La vieja f¨®rmula de la modernidad

El supuesto b¨¢sico del viejo liberalismo, m¨¢s o menos ingenuamente defendido, era que, as¨ª como en la naturaleza el orden natural surge del cumplimiento de las leyes naturales, en la sociedad el orden social surge del cumplimiento de las leyes sociales. El ¨²nico requisito es, por tanto, que se cumplan las leyes que operan en la sociedad o, lo que es lo mismo, que se deje a la sociedad en la libertad de su propia autorregulaci¨®n.En estas circunstancias debe existir una separaci¨®n entre el Estado y la sociedad para que el Estado no interrumpa ni altere el delicado funcionamiento de los mecanismos sociales. El Estado debe limitarse a vigilar el libre juego del mercado y de la competencia entre las distintas fuerzas sociales y pol¨ªticas.

La historia, sin embargo, mostr¨® con rapidez una realidad distinta: el libre mercado no lleg¨® a existir pr¨¢cticamente nunca, las sociedades no se autorregulan, y lo que brota espont¨¢neamente no es tanto la armon¨ªa y el equilibrio como la contradicci¨®n y el desorden. Por eso el Estado liberal ha tenido que desempe?ar una funci¨®n m¨¢s activa de lo inicialmente previsto para que realmente existiera un cierto orden social. De ah¨ª que se produzca la aparente paradoja de que el liberalismo (y en definitiva el capitalismo), pese a su discurso antiestatal, necesita del Estado m¨¢s que ning¨²n otro sistema pol¨ªtico. Lo que ocurre es que necesita un determinado tipo de Estado apto para intervenciones selectivas y determinadas.

En las circunstancias actuales, fracasada la propuesta impl¨ªcita en el Estado social de hacer compatible capitalismo con bienestar general, se trata de presentar con visos de modernidad la vuelta a la vieja receta liberal. Frente a las intervenciones reguladoras del Estado social que, ciertamente, dificultaban el proceso de acumulaci¨®n, especialmente a partir de la crisis econ¨®mica de los a?os setenta, se trata de facilitar la recuperaci¨®n y el funcionamiento capitalistas a trav¨¦s del supuesto libre juego de las fuerzas socioecon¨®micas. Pero tambi¨¦n ahora, como en el pasado, la armon¨ªa no se ha producido. Por el contrario, y de manera acentuada por la complejidad de las sociedades modernas, el resultado es el desorden, que tiene como manifestaciones ostensibles los nuevos caracteres -cuantitativos y cualitativos- de la desigualdad, el paro, la marginaci¨®n o la delincuencia; es decir, la aparici¨®n de un n¨²mero cada vez mayor de demandas sociales insatisfechas. En estas condiciones es necesario configurar un tipo de Estado liberal capaz de hacer frente a este problema. Porque si las demandas sociales no pueden ser satisfechas... deben ser reprimidas para garantizar el orden, el libre funcionamiento y la estabilidad social. Al liberalismo econ¨®mico corresponde as¨ª el autoritarismo pol¨ªtico. La f¨®rmula ha mostrado su eficacia, porque permite una aplicaci¨®n flexible graduando los contenidos de sus componentes de acuerdo con las circunstancias.

Autoritarismo pol¨ªtico

La situaci¨®n espa?ola actual es reconocible en ese esquema te¨®rico. La pol¨ªtica econ¨®mica aplicada desde el principio por el Gobierno socialista ha respondido de forma progresivamente acentuada a los principios cl¨¢sicos del liberalismo econ¨®mico. La llamada Ley de la Seguridad Ciudadana responde a los principios cl¨¢sicos del autoritarismo pol¨ªtico. Solchaga y Corcuera, por utilizar estos nombres como inequ¨ªvocas referencias simb¨®licas, son dos momentos del cont¨ªnuum de la pol¨ªtica del Gobierno cuyo primer responsable es desde hace nueve a?os de manera continuada Felipe Gonz¨¢lez.Por todo ello son oportunos y se han hecho de forma competente los an¨¢lisis jur¨ªdico-concretos de la ley que han permitido desvelar los aspectos de inconstitucionalidad que se encuentran en las posibilidades que abre a la violabilidad de domicilio, detenci¨®n, discrecionalidad del poder ejecutivo o policial, elusi¨®n del control judicial y, en definitiva, los supuestos de indefensi¨®n y deterioro garantistas que alberga; sobre todo si se tiene en cuenta que la amplitud y cuidado con que en la Constituci¨®n Espa?ola se regulan estas materias muestra con toda claridad la mens constitutionis, de forma tal que si alg¨²n criterio debe presidir su desarrollo legislativo es el de continuar en esa actitud de amplitud y cuidado, de progreso y avance en la garant¨ªa de la libertad y, por consiguiente, la incompatibilidad con todo proyecto que incluya, ni siquiera potencialmente, una posibilidad restrictiva.

Pero en todo caso parece necesario ir m¨¢s all¨¢ y se?alar que poco se va a lograr con retoques o mejoras t¨¦cnicas o acuerdos que traten m¨¢s o menos habilidosamente de eludir un posible juicio de inconstitucionalidad. Porque lo grave es la racionalidad subyacente, la intencionalidad y hasta, probablemente, la necesidad pol¨ªtica de ese proyecto de ley. Se intenta dotar al Estado de un elemento m¨¢s de lo que se ha llamado, con terminolog¨ªa bien inquietante, el arsenal jur¨ªdico de las democracias. Y de eso se trata, de un arma que puede adecuar su uso a objetivos t¨¢cticos o estrat¨¦gicos. Y debe hacerse notar que ese manejo t¨¦cnico incluye consentir niveles altos de inseguridad, f¨¢cilmente rebajables, al objeto de suscitar en determinados sectores sociales deseos tales de seguridad y orden que la puesta en marcha de procesos autoritarios aparezca igualmente deseada y desde luego legitimada. La coincidencia con espec¨ªficas movilizaciones ciudadanas de estos d¨ªas hace pertinentes observaciones de este tipo.

Por lo dem¨¢s, el grosero montaje y la zafiedad de su representaci¨®n proporcionan a esta iniciativa pol¨ªtica su adecuada expresi¨®n est¨¦tica.