Dando palos de ciego

El autor atribuye en parte al "malestar con el que las Fuerzas Armadas asisten al debate pol¨ªtico sobre el servicio militar" los intentos del Ministerio de Defensa de penalizar a los ciudadanos que se declaran insumisos, y estima que las medidas no parecen acordes con la Constituci¨®n vigente. El articulista cree que la ceguera del ministro de Defensa a la hora de reconocer los derechos de los objetores de conciencia e insumisos ha agriado la discusi¨®n.

Pr¨®ximamente, el Congreso de los Diputados debatir¨¢ el proyecto de ley de reforma del servicio militar, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio. Aun cuando en su redacci¨®n se recogen las conclusiones de la ponencia creada en el Congreso, en la que se impusieron las tesis del PSOE y del PP de mantener unas Fuerzas Armadas de car¨¢cter mixto, el tema m¨¢s pol¨¦mico del anteproyecto que estudi¨® y aprob¨®, el Gobierno fueron las intenciones del ministro de Defensa de inhabilitar primero, o dificultar si ello no era posible, el acceso de insumisos a empleos p¨²blicos.Esta cuesti¨®n que ning¨²n grupo pol¨ªtico plante¨® en la ponencia del Congreso apareci¨® en los borradores que distribuy¨® el ministerio en los d¨ªas previos a su aprobaci¨®n por el Consejo de Ministros, con una redacci¨®n mucho m¨¢s dura, inhabilitando de por vida a los insumisos, pero, dada su manifiesta inconstitucionalidad e inoportunidad, se sustituy¨® por otro redactado de forma mucho m¨¢s suave, pero igualmente inconstitucional seg¨²n el cual para el ingreso en las administraciones p¨²blicas tendr¨¢ preferencia quien acredite haber cumplido el servicio militar o la prestaci¨®n social sustitutoria.

Trabas

Esta disposici¨®n, que no afectar¨ªa ni a las mujeres ni a los excluidos totales por inutilidad, signficar¨ªa una traba a la hora de opositar o acceder a un contrato temporal con la Administraci¨®n no s¨®lo a los insumisos, sino tambi¨¦n al resto de objetores, dado que, como es sabido, deben esperar unos dos a?os desde que se manifiestan dispuestos a realizar la prestaci¨®n hasta que son llamados a incorporarse. Tambi¨¦n perjudican a quienes gocen de exclusiones m¨¦dicas temporales -pendientes de una nueva revisi¨®n a los dos a?os, tras lo que se alcanzar¨ªa la inutilidad definitiva- y a quienes disfruten de un aplazamiento de un a?o por tener un hermano incorporado a la mili o la prestaci¨®n social. Pero para quienes esta disposici¨®n resulta m¨¢s absurda y lesiva son los que est¨¦n en pr¨®rrogas por estudios -una de cuyas modalidades es la preparaci¨®n de oposiciones-, quienes tengan la pr¨®rroga de primera clase por ser necesario su sueldo para mantener a la familia y quienes tengan la nueva pr¨®rroga de tercera clase, que se concede por razones de tipo laboral para consolidar un puesto de trabajo. Ello perjudicar¨¢ a los interinos que se acojan a la misma en espera de la convocatoria de oposiciones, en las que se ver¨¢n penalizados por tener la pr¨®rroga.

Si el Parlamento aprueba esta disposici¨®n, significar¨¢, de hecho, una modificaci¨®n de la legislaci¨®n estatal, auton¨®mica y local de funci¨®n p¨²blica y contrataci¨®n de personal, realizada por un procedimiento irregular que, adem¨¢s de perjudicar a quienes disfrutasen de las pr¨®rrogas o exclusiones temporales, castigar¨ªa indefinidamente a aquellos j¨®venes que cometen algo que hoy es delito, pero que probablemente alg¨²n d¨ªa no lejano dejar¨¢ de serlo, cuando desaparezca la obligatoriedad del servicio militar.

