Los bancos cancelaron en 1990, sin denunciarlas, 224 operaciones y cuentas de presuntos 'narcos'

La Memoria de la Fiscal¨ªa Especial Antidroga de 1990 revela que en ese a?o los bancos rechazaron 197 operaciones significativas por falta de identificaci¨®n de los titulares o ser sospechosas de relaci¨®n con el narcotr¨¢fico, y cancelaron 27 cuentas y relaciones con clientes presuntamente vinculados a esta actividad delictiva. En ninguno de estos casos, los bancos denunciaron a la fiscal¨ªa tales sospechas. Jos¨¦ Aparicio, jefe de esta fiscal¨ªa, suele explicitar que los bancos espa?oles cooperan en las investigaciones contra el blanqueo de dinero, pero nunca toman la iniciativa de comunicar hechos sospechosos, pasividad que estas entidades justifican en la ausencia de garant¨ªas legales ante una denuncia infundada.

La fiscal¨ªa especial antidroga, seg¨²n su memoria de 1990, abri¨® durante el a?o pasado 15 investigaciones sobre supuestos de blanqueo de dinero, am¨¦n de las arrastradas de a?os anteriores. Las pesquisas afectaron a 56 ciudadanos, tres sociedades y 75 cuentas bancarias. Por su parte, los bancos, en virtud de sus normas internas preventivas del blanqueo, "han rechazado en 140 ocasiones operaciones significativas por falta de identificaci¨®n plena de los titulares, en otros 57 casos han rechazado operaciones por ser sospechosas de relaci¨®n con actividades de narcotr¨¢fico, y en 27 supuestos han procedido a la cancelaci¨®n de cuentas y de relaciones con clientes sospechosos de actividades vinculadas con ese fen¨®meno criminal".Fuera de la relaci¨®n num¨¦rica, los bancos no aportaron a la fiscal¨ªa antidroga ning¨²n dato sobre tales sospechosas operaciones y cuentas canceladas, lo que priv¨® a este organismo de tan inestimable v¨ªa de investigaci¨®n. Los bancos suelen aducir que la legislaci¨®n no les da garant¨ªas si la denuncia resulta infundada, aunque oficiosamente la fiscal¨ªa les ha ofrecido toda suerte de cautelas. Aparicio, que suele explicitar esta falta de iniciativa de los bancos, urge en la memoria a que Espa?a incorpore a su legislaci¨®n los textos internacionales suscritos -Convenio de Viena de 1988 y directiva de la Comunidad Europea de junio pasado-, que solucionan este problema al dar garant¨ªas a los denunciantes, proscribir el secreto bancario y sancionar las pasividades o complicidades en este terreno.

Aparicio ensalza la adopci¨®n por los bancos de tales normas internas, "que podr¨ªan haber sido m¨¢s amplias", pero admite que "son adicionales e independientes de cualquier otra disposici¨®n legal", por lo que urge a actualizar las leyes. El fiscal antidroga llama "la atenci¨®n de las autoridades sobre la necesidad de extender estas normas no s¨®lo a las entidades de cr¨¦dito, sino a los dem¨¢s agentes econ¨®micos susceptibles de ser manipulados en acciones de blanqueo (intermediarios del mercado de valores, compa?¨ªas de seguros, agencias de viajes, casinos, oficinas de cambio, inmobiliarias, emisores de tarjeta de cr¨¦dito, etc¨¦tera)". Aparicio denuncia "los medios claramente insuficientes" de esta fiscal¨ªa para investigar este complejo fen¨®meno.

Puerta compartida

Seg¨²n la memoria, si en la lucha contra el narcotr¨¢fico a gran escala se han alcanzado notables ¨¦xitos, hasta el punto de que "internacionalmente se ha reconocido que Espa?a ha dejado de ser la ¨²nica puerta de la entrada de la coca¨ªna en Europa", por el contrario, "no se ha avanzado lo mismo en el peque?o tr¨¢fico, que es el que m¨¢s directamente percibe -y sufre- el ciudadano, como sucede, hasta ahora, con el irresuelto problema del consumo". Como una soluci¨®n, se defiende que el consumo en p¨²blico de drogas "debe ser sancionado administrativamente con medidas en¨¦rgicas, realistas, eficaces y disuasorias".El fiscal antidroga propone la regulaci¨®n de la figur¨¢ del narcotraficante arrepentido, que estima esencial para "evitar las altas cotas de ?mpunidad" de los capos de estas organizaciones. Aparicio solicita la "modificaci¨®n, por insuficiente" del art¨ªculo del C¨®digo Penal que regula la suspensi¨®n condicional de la condena a toxic¨®manos. El fiscal antidroga reclama la potestad de poder decomisar provisionalmente los activos procedentes del blanqueo y la creaci¨®n de un ¨®rgano espec¨ªfico de apoyo para la investigaci¨®n patrimonial.

Tambi¨¦n solicita que se regule la figura de la "entrega vigilada" de droga, para deslindarla del delito provocado y que la fiscal¨ªa antidroga intervenga cuando a Espa?a se le solicite la extradici¨®n de un narcotraficante.