Justicia de d¨ªas

DESATASCAR LA justicia y facilitar que algunos juicios se celebren en cuesti¨®n de d¨ªas son los objetivos prioritarios del proyecto de ley de medidas urgentes de reforma procesal puesto en marcha por el ministro de Justicia, Tom¨¢s de la Cuadra. Retoma as¨ª el actual titular de la cartera una obsesi¨®n que ha sido com¨²n a todos sus predecesores en el cargo durante la democracia: contar con un procedimiento capaz por s¨ª mismo de agilizar la pesada maquinaria administrativa judicial y de acortar al m¨¢ximo el tiempo que transcurre entre el inicio del proceso y la sentencia.No puede negarse que esta obsesi¨®n responde a una honda motivaci¨®n pol¨ªtica y social: evitar el colapso judicial y el riesgo de quiebra del Estado democr¨¢tico que tal hecho comportar¨ªa. Desde mediados de los a?os setenta, este peligro no ha dejado de acechar a la justicia espa?ola a causa del espectacular aumento de asuntos llegados a los tribunales. El incremento de la delincuencia y de los litigios generados por el mayor protagonismo de la sociedad en defensa de sus derechos a lo largo de estos a?os ha desborda do con creces la capacidad de la justicia. Este desfase sigue siendo hoy abismal, y es l¨®gico que, al igual que a sus antecesores, esta situaci¨®n produzca desasosiego al actual, titular de Justicia. De ah¨ª su nuevo intento de introducir mecanismos para "juicios r¨¢pidos" en el funcionamiento del aparato judicial. No es seguro, sin embargo, que el ministro De la Cuadra vaya a tener ¨¦xito all¨ª donde han fracasado quienes le precedieron. La experiencia de estos a?os ense?a que el remedio a la lentitud judicial no depende tanto de reformas procesales, que pueden ser convenientes, como de la modernizaci¨®n organizativa y de gesti¨®n de la oficina judicial. Tanto es as¨ª que la mayor rapidez habida en estos a?os en alg¨²n aspecto de la justicia penal -en concreto, el de las causas con preso- se debe a que jueces y fiscales han sido capaces de articular la respuesta adecuada a un problema tan grave. No ha sido necesario echar mano de ninguna ley especial. Ha bastado con la Ley de Enjuiciamiento Criminal para enderezar la situaci¨®n y, sobre todo, con la determinaci¨®n de jueces y fiscales de actuar dentro de sus plazos. El resultado es que, desde hace alg¨²n tiempo, los reclusos con condena en las c¨¢rceles espa?olas superan a los preventivos -el 60% frente al 40%-, algo ins¨®lito, puesto que tradicionalmente la proporci¨®n era la contraria.

Entretanto, las reformas destinadas espec¨ªficamente a acelerar el proceso penal han servido para poco. La llamada Ley de Enjuiciamiento Oral de Delitos Dolosos, Menos Graves y Flagrantes, promulgada en 1980, ha constituido un fracaso. Y la llamada reforma M¨²gica, de 1988, por la que se establece un procedimiento abreviado para el enjuiciamiento de un importante n¨²mero de delitos, no parece que haya conseguido para nada su objetivo. Procesos como los de los casos Juan Guerra y Naseiro, tramitados por el procedimiento abreviado, siguen todav¨ªa abiertos, sin que se vislumbre el momento del juicio. Ahora, la reforma que propone el ministro De la Cuadra tambi¨¦n persigue juzgar r¨¢pidamente -en el plazo m¨¢ximo de un mes- a los detenidos por delito flagrante. Pero ?podr¨¢ una ley por s¨ª sola conseguir lo que otra no ha logrado durante 11 a?os de vigencia?

El objetivo de una justicia m¨¢s ¨¢gil -sin detrimento, obviamente, de las garant¨ªas que amparan al justiciable- sigue siendo una prioridad pol¨ªtica en 1991. Sin embargo, como en otros tantos ¨¢mbitos de la vida nacional, la forma de alcanzarlo no es a golpe de ley. La reforma procesal que propone el ministro De la Cuadra en el ¨¢mbito penal puede seguir el camino de su antecesora de 1980 si el aparato judicial sigue desbordado y la polic¨ªa no mejora sus t¨¦cnicas en la indagaci¨®n del delito. ?Podr¨¢ haber juicios r¨¢pidos, por m¨¢s flagrante que sea el delito, si no hay suficientes jueces y si los atestados policiales son defectuosos o no se presentan las correspondientes pruebas? De persistir estos condicionantes, la bienintencionada reforma que propone el actual ministro de Justicia quedar¨¢ en un gesto m¨¢s. Como las de sus antecesores.