Derrabe general

LA RACIONALIDAD econ¨®mica no debe ser el exclusivo criterio inspirador de las decisiones de pol¨ªtica econ¨®mica, singularmente de aquellas que tienen que ver con problemas como el empleo u otros de eminente dimensi¨®n social. Del mismo modo resulta descabellado pensar que puede prescindirse de manera permanente de tal criterio sin que ello acabe afectando no ya s¨®lo a la econom¨ªa como tal, sino a la justicia social en s¨ª misma. No es muy popular decirlo en v¨ªsperas de una huelga general como la convocada para ma?ana en Asturias, y que seguramente -a juzgar por lo heterog¨¦neo de las fuerzas que la apoyan- contar¨¢ con un amplio seguimiento. Pero nadie ignora en esa regi¨®n que la situaci¨®n de las minas de carb¨®n agrupadas en la empresa Hunosa es insostenible. Las subvenciones con cargo a los presupuestos destinadas a cubrir las p¨¦rdidas de su explotaci¨®n se han multiplicado por tres desde 1981. Ya entonces se sab¨ªa que las posibilidades de hacer rentables las extracciones eran nulas. Lo que entonces no se hizo por falta de voluntad pol¨ªtica tendr¨¢ que abordarse ahora en condiciones notablemente m¨¢s desfavorables. Y si, por efecto de presiones combinadas como la que se expresa en esta huelga general, tampoco se abordase ahora el problema de fondo, tal vez dentro de algunos a?os sea imposible soluci¨®n alguna. Sencillamente, porque ning¨²n Gobierno responsable, cualquiera que sea su signo, soporta una hemorragia de dinero como la que se est¨¢ enterrando en la miner¨ªa asturiana.

El plan de reconversi¨®n de Hunosa puede hacerse de manera ordenada o precipitadamente, pero lo que no es posible es hacerlo sin tocar las plantillas actuales. El mineral que se extrae de los pozos de Hunosa contiene una proporci¨®n de carb¨®n apenas superior al 50%, muy por debajo de los ¨ªndices registrados en los principales yacimientos del mundo (y aun de otros pozos de la propia Asturias). Ello hace que cada kilogramo de carb¨®n extra¨ªdo cueste hasta tres veces su valor en el mercado. En otras econom¨ªas, un dato as¨ª habr¨ªa significado el cierre inmediato de las explotaciones. Si aqu¨ª se ha procedido de manera diferente ha sido en atenci¨®n al peso de los argumentos sociales esgrimidos: una cuenca cuyos 200.000 habitantes dependen b¨¢sicamente de la mina. Pero para que resulte aceptable que los impuestos de todos los espa?oles financien el elevado coste de una reconversi¨®n -unos 250.000 millones de pesetas en jubilaciones anticipadas y otras medidas- ser¨¢ preciso obtener garant¨ªas de que las subvenciones a la explotaci¨®n no seguir¨¢n aumentando indefinidamente.

Las p¨¦rdidas de Hunosa en 1991 alcanzar¨¢n, seg¨²n acaba de reconocer su presidente, los 65.000 millones de pesetas, un 300% m¨¢s que en 1981. A este ritmo, el desembolso del Estado en subvenciones a fondo perdido podr¨ªa alcanzar de aqu¨ª al a?o 2000 una cifra superior al bill¨®n de pesetas. Parece evidente que tal cosa no ser¨ªa aceptable, no ya para los Gobiernos que dirijan la pol¨ªtica espa?ola durante esta d¨¦cada, sino para el conjunto de los ciudadanos. La discusi¨®n, entonces, habr¨¢ de orientarse a determinar el ritmo y los plazos de la reducci¨®n de plantilla necesaria para detener ese deslizamiento; pero el ajuste es inevitable. Y ello porque la alternativa no es disfrazar las subvenciones (que penaliza la CE) con otros nombres, sino el cierre inmediato de todos los pozos que no sean rentables.

Pero el problema de Asturias no se acaba con la soluci¨®n de Hunosa, sino mediante la creaci¨®n de las mejores condiciones para la reindustrializaci¨®n -p¨²blica y privada- de la regi¨®n y, m¨¢s ampliamente, de toda la cornisa cant¨¢brica, afectada de forma espec¨ªfica por la crisis de las industrias de chimenea y de una buena parte de la empresa p¨²blica industrial. Para ello no es precisamente lo mejor el clima generado por una huelga general, sino el pacto entre Gobierno, sindicatos y empresarios.