Los expertos insisten en que la 'ley Corcuera' sigue siendo inconstitucional

Las modificaciones introducidas por la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados en los art¨ªculos m¨¢s pol¨¦micos del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana son rechazadas por constitucionalistas, magistrados y penalistas, que coinciden en que no puede confundirse la situaci¨®n de libertad con la privaci¨®n de ella y en que la ley no puede alterar el concepto de flagrancia.

El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Miguel ?ngel Aparicio manifiesta que si se detiene a un ciudadano "para evitar un delito o falta, tal detenci¨®n exige todas las garant¨ªas". Respecto a la reforma del texto sobre entrada en domicilio sin autorizaci¨®n judicial, Aparicio estima que "se mantiene la misma situaci¨®n, ya que el precepto modificado es una interpretaci¨®n de lo que dice la Constituci¨®n, y el Tribunal Constitucional tiene vedado a la ley hacer preceptos interpretativos". Agrega que "el nuevo texto introduce mayor grado de excepcional¨ªdad y, adem¨¢s, deja indefenso al polic¨ªa, cuya seguridad jur¨ªdica disminuye".Ram¨®n Rodr¨ªguez Arribas, presidente de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), recuerda que el Tribunal Constitucional "no admite zona intermedia entre libertad y detenci¨®n, por lo que si se produce esta ¨²ltima situaci¨®n tiene que ser con todas las garant¨ªas, y el control judicial".

La referencia al conocimiento policial fundado, "no resuelve nada", opina el presidente de la APM, para quien "el concepto de flagrancia de la jurisprudencia y la doctrina, que exige observaci¨®n directa por alg¨²n sentido, no se puede redefinir en una ley".

Luis Manglano, miembro del secretariado de Jueces para la Democracia, considera que "si por infringir la orden ministerial que obliga a llevar el carn¨¦ de identidad bajo multa de 1.000 psetas, se admite la detenci¨®n, se vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la privaci¨®n de libertad".

En cuanto al conocimiento fundado, Manglano estima que "sigue siendo una invasi¨®n del poder judicial que la polic¨ªa decida sobre si se da el conocimiento fundado".