Gonz¨¢lez niega que la 'ley Corcuera' amenace las libertades

Felipe Gonz¨¢lez sali¨® ayer en defensa del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, a pocas horas de la manifestaci¨®n celebrada en Madrid para protestar contra la misma. La ley, asegur¨® en Praga, "no es una amenaza para las libertades". El PP, por su parte, mantiene abierta la posibilidad de negociar con el partido socialista el texto legal hasta su debate en el Senado. Mientras, mantendr¨¢ el voto contrario y defender¨¢ todas sus enmiendas.

El jefe del Gobierno aprovech¨® su visita a Checoslovaquia para intervenir personalmente, por vez primera, en la defensa de la ley. "Hace mucho tiempo que renunci¨¦ a dar lecciones de c¨®mo se consolida la democracia", dijo Gonz¨¢lez, seg¨²n informa Ignacio Cembrero. "S¨®lo quiero que se mire el cuadro de libertades que tienen pa¨ªses como Franc¨ªa, Italia, Alemania". Gonz¨¢lez dio a entender que las medidas de represi¨®n en esos pa¨ªses democr¨¢ticos son de un nivel superior a las previstas en la ley de Seguridad Ciudadana,"Si en un sector de la opini¨®n p¨²blica", agreg¨®, "se encuentra que esos instrumentos, de los que Espa?a va a disponer, no son los habituales para mantener la seguridad, podr¨¦ comprender la inquietud. Pero si ni siquiera llegamos a contar con ellos, entonces no lo entiendo". Gonz¨¢lez rechaz¨® que exista una ley Corcuera. Es un proyecto del Gobierno, dijo y ¨¦l como presidente lo asume.

Por su parte, el Grupo Popular, el ¨²nico en disposici¨®n de llevar la ley ante el Tribunal Constitucional (TC), no decidir¨¢ si interpone el recurso hasta la aprobaci¨®n definitiva de la ley, seg¨²n el secretario general del PP, Francisco ?lvarez Cascos. "El PSOE tiene la puerta abierta para rectificar la ley", afirma el dirigente popular.

Mientras no se introduzcan cambios suficientes, el PP mantiene su voto en contra de la ley y defender¨¢ todas sus enmiendas. Las m¨¢s sustanciales son la supresi¨®n del art¨ªculo 21, que autoriza la entrada en domicilios sin mandamiento judicial ante presuntos delitos de narcotr¨¢fico, y una disposici¨®n adicional para reformar el C¨®digo Penal.

La reforma consistir¨ªa en tipificar como delito el consumo en p¨²blico de drogas, con penas de arresto mayor (de un mes a seis meses) y multas de 50.000 a 200.000 pesetas. Como alternativa, tras un reconocimiento forense, podr¨ªa decidirse el internamiento del detenido en un centro de desintoxicaci¨®n.

Respecto al art¨ªculo 20, sobre la retenci¨®n policial para identificaci¨®n, el PP remite al vigente C¨®digo Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De esta forma, se rechaza la figura de la retenci¨®n y se admite la privaci¨®n de libertad s¨®lo ante resistencia o negativa infundada a identificarse y cuando haya sospecha de un delito o falta.

La direcci¨®n popular sigue manteniendo que la ley "es una chapuza t¨¦cnica". "Es hija de la improvisaci¨®n y del oportunismo, de la man¨ªa de gobernar a golpe de encuesta", asegura ?lvarez Cascos. "El Gobierno ha descubierto que su ineficacia ha convertido la inseguridad en el principal problema. La prueba es que este proyecto ni aparec¨ªa en el programa legislativo de Jos¨¦ Luis Corcuera, expuesto en enero del a?o pasado".

Recurso del PP

La actitud final del PP ante la ley puede resultar decisiva para la interposici¨®n de un recurso ante el TC. Gran parte de los grupos que mantienen su oposici¨®n cree ver en la ley contradicciones con la Carta Magna. Los posibles motivos de inconstitucionalidad consistir¨ªan en la consagraci¨®n de la retenci¨®n policial, como estado intermedio entre la libertad y la privaci¨®n de la misma, y la quiebra del principio de inviolabilidad del domicilio.Para la presentaci¨®n del recurso est¨¢n legitimados, seg¨²n la Constituci¨®n, el Defensor del Pueblo, 50 diputados o 50 senadores y los ejecutivos y parlamentos auton¨®micos. El apoyo de CiU y el PNV excluye un recurso de los parlamentos catal¨¢n y vasco. Al margen del PP, los restantes grupos opositores, CDS, IU y parte del Mixto, no re¨²nen 50 diputados.

La decisi¨®n no est¨¢ tomada. "Si la ley vuelve al Congreso como est¨¢, tras el debate en el Senado", explica ?lvarez Cascos, "tendremos que estudiar los dict¨¢menes de los expertos y analizar la oportunidad pol¨ªtica". Si el Defensor del Pueblo o el PP no se deciden a interponer el recurso, la ley puede llegar ante el TC a petici¨®n de un juez.