Consejo aletargado

NO YERRA mucho el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Jos¨¦ Luis Manzanares, cuando diagnostica que este organismo est¨¢ moribundo, por falta de competencias. Es algo constatable para quien quiera ver y es, desde luego, la impresi¨®n general existente en los medios judiciales. Tambi¨¦n en los pol¨ªticos. Los vocales que han planteado la reprobaci¨®n de Manzanares deber¨ªan haber aprovechado el revulsivo de esas declaraciones, independientemente de la ideolog¨ªa de quienes las han hecho, para suscitar un debate serio sobre la cuesti¨®n y ver la forma de sacar a la instituci¨®n de su letargo. La actitud de la mayor¨ªa del CGPJ, que ha desaprobado las declaraciones de su vicepresidente, es dif¨ªcilmente entendible si no se considera como una reacci¨®n en defensa propia, aunque se puedan alegar razones de inoportunidad en las palabras de Manzanares.Tampoco puede tildarse de incoherente la actitud del vicepresidente del CGPJ de no dimitir de un organismo que juzga inoperante. Incluso si su diagn¨®stico fuera incierto tendr¨ªa otro tipo de responsabilidades que la obligaci¨®n de dimitir; entre otras, la de procurar cambiar la situaci¨®n. La funci¨®n de vocal del CGPJ no responde a ning¨²n nombramiento de confianza, sino que est¨¢ vinculada, aunque de forma indirecta, con el mandato popular mediante su designaci¨®n parlamentaria. Los vocales del CGPJ se deben exclusivamente a este mandato en la defensa de sus posiciones sobre la justicia. Nadie considerar¨ªa obligada la dimisi¨®n de un diputado por el hecho de criticar el funcionamiento del Parlamento.

Por otra parte, no ser¨ªa deseable que la denuncia hecha por el vicepresidente del CGPJ derivase, interiormente, en una guerra partidista entre los vocales elegidos a propuesta del PSOE y los propuestos por el PP, el m¨¢s relevante de los cuales es precisamente Manzanares. Ser¨ªa tanto como dar la raz¨®n a quienes descalifican la designaci¨®n parlamentaria de los vocales del CGPJ aduciendo que ello politiza la justicia, enfeudando la instituci¨®n a los intereses y a las t¨¢cticas de los partidos.

Es cierto que la derecha judicial fue reticente, primero, ante la creaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, un ¨®rgano concebido por el movimiento de Justicia Democr¨¢tica en las postrimer¨ªas del franquismo e incluido en la Constituci¨®n con el aval de los partidos de la oposici¨®n democr¨¢tica a la dictadura. Y que, una vez que cop¨® la totalidad de las vocal¨ªas atribuidas al estamento judicial en el primer Consejo General del Poder Judicial (1980-1985), intent¨® hacer de esta instituci¨®n una especie de baluarte frente a las pol¨ªticas reformistas de los Gobiernos de UCD y del PSOE.

Precisamente, para evitar la utilizaci¨®n corporativista por parte de los jueces del ¨®rgano de gobierno de uno de los poderes del Estado -el judicial- los socialistas establecieron en 1985 la designaci¨®n por el Parlamento de todos sus miembros. Pero paralelamente redujeron dr¨¢sticamente sus competencias. Desde entonces ac¨¢ la contradicci¨®n es inocultable: la instituci¨®n ha reforzado su legitimidad de origen, es m¨¢s representativa, pero incide poco en el ¨¢mbito de la pol¨ªtica judicial.

Esta incoherencia es, justamente, lo que se?ala el diagn¨®stico del vicepresidente del CGPJ. Todos los vocales deber¨ªan estar interesados en resolverla con f¨®rmulas institucionales, m¨¢s oportunas que el voluntarismo bienintenciado de algunos de ellos, y no permitir que esta tarea -razonable y constitucionalmente exigible- sea monopolizada por otras fuerzas y opciones pol¨ªticas.