Varapalo did¨¢ctico

HA ACERTADO el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al imprimir un tono did¨¢ctico en su respuesta a los ¨²ltimos ataques procedentes del ¨¢mbito pol¨ªtico contra la actuaci¨®n de los jueces. Tal metodolog¨ªa, aun en el supuesto de que fuera un subterfugio para eludir un pronunciamiento m¨¢s contundente, resulta ser la apropiada a la naturaleza de las manifestaciones que trataba de responder. Manifestaciones cuya significaci¨®n no radica tanto en su contenido cr¨ªtico ante actuaciones concretas de los jueces como en el desconocimiento que revelan respecto de su funci¨®n en el Estado de derecho y del papel que les corresponde en la represi¨®n de la delincuencia.El que el CGPJ haya salido p¨²blicamente al paso de las ¨²ltimas arremetidas contra algunos representantes del poder judicial es parte de su principal obligaci¨®n: velar por la independencia del juez en el ejercicio de la funci¨®n jurisdiccional que le atribuye la Constituci¨®n. Y no puede negarse que tal independencia ha sido puesta en entredicho por el ministro del Interior al exigir de los jueces, por una concepci¨®n err¨®nea de su funci¨®n, un cometido que no les corresponde. Habr¨ªa sido muy conveniente, en todo caso, que desde el propio Ejecutivo, y no s¨®lo desde el CGPJ, se hubiera puesto de manifiesto la improcedencia de estas actitudes, cuando se exponen de forma irrespetuosa, fundamentalmente por el mensaje distorsionador de las reglas del Estado de derecho que dejan traslucir.

Este tipo de declaraciones, que incluso presumen actuaciones prevaricadoras de los jueces -es el caso de las realizadas de modo precipitado por el presidente del Partido Popular, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, con motivo de haber sido citado como testigo en el juicio de la construcci¨®n en Burgos-, no deber¨ªan tener cabida en el c¨®digo de conducta de los responsables p¨²blicos, salvo que pudieran demostrarlas. Ante comportamientos tan atolondrados no cab¨ªa mejor postura que la adoptada por el Consejo: redactar una especie de catecismo constitucional sobre el poder judicial para uso de cuantos pol¨ªticos y ciudadanos en general, sea cual sea su oficio, est¨¦n necesitados de poner al d¨ªa sus conocimientos sobre el tema. Aunque existe un punto err¨®neo en la did¨¢ctica del CGPJ que convendr¨ªa rectificar cuanto antes y es el que compara determinadas decisiones judiciales, se?aladas desde el poder pol¨ªtico como obst¨¢culos a la labor policial, con casos de presuntos delitos atribuidos a la polic¨ªa. Equiparar los dos supuestos implica que tales decisiones judiciales pueden ser tambi¨¦n delictivas, en cuyo caso no bastar¨ªa con recurrirlas. Habr¨ªa que querellarse por prevaricaci¨®n contra sus autores.

El recordatorio hecho por el CGPJ es especialmente ¨²til para aclarar conceptos en la lucha contra la delincuencia. Contraponer eficacia y legalidad o constitucionalidad en la represi¨®n del delito y presentar como un obst¨¢cido en esta lucha el papel del juez puede tener varias interpretaciones. La m¨¢s inocente ser¨ªa la de que los propaladores de tales ideas desconocen absolutamente nuestro sistema legal y procesal, o que intentan, de este modo, echar sobre espaldas ajenas sus propios fracasos. Otra, m¨¢s preocupante, ser¨ªa la de que pretenden descalificar el actual marco constitucional de garant¨ªas y presionar para una reforma subrepticia del mismo.

En cualquier caso, esta situaci¨®n no corresponde a la realidad. Las 2.000 autorizaciones judiciales de registros domiciliarios otorgadas de una tacada en la ¨²ltima operaci¨®n policial, denominada Puntos Negros, son un ment¨ªs en toda regla de tal acusaci¨®n. Si de algo habr¨ªa que sorprenderse es de lo. contrario: de que los jueces sean tan propicios a los requerimientos polic¨ªales en operaciones que, por su car¨¢cter masivo, parecen carecer de la suficiente informaci¨®n previa sobre personas y domicilios a detener o registrar.

Si las pol¨¦micas entre los poderes que conforman el Estado son siempre arriesgadas y de dif¨ªcil valoraci¨®n, el conocimiento y asunci¨®n de las funciones que delimita la Constituci¨®n para cada uno de ellos son de obligado cumplimiento.