T¨¢ctica del n¨¢ufrago

EL ESC?NDALO de la compra de terrenos por Renfe amenaza con agravarse tras la comparecencia del ministro de Sanidad, Juli¨¢n Garc¨ªa Valverde, en el Congreso. El ex presidente de la empresa p¨²blica recurri¨® a la t¨¢ctica del n¨¢ufrago: zarandear el bote de salvamento para obligar a quienes lo ocupan a que no le dejen abandonado. Ni estos ¨²ltimos est¨¢n por la labor, ni los argumentos del primero convencieron a casi nadie.El entonces ministro de Transportes, Jos¨¦ Barrionuevo, se ha desmarcado de los m¨¦todos empleados por Renfe. Y el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaqu¨ªn Leguina, ha negado que su instituci¨®n tuviera conocimiento previo de la operaci¨®n.

Garc¨ªa Valverde tuvo, sin embargo, un gran acierto: pedir la creaci¨®n de una comisi¨®n investigadora, un h¨¢bito parlamentario razonable e infrecuente en nuestro pa¨ªs. El resto de su intervenci¨®n plante¨® m¨¢s interrogantes de los que respondi¨®.

El antiguo presidente de Renfe fue rotundo al afirmar que la compa?¨ªa s¨®lo fue un gestor urban¨ªstico de una operaci¨®n acordada y decidida conjuntamente .por todas las administraciones. Pero no aport¨® datos nuevos sustantivos de la g¨¦nesis y desarrollo de esas decisiones. Tuvo que escudarse en que "todos los acuerdos no tienen que ser por escrito". De eso se trata precisamente. Las decisiones de las administraciones relativas a la planificaci¨®n urban¨ªstica deben ser por escrito y con publicidad. El Tribunal Supremo acaba de declarar inv¨¢lidos miles de planes urban¨ªsticos por no haberse publicado ¨ªntegramente en los respectivos boletines oficiales. ?D¨®nde se cocieron esos acuerdos secretos? ?Con qu¨¦ responsables? ?Con qu¨¦ conocimiento p¨²blico? ?Pueden actuar las administraciones con nocturnidad? ?Deben recalificar terrenos con el ¨²nico fin, de incrementar su precio para extraer plusval¨ªas? ?Qu¨¦ ocurre con los propietarios de buena fe? ?Y con el mercado inmobiliario, sobre el que, por ley, no deben especular, sino al contrario, actuar para evitar la espiral de precios?

La Administraci¨®n no puede escudarse en una falsa necesidad de discreci¨®n. Dispone de instrumentos -la expropiaci¨®n forzosa, el acuerdo p¨²blico con los propietarios, los consorcios- leg¨ªtimos, formales y experimentados para conseguir los fines propios con la flexibilidad que sea precisa. La explicaci¨®n oficial hasta ahora ofrecida parece encajar m¨¢s en una estrategia para maquinar una multiplicaci¨®n del precio de los terrenos -con utilizaci¨®n de informaci¨®n confidencial y de intermediarios del hampa inmobiliaria- que en una actuaci¨®n solvente de sector p¨²blico.

El actual ministro de Sanidad insisti¨® en su segundo gran argumento para justificar las pr¨¢cticas heterodoxas de Renfe: el principio de que la Administraci¨®n est¨¢ legitimada para apropiarse de plusval¨ªas generadas por su actuaci¨®n. Y opin¨® que no hay forma de hacerlo distinta a la utilizada por ¨¦l. Radicalmente falso: hay forma alternativa. La que respeta los procedimientos legales, como se ha demostrado en m¨²ltiples operaciones del sector p¨²blico en los ¨²ltimos a?os realizadas desde Sevilla a Barcelona. La que formaliza en algo m¨¢s que cuatro l¨ªneas dicharacheras el anticip¨® de 1.800 millones de pesetas de tesorer¨ªa a una filial, operaci¨®n que debe someterse a mayores controles... La que no acude a intermediarios implicados en una cadena de fraude fiscal. El d¨¦ficit de procedimiento -aqu¨ª est¨¢ el gran problema- es justamente lo que hace sospechosa la operaci¨®n de reducirse a mera especulaci¨®n en el peor sentido de la palabra, es decir, con ausencia de riesgo empresarial: comprar para vender a futuro a un precio m¨ªnimo determinable y cierto.

Quebrantado el procedimiento -esencial en un Estado de derecho-, carece de sentido enarbolar la bondad de los fines que se albergaron. Porque esos fines est¨¢n contaminados por un modus operandi dise?ado de tal modo que incluye casi necesariamente la irregularidad y el fraude fiscal. As¨ª, la apelaci¨®n a la reversi¨®n al p¨²blico de las plusval¨ªas generadas por la actuaci¨®n del sector p¨²blico se convierte en este caso en coartada, en cortina de humo. A¨²n peor: cuando se coteja el principio con su realizaci¨®n, acaba desacreditando al primero. La supuesta cobertura constitucional con la que ha intentado arropar la operaci¨®n -el tan citado art¨ªculo 47- pretende lo contrario: impedir la especulaci¨®n del suelo para facilitar el acceso a la vivienda de todos los espa?oles.

En el caso de Renfe, su actuaci¨®n ha multiplicado el precio inicial de los terrenos y ha propiciado, tambi¨¦n, el enriquecimiento salvaje de toda una cadena de intermediarios particulares, alguno con una notable ficha de delincuente habitual. Y todo ello a costa de los fondos p¨²blicos librados anticipadamente para dicha operaci¨®n por el presidente de la empresa p¨²blica. Si es o no delictiva su forma de actuar, corresponde al juez dilucidarlo, y hay que respetar el principio de presunci¨®n de inocencia. Pero, de entrada, los procedimientos descubiertos ponen en entredicho la actuaci¨®n pol¨ªtica de Garc¨ªa Valverde como responsable de una empresa p¨²blica y si su denuncia es cierta, la de otros responsables de la Administraci¨®n. De lo que se trata ahora es de ver qu¨¦ respuesta pol¨ªtica dan sus superiores a esos procedimientos.