El Gobierno pretende cerrar emisoras por divulgar y 'publicar' conversaciones privadas
El Gobierno podr¨¢ cerrar emisoras de radio que divulguen, por ejemplo, conversaciones telef¨®nicas u otro tipo de telecomunicaciones no destinadas al p¨²blico en general, seg¨²n se contempla en el proyecto de ley de modificaci¨®n de la Ley de Ordenaci¨®n de Telecomunicaciones (LOT), al que ha tenido acceso este peri¨®dico. El proyecto de ley, probado en el Consejo de Ministros del pasado d¨ªa 11, y que todav¨ªa no ha sido registrado en el Congreso de los Diputados, pretende adaptar la LOT al marco jur¨ªdico comunitario en materia de telecomunicaciones, seg¨²n se especifica en el pre¨¢mbulo.
Son consideradas infracciones muy graves en el art¨ªculo 33 del anteproyecto "la divulgaci¨®n de contenidos o de la simple existencia, la publicaci¨®n o cualquier otro uso, sin autorizaci¨®n, de toda clase de informaci¨®n obtenida mediante la interceptaci¨®n, o recibida de forma involuntaria, de telecomunicaciones no destinadas al uso p¨²blico en general".Tambi¨¦n se considera infracci¨®n muy grave en el mismo art¨ªculo "la interceptaci¨®n sin autorizaci¨®n de telecomunicaciones no destinadas al uso p¨²blico en general". Todas estas infracciones, calificadas en el anteproyecto como muy graves, ser¨¢n sancionadas con multas de hasta diez millones de pesetas, y "podr¨¢n dar lugar a la revocaci¨®n definitiva del t¨ªtulo administrativo habilitante del servicio que preste el infractor. Asimismo podr¨¢ acordarse la suspensi¨®n provisional de las instalaciones por un plazo m¨¢ximo de seis meses como medida del aseguramiento de la eficacia de la resoluci¨®n definitiva que se adopte".
La nueva medida legislativa que pretende instaurar el Gobierno contrasta vivamente con el resto de los pa¨ªses europeos en cuyas legislaciones no se contemplan en absoluto medidas tales como el cierre de una emisora legal por divulgar determinados contenidos. Por el contrario, en estos pa¨ªses las leyes y las acciones administrativas se encaminan a proteger y a limpiar el espectro radiol¨¦ctrico de interferencias o de emisiones piratas.
Derecho a la informaci¨®n
El ministro de Obras P¨²blicas y Transportes, Jos¨¦ Borrell, responsable del proyecto de ley, dijo tras el Consejo de Ministros que aprob¨® el proyecto que con esta ley en la mano y si se hubiera considerado falta muy grave se podr¨ªa haber retirado la licencia a la emisora que emiti¨® conversaciones telef¨®nicas mantenidas desde su autom¨®vil por el secretario de organizaci¨®n del PSOE, Txiki Benegas. En los di¨¢logos, emitidos por la SER, Benegas hac¨ªa comentarios internos sobre su partido y sus relaciones con Carlos Solchaga. Recientemente, un juez de Madrid archiv¨® la querella presentada contra la SER por este motivo por entender que en la difusi¨®n de las conversaciones primaba el derecho a la informaci¨®n sobre el derecho a la privacidad de Benegas. Borrell coment¨® entonces que el derecho a la informaci¨®n no tiene nada que ver con la modificaci¨®n de la LOT y se?al¨® que el Gobierno se estaba limitando a transcribir a la ley espa?ola las obligaciones y sanciones previstas en los convenios internacionales firmados por Espa?a.
Las nuevas medidas que pretende establecer la LOT han sido, sin embargo, fuertemente contestadas en distintos medios de comunicaci¨®n y criticadas por expertos juristas. La Asociaci¨®n Espa?ola de Radiodifusi¨®n Privada (AERP) ha anunciado que recurrir¨¢ judicialmente en su momento para "dejar sin efecto el art¨ªculo 33 del anteproyecto de modificaci¨®n de la LOT y todas las normas que limiten la libertad de expresi¨®n". La junta directiva de la AERP, que se reuni¨® el pasado jueves, con la ausencia de representantes de Onda Cero, manifest¨® que la modificaci¨®n de la LOT supondr¨ªa otra conculcaci¨®n de la Constituci¨®n, al asumir la Administraci¨®n un ¨¢mbito que la Carta Magna reserva a los jueces".
