforma se asocia a trascendentes medidas de ajuste econ¨®mico que tienen por objeto insertar el pa¨ªs en el nuevo orden econ¨®mico internacional, donde los principios que imperan son la eficiencia y la productividad.

En el curso de los ¨²ltimos a?os, M¨¦xico ha restructurado una abultada deuda externa y ha saneado sus finanzas p¨²blicas, convirtiendo el enorme d¨¦ficit del sector p¨²blico en equilibrio fiscal. Acorde con las actuales tendencias, se ha desmontado la estructura de protecci¨®n que caracteriz¨® por muchos a?os a la econom¨ªa mexicana, sustituy¨¦ndola por un esquema de apertura y liberalizaci¨®n hacia el exterior.

Necesariamente, el proceso de cambio que est¨¢ viviendo la sociedad mexicana incluye tambi¨¦n una profunda transformaci¨®n pol¨ªtica que. incluye el fortalecimiento del federalismo; in¨¦ditas formas de participaci¨®n individual y colectiva; y, sobre todo, la lucha solidaria contra la desigualdad.

Mediante el programa nacional de solidaridad, el Estado mexicano aplica hoy una en¨¦rgica pol¨ªtica social orientada a resolver las necesidades de los grupos que padecen la pobreza extrema. El programa destaca no s¨®lo por su volumen de recursos, sino sobre todo por el respeto a la iniciativa de las comunidades, su organizaci¨®n participativa, la corresponsabilidad en todas sus etapas y la transparencia en el manejo de los recursos p¨²blicos.

Resulta claro que los planteamientos actuales del Estado mexicano no s¨®lo animan la privatizaci¨®n de actividades, sino tambi¨¦n la solidaridad. El juzgar neoliberal la reforma por alguno de sus aspectos es tan falaz como calificar el todo por alguna de sus partes.

El pr¨®ximo domingo se celebrar¨¢n en M¨¦xico los comicios federales para renovar la C¨¢mara de los Diputados y la mitad de los miembros del Senado de la Rep¨²blica. Tales comicios significan mucho para la transici¨®n de una democracia que ha avanzado considerablemente durante los ¨²ltimos a?os. Lo sucedido en 1988 con el proceso de elecci¨®n para presidente de la Rep¨²blica y representantes al Congreso de la Uni¨®n puso en evidencia nuevas condiciones de la democracia mexicana, particularmente las relativas a la fuerza de los partidos de oposici¨®n.

La coalici¨®n de partidos de izquierda, aunque heterog¨¦nea en su composici¨®n partidaria e ideol¨®gica, logr¨® ubicarse como la segunda fuerza electoral; mientras que el Partido de Acci¨®n Nacional, tradicionalmente asociado a una posici¨®n de derecha, mostr¨® ser una organizaci¨®n m¨¢s homog¨¦nea y permanente. Lo importante fue que estos partidos lograron cerca de la mitad del voto popular. El a?o de 1989 nos present¨® un cierto decaimiento del entusiasmo electoral, pero confirm¨® que M¨¦xico viv¨ªa una intensa transici¨®n democr¨¢tica. Mientras que la oposici¨®n triunf¨® en un par de entidades federativas, el partido en el poder recuper¨® importantes espacios en el mosaico pol¨ªtico del pa¨ªs.

Independientemente de las explicaciones que merecen tales resultados, 1-990 denot¨® la voluntad de consolidar la modernizaci¨®n pol¨ªtica del pa¨ªs. Por una parte, los; partidos pol¨ªticos consideraron como tarea impostergable- lograr la participaci¨®n desectores de la poblaci¨®n que se repliegan en las esquinas del abstencionismo; por otra, las reformas constitucionales en mater¨ªa electoral y la nueva legislaci¨®n federal sobre instituciones y procedimientos electorales fundamentaron jur¨ªdicamente el proyecto de una democracia m¨¢s confiable que incluye desde la promoci¨®n de un sistema competitivo y plural de los distintos partidos hasta la creaci¨®n de un tribunal federal electoral que imparte justicia en esta materia, pasando por las reformas relativas al registro de electores y la creaci¨®n del Instituto Federal Electoral

El momento actual

Finalmente, 1991 muestra que las perspectivas para el PRI, son totalmente diferentes a las que ten¨ªa en 1988. En las recientes elecciones locales de Nuevo Le¨®n, uno, de los Estados fronterizos m¨¢s importantes, el partido en el poder ha obtenido un ;amplio triunfo, reconocido por el conjunto de la oposici¨®n.

Este cambio de actitud en el electorado no es gratuito. Se debe, en primer lugar, a una muy exitosa acci¨®n de gobierno que sin duda beneficia al partido en el poder, as¨ª como al intenso trabajo de este ¨²ltimo para modernizar su estructura interna y su formas de actuaci¨®n; en segundo lugar, a los cambios y alentadoras expectativas econ¨®micas, completamente diferentes a las de 1988, que han permitido aumentar el gasto social. Los conflictos internos y la incapacidad de la oposici¨®n para presentar programas de acci¨®n consistentes provocar¨¢n cambios en las preferencias (le], electorado que hace tres a?os les vot¨®.

A mi juicio, lo anterior no ensombrece la etapa de transici¨®n actual. Simplemente muestra que los partidos y el Gobierno luchan por adaptarse a una comunidad que reconoce en la pluralidad y en el respeto a su voluntad las ¨²nicas formas viables de la convivencia -social.

Para los mexicanos resulta cada d¨ªa m¨¢s claro que sin una estructura econ¨®mica s¨®lida y sin una pol¨ªtica justa de redistribuci¨®n de la riqueza social, el proyecto democr¨¢tico se vuelve incierto, pierde solidez. Es por ello por lo que la vuelta al sentido original sobre la funci¨®n social del Estado y la ampliaci¨®n de la vida democr¨¢tica son las dos caras de un mismo empe?o de los mexicanos para vivir, en el concierto mundial, como una naci¨®n digna y soberana.