Los partidos s¨®lo exigen la dimisi¨®n de los cargos p¨²blicos procesados cuando les son ajenos

LUZ S?NCHEZ-MELLADO, Los partidos no son consecuentes a la hora de aplicarse sus propias teor¨ªas cuando alguno de sus dirigentes es procesado. En general, suelen esgrimir la presunci¨®n de inocencia para no pedir la dimisi¨®n si el procesado es de su grupo y a la vez invocar la respetabilidad de la instituci¨®n salpicada para exigir el cese del implicado si es de otra formaci¨®n. El procesamiento del presidente c¨¢ntabro, Juan Hormaechea, por presunta prevaricaci¨®n y malversaci¨®n ha puesto contra la cuerdas al Partido Popular (PP). Rodolfo Mart¨ªn Villa, del PP, se entrevistar¨¢ con Hormaechea en cuanto ¨¦ste pise Madrid esta ma?ana, pero, seg¨²n ¨¦l mismo, no le pedir¨¢ su dimisi¨®n. Otra vez, el partido afectado no aplica a los suyos la dureza que exige a los contrarios.

Francisco ?lvarez Cascos, secretario general del Partido Popular, es tajante: "El procesamiento de un cargo p¨²blico no modifica su condici¨®n de ciudadano al que se debe respetar su presunci¨®n de inocencia. Este principio cobra especial importancia cuando los querellantes tratan de judicializar la pol¨ªtica. El partido de origen del procesado no debe hacerles el juego. La dimisi¨®n del encausado es una decisi¨®n personal y una decisi¨®n pol¨ªtica de su partido".Este es el principio que ha aplicado su partido para no solicitar la dimisi¨®n de Hormaechea, reclamada por el PSOE en Cantabria. Sin embargo, en el caso Barreiro no se fue tan respetuoso ,con el principio de presunci¨®n de inocencia. Fue la propia Alianza Popular la que present¨® denuncia por prevaricaci¨®n contra Jos¨¦ Luis Barreiro -ex militante popular- el mismo d¨ªa que ¨¦ste, entonces secretario general de Coalici¨®n Galega, apoy¨® la moci¨®n de censura interpuesta por el PSOE contra el presidente de la Xunta, el popular Xerardo Fern¨¢ndez Albor.

El caso de Demetrio Madrid, ex presidente socialista de Castilla y Le¨®n, es igualmente rotundo. "Le doy cinco horas para que dimita. Es impresentable que un presidente auton¨®mico est¨¦ procesado", dijo Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar minutos despu¨¦s de conocerse el procesamiento del presidente, el 29 de octubre de 1986. Madrid fue absuelto el a?o pasado. No tuvo paciencia Aznar, como ahora con Hormaechea, para esperar explicaciones del encausado.

Divisi¨®n de opiniones

La divisi¨®n de opiniones es patente tambi¨¦n en el PSOE. Seg¨²n su coordinadora de com¨²nicaci¨®n, ?ngeles Puerta, "no se puede generalizar la posici¨®n del partido ante el procesamiento de un cargo p¨²blico". "Defendernos", se?ala, "el respeto conjunto a los principios constitucionales de presunci¨®n de inocencia y el de independencia judicial".

Esta deliberada ambig¨¹edad ha dado lugar a algunas paradojas. El presidente de Canarias, el socialista Jer¨®nimo Saavedra, no tiene remilgos en tener como vicepresidente a Manuel Hermoso, diputado de las Agrupaciones Independientes de Canarias, acusado en 1991 de negligencia en la custodia de fondos p¨²blicos, actualmente en libertad bajo fianza. Sin embargo, el partido de Saavedra clam¨® en su d¨ªa por la dimisi¨®n del alcalde de Burgos, Jos¨¦ Mar¨ªa Pe?a (PP), actualmente juzgado por prevaricaci¨®n y estafa, y por la de Salvador Palop (PP), concejal valenciano implicado en el caso Naseiro.

Cuando se trata de sus propios afiliados, el PSOE es m¨¢s cauto. Tom¨¢s Azor¨ªn-y Leocadio Mar¨ªn, inculpados en el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa por dos delitos de malversaci¨®n de fondos y prevaricaci¨®n cometidos presuntamente en sus respectivos mandatos como delegados del Gobierno en Sevilla, permanecen como diputados de la Junta de Andaluc¨ªa. Y no como diputados de a pie. Mar¨ªn es consejero de Agricultura en el Gobierno de Manuel Chaves y Azor¨ªn es presidente de la Diputaci¨®n de Almer¨ªa.

El-PSOE y el PP copan la mayor parte de los cientos de procesamientos de cargos p¨²blicos desde 1982, por lo que el resto de partidos puede permitirse una cierta coherencia entre la teor¨ªa y la pr¨¢ctica. El Partido Nacionalista Vasco defiende, en boca de su portavoz parlamentario, I?aki Anasagasti, que "hay que distinguir si el procesamiento es por cuestiones penales o pol¨ªticas, pero partiendo del hecho de que el pol¨ªtico es un ciudadano y no un ser intocable". "Hay que examinar cada caso y, si no existen dudas, es bueno tomar la decisi¨®n de dimitir. Es una importante labor de ejemplaridad", a?ade. Luis Mar¨ªa Retolaza, consejero de Interior del Gobierno vasco por el PNV, aplic¨® esta filosof¨ªa y dimiti¨® poco antes de ser encausado por presuntas escuchas ?legales en 1988.

El dirigente de Converg¨¦ncia i Uni¨® Josep Maria Trias de Bes mantiene, como su colega vasco, que "hay que analizar cada caso antes de adoptar una decisi¨®n".

"Depende del delito que se le impute al procesado, pero en casi todos los casos, con la sola excepci¨®n de que sea un flagrante delito com¨²n, la decisi¨®n de dimitir debe ser personal", a?ade. Delitos monetarios y comunes (inducci¨®n al robo y evasi¨®n de divisas) son los que motivaron el procesamiento y encarcelamiento de Josep Mar¨ªa Mesquida, alcalde convergente de La Jonquera. Lo tuvo claro CiU entonces: expuls¨® a Mesquida en 1985.

Izquierda Unida y el Centro Democr¨¢tico y Social, quiz¨¢ por no tener ning¨²n procesado c¨¦lebre en sus filas, defienden las posturas m¨¢s radicales. Ambos grupos piden la dimisi¨®n inmediata del procesado, sea o no militante de sus formaciones.