La capacidad sancionadora de la Administraci¨®n se ampl¨ªa tambi¨¦n a las interferencias producidas por "estaciones de radiodifusi¨®n que est¨¦n Instaladas o en funcionamiento a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto flotante o aerotransportado que transmita emisiones desde fuera del territorio nacional para su recepci¨®n o posible recepci¨®n total o parcial en ¨¦ste". Estas emisiones ser¨¢n consideradas tambi¨¦n como infracciones muy graves.
Liberalizaci¨®n
El proyecto de modificaci¨®n de la LOT afecta a 15 art¨ªculos, una disposici¨®n adicional y cuatro disposiciones transitorias. Con la nueva ley se pretende, adem¨¢s de modificar y ampliar las sanciones en materia de difusi¨®n de telecomunicaciones privadas, liberalizar determinados servicios de telecomunicaciones, quebrar en parte el monopolio de la Telef¨®nica, que ostentar¨¢ s¨®lo el monopolio del servicio telef¨®nico b¨¢sico, mientras que, por ejemplo, la telefon¨ªa m¨®vil autom¨¢tica se liberalizar¨¢ a partir del 31 de diciembre de 1993. Adem¨¢s de la telefon¨ªa b¨¢sica quedar¨¢ en monopolio del Estado el servicio de t¨¦lex y telegramas, pero se liberalizar¨¢ el resto de los servicios, como el telefax o burofax, el videotel¨¦fono (cuando exista) y la transmisi¨®n de datos.
Una medida sin precedentes en Europa
Las medidas de cierre o suspensi¨®n de emisoras que pretende introducir la ley de modificaci¨®n de la LOT no tienen precedentes en ninguno de los pa¨ªses en los que el sector audiovisual se encuentra m¨¢s avanzado. En Francia, ninguna ley permite al Estado ordenar el cierre 0 la suspensi¨®n de una emisora de radio. Las sanciones que dicta el Consejo de lo Audiovisual suelen estar relacionadas con problemas t¨¦cnicos o con emisoras piratas sin licencias y no con el contenido de la programaci¨®n. El contenido de los programas se rige por el c¨®digo de deontolog¨ªa profesional. Un particular que se sienta difamado puede poner una denuncia, y ¨¦sta se resuelve dentro del C¨®digo Penal. En ning¨²n caso el Estado franc¨¦s puede emprender una acci¨®n administrativa.
El Gobierno alem¨¢n tampoco tiene competencias ni atribuciones sobre la radiodifusi¨®n, tanto p¨²blica como privada. S¨®lo los l?nder (Estados federados o regiones) tienen autoridad en la materia, pero s¨®lo a trav¨¦s de sus respectivos Parlamentos. La radiodifusi¨®n privada est¨¢ controlada a trav¨¦s del Instituto de Radiotelevisi¨®n, que concede las licencias y vigila y controla las emisiones. A su autoridad se someten la sociedades concesionarias. La retirada del permiso para emitir es objeto de un proceso judicial.
El Gobierno brit¨¢nico no tiene potestad de sanci¨®n sobre los medios de comunicaci¨®n, aunque ha advertido que si la empresa no arbitra medidas de autocontrol lo har¨¢ el Gobierno. La Administraci¨®n actual ha prohibido que dirigentes del Ej¨¦rcito Republicano Irland¨¦s (IRA) hablen por radio o televisi¨®n. La BBC solventa esta prohibici¨®n poniendo sus palabras en subt¨ªtulos. Cuando un ministro se siente calumniado en los medios, su recurso es el de cualquier ciudadano, es decir, presentar a t¨ªtulo personal, no como ministro, una demanda por libelo.
Las leyes italianas prev¨¦n multas e incluso la suspensi¨®n profesional del director de la emisora de radio o de televisi¨®n que emita conversaciones privadas, pero no contempla la posibilidad de perseguir a la emisora como organismo n 1 mucho menos el cerrarla. La emisi¨®n de conversaciones s¨®lo puede perseguirse por la v¨ªa penal. En Italia, la suspensi¨®n a una emisora por hacer p¨²blicas, por ejemplo, conversaciones privadas era una medida que exist¨ªa bajo el fascismo, pero hoy es impensable.
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