Cr¨ªticas a Justicia

Pero no es esta la primera ocasi¨®n que el nuevo titular de Defensa se entromete o enfrenta con otro ministerio o realiza propuestas descabelladas dando palos de ciego para intentar frenar el crecimiento cuantitativo de la objeci¨®n e insumisi¨®n. El pasado 17 de junio, en su comparecencia en el Senado, tras criticar abiertamente al Ministerio de Justicia por la lentitud del desarrollo de la prestaci¨®n social sustitutoria, sugiri¨® la posibilidad de militarizar el r¨¦gimen de disciplina de la prestaci¨®n de los objetores.

Estas propuestas responden, sin lugar a dudas, al malestar con el que las Fuerzas Armadas asisten al debate pol¨ªtico sobre el servicio militar, al rechazo social a la mili y al eco que ello ha obtenido en las fuerzas pol¨ªticas y en los medios de comunicaci¨®n. Es cierto, como dice el ministro, que en ning¨²n otro pa¨ªs europeo el debate ha adquirido el nivel espa?ol, ni los insumisos tienen la fuerza aqu¨ª demostrada, pero ello se ha producido, en parte, por los m¨²ltiples errores y tozudeces del ministerio.

No es s¨®lo el trato dispensado a los reclutas o el pasado hist¨®rico de nuestros ej¨¦rcitos. La taca?er¨ªa con la que se regul¨® la objeci¨®n de conciencia en 1984 y las sorprendentes sentencias del Tribunal Constitucional en 1987 desautorizando los recursos del Defensor del Pueblo y la Audiencia Nacional reforzaron las tesis m¨¢s radicales de los colectivos de objetores que se vieron abocados a una campa?a de desobediencia sin precedentes en Europa. La negativa a dialogar con los sectores o grupos digamos m¨¢s moderados, que consiguieron hace algo m¨¢s de un a?o impugnar parcialmente el Reglamento de la Prestaci¨®n Social, ha llevado tambi¨¦n a ¨¦stos a plantear formas de desobediencia. Los jueces civiles est¨¢n dando largas a los procesos por negativa a cumplir la prestaci¨®n social y han denunciado en diversas ocasiones la excesiva dureza de las penas de prisi¨®n de hasta seis a?os que impone la ley. Ahora, seg¨²n el proyecto de ley de reforma del servicio militar, tambi¨¦n tendr¨¢n que hacerse cargo de los 1.500 insumisos a la mili a quienes, por instrucciones del Ministerio de Defensa, los jueces y fiscales militares hicieron en lo posible la vista gorda.

Esperemos que la actual pretensi¨®n de perjudicar a la hora de acceder a puestos de trabajo en la Adiministraci¨®n no prospere. Tal vez todo acabar¨¢ con que el tiempo prestado se computar¨¢ a efectos de trienios o como un m¨¦rito a efectos de destino una vez adquirida la plaza en igualdad de condiciones. Pero endureciendo la legislaci¨®n con propuestas como ¨¦sta s¨®lo dificultan una transici¨®n tranquila hacia el Ej¨¦rcito profesional. El n¨²mero de objetores, que se dispar¨® tras el env¨ªo de soldados de quinta al Golfo, no, disminuir¨¢ haga lo que haga el Gobierno. Igualmente, es dudoso creer que el Estado pueda soportar la presi¨®n de m¨¢s de 2.000 pacifistas encarcelados durante las celebraciones de 1992, pero si se hace la vista gorda un a?o m¨¢s, su fuerza ser¨¢, afortunadamente, imparable.

Situaci¨®n sin retorno

Ni los insumisos son insolidarios ni algo que deba pararse para asegurar la continuidad del servicio militar obligatorio. Los m¨²ltiples errores y trabas a la objeci¨®n y las condiciones con la que todav¨ªa se presta la mili han llevado a esta situaci¨®n tal vez sin retorno. La pelota no est¨¢ ni en las fuerzas pol¨ªticas que rechazan el servicio militar obligatorio, ni en los medios de comunicaci¨®n por recoger un sentimiento real de la sociedad, ni en los colectivos pacifistas de objetores e insumisos. Est¨¢ y ha estado siempre en el tejado del Ministerio de Defensa y de los cuarteles espa?oles, pero, por no reconocer esta evidencia, las cosas han llegado a la situaci¨®n actual mientras el nuevo ministro da palos de ciego.