El caso del 146 o cuando Espa?a dice no

El art¨ªculo 146 del proyecto de tratado hacia la uni¨®n europea -que se discutir¨¢ en la cumbre de Maastrich- ha pasado desapercibido para todo el mundo, menos para Espa?a. El Gobierno espa?ol ya ha hecho saber que lo considera casus belli, es decir, "absolutamente inaceptable".Se trata de un art¨ªculo aparentemente anodino en el que se establece la composici¨®n del Consejo. Con el nuevo texto se abrir¨ªa la posibilidad de que alg¨²n Gobierno env¨ªe a un representante regional, algo que no ser¨ªa extra?o, por ejemplo, en el caso belga, pa¨ªs dividido entre flamencos y valones. Espa?a considera que el riesgo de "contagio" es intolerable y ha anunciado que no aceptar¨¢ esa redacci¨®n.

El caso del art¨ªculo 146 es s¨®lo uno de los muchos en los que una lectura atenta del borrador de tratado pone de relieve serios inconvenientes para los pa¨ªses firmantes. Los dos grandes caballos de batalla para Espa?a son la "cohesi¨®n" (dicho en plata, que los pa¨ªses menos ricos reciban m¨¢s ayuda econ¨®mica) y el medio ambiente. En el primer caso, los Doce han desechado ya la propuesta espa?ola de un fondo de compensaci¨®n interestatal, que s¨®lo ser¨ªa posible si Europa fuera de verdad una federaci¨®n. El proyecto de tratado no da satisfacci¨®n a Espa?a, pero tampoco impedir¨¢ que se encuentren despu¨¦s los mecanismos adecuados para favorecer el trasvase de recursos.

Muchas personas que han hablado en los ¨²ltimos meses con el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, se han sorprendido por su aparente obsesi¨®n por conseguir que los temas de ecolog¨ªa se aprueben exclusivamente por unanimidad en el seno del Consejo de Ministros, sin que la Comisi¨®n (los funcionarios) ni el Parlamento Europeo tengan nada que decir. "?Ellos, que se han cargado al lince, me van a explicar a m¨ª c¨®mo protegerlo!", afirmaba indignado Gonz¨¢lez ante un grupo de periodistas hace menos de un a?o.

Financiaci¨®n

Por supuesto, no se trata del lince ni de una pol¨ªtica antiecologista, sino del riesgo de que se imponga una serie de normas (protecci¨®n de reservas naturales, impuesto sobre la contaminaci¨®n, etc¨¦tera) con un alto coste econ¨®mico, sin que se establezcan los correspondientes mecanismos de financiaci¨®n.El lema "el que contamina, paga", a escala comunitaria, ser¨ªa un desastre para la pol¨ªtica gubernamental espa?ola. M¨¢s todav¨ªa si esa normativa queda en manos de funcionarios de la Comisi¨®n o de los parlamentarios europeos, muy afectados por las tendencias ecologistas que existen en sus propios pa¨ªses.

Es cierto que los grupos verdes comprenden el problema y exigen que la CE destine fondos comunitarios suficientes para mantener esa pol¨ªtica, pero tambi¨¦n lo es que el borrador de tratado no lo establece claramente.

A la hora de la verdad, el Gobierno espa?ol teme que la ecolog¨ªa se convierta en algo prioritario, incluso desde el punto de vista electoral, para los colegas de los pa¨ªses m¨¢s desarrollados, mientras que sigue siendo mucho menos acuciante para los que no han alcanzado ni los niveles de desarrollo ni los de contaminaci¨®n de los grandes. Como explica algo simplistamente pero con iron¨ªa el ministro Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, "es como si el vecino tiene dos coches y yo ninguno y me dicen que para proteger el aire hace falta que todo quede como est¨¢".

En cualquier caso, la negociaci¨®n parece pr¨¢cticamente perdida, porque todo el mundo, menos Espa?a, est¨¢ de acuerdo en que el medio ambiente es, precisamente, uno de los pocos temas en los que debe imponerse el voto mayoritario e, incluso, conceder alg¨²n tipo de control al Parlamento de Estrasburgo. Y como asegura Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, "cada vez que se vota en este tema, resulta que Espa?a tiene que pagar".

Tampoco est¨¢n recogidas en el proyecto de tratado las reservas del Gobierno espa?ol a todo lo que tiene que ver con temas sociales. Madrid estaba indignado con una propuesta holandesa seg¨²n la cual el tema de las remuneraciones (un salario europeo interprofesional m¨ªnimo, por ejemplo) podr¨ªa decidirse en la CE por unanimidad.

La retirada del texto holand¨¦s supuso un alivio, pero no despeja completamente las dudas. Se podr¨ªa decir que Gonz¨¢lez pone tanto empe?o en mantener en sus propias y exclusivas manos todo lo relativo a la seguridad y protecci¨®n social como John Major en asegurarse que la defensa es de su exclusiva competencia.

Una vez m¨¢s, la explicaci¨®n de la postura espa?ola es econ¨®mica. Si Bruselas fijara un salario m¨ªnimo interprofesional demasiado alto, seg¨²n los par¨¢metros del Gobierno espa?ol, se ver¨ªa afectada no s¨®lo nuestra competitividad, sino tambi¨¦n el d¨¦ficit p¨²blico (puesto que el salario m¨ªnimo interviene en la fijaci¨®n de pensiones, que tendr¨ªan igualmente que subir). "Si fijan un salario m¨ªnimo, habr¨¢ que fijar tambi¨¦n por reglamento un m¨ªnimo de productividad", se quejaba un pol¨ªtico espa?ol.

Todo se complica todav¨ªa m¨¢s porque, por otra parte, los acuerdos econ¨®micos, que Espa?a est¨¢ dispuesta a aceptar, la obligar¨ªan a mantener un d¨¦ficit similar al de Alemania o Francia. Y si no lo hace as¨ª, no podr¨ªa ingresar en el club de los grandes.

En general, los negociadores espa?oles mantienen una actitud que ellos mismos califican de "pragm¨¢tica". Por ejemplo, no se oponen al desarrollo de una pol¨ªtica exterior y de seguridad com¨²n, pero, en cambio, se sentir¨¢n muy preocupados si prospera la idea de decidir por mayor¨ªa cualificada (y no por unanimidad) con qu¨¦ pa¨ªses terceros se firman acuerdos de cooperaci¨®n al desarrollo. Visto el inter¨¦s de Alemania y de los pa¨ªses del norte por la Europa del Este y la URSS, intuyen que ser¨¢ muy dif¨ªcil lograr que se autoricen ayudas para Am¨¦rica Latina o para el sur del Mediterr¨¢neo, algo que se supone es un "pilar b¨¢sico" de la pol¨ªtica exterior desarrollada por Espa?a hasta ahora.