Reconversi¨®n minera

EL CONFLICTO provocado por la reconversi¨®n de la miner¨ªa asturiana, principalmente de la empresa Hulleras del Norte (Hunosa), amenaza con enquistarse y con estimular el estallido de acciones incontroladas. A la huelga general seguida por todos los sectores de la sociedad asturiana hace ahora dos meses se a?ade en estas fechas otra tambi¨¦n generalizada de dos d¨ªas, con algunas explosiones de violencia, en el sector de la miner¨ªa. Un panorama que otorga verosimilitud al temor expresado por el presidente del Principado, el socialista Juan Luis Rodr¨ªguez-Vigil, de que "Asturias se convierta en un gran problema para Espa?a". Ser¨ªa hip¨®crita escandalizarse porque los trabajadores de Hunosa no acepten con resignaci¨®n el destino que les aguarda: p¨¦rdida del puesto de trabajo para un tercio de la plantilla de aqu¨ª a 1993 -unos 6.000 trabajadores- y la misma suerte para el resto en los a?os que siguen hasta el 2002, lo que significa, adem¨¢s, que no habr¨¢ nuevas generaciones de mineros. Los efectos de esta situaci¨®n se agravan todav¨ªa m¨¢s a causa del alto grado de interdependencia que desde siempre ha existido entre la industria del carb¨®n y la econom¨ªa de la regi¨®n. Hunosa genera el 9,3% del empleo regional y el 30% de la renta de siete municipios mineros asturianos.

Pero ser¨ªa contraproducente para los trabajadores y para la econom¨ªa de Asturias que una situaci¨®n que afecta tan estructuralmente a su futuro degenere en una cuesti¨®n de orden p¨²blico. Tal transmutaci¨®n exacerbar¨ªa peligrosamente el clima social y reducir¨ªa dr¨¢sticamente las posibilidades que todav¨ªa quedan de abordar de la manera m¨¢s razonable, y con el menor coste social posible, un problema sometido a reglas econ¨®micas dif¨ªcilmente insoslayables. No ser¨ªa ¨¦ste tampoco el mejor clima para echar las bases de una pol¨ªtica de reindustrializaci¨®n capaz de ir sustituyendo a la industria de extracci¨®n de carb¨®n, que reclaman al Gobierno los trabajadores, los sindicatos y los poderes p¨²blicos de Asturias.

Junto a acciones de fuerte impacto testimonial, como el encierro navide?o en el pozo Barredo de las ejecutivas de los sindicatos SOMA-UGT y CC OO, algunos grupos de huelguistas han protagonizado otras m¨¢s propias de guerrillas urbanas que de trabajadores ejerciendo pac¨ªficamente su derecho a la huelga. Si escenas como el corte de carreteras, rostros de trabajadores ocultos en pasamonta?as y armados de potentes tirachinas e incluso de lanzagranadas de fabricaci¨®n casera, neum¨¢ticos ardiendo en las v¨ªas p¨²blicas y duros enfrentamientos con las fuerzas del orden logran dar el tono al conflicto, no es dif¨ªcil vaticinar una radicalizaci¨®n del mismo en absoluto propicia a la b¨²squeda de soluciones alternativas.

Criterios de racionalidad econ¨®mica, adem¨¢s de exigencias de la CE que penaliza las subvenciones, parecen haber decidido la suerte de Hunosa, una empresa con p¨¦rdidas crecientes (65.000 millones de pesetas en 1991, un 300% m¨¢s que en 1981) y que extrae un mineral que cuesta hasta tres veces su valor en el mercado. Es imposible encontrar argumentos solventes para seguir manteniendo esta situaci¨®n, que ha costado al erario p¨²blico -es decir, a los contribuyentes980.000 millones de pesetas en los 24 a?os de existencia de Hunosa, por m¨¢s que el imperativo econ¨®mico deba ir acompa?ado del tratamiento social adecuado.

Pero tampoco pueden permanecer impasibles los poderes p¨²blicos ante el drama laboral y humano que provoca el cierre de industrias obsoletas, en una aplicaci¨®n extrema de las normas del mercado puro y duro. No es cierto que la mejor pol¨ªtica industrial es la que no existe. Las responsabilidades de la Administraci¨®n no pueden acabar exclusivamente con la presentaci¨®n a las autoridades comunitarias, el pr¨®ximo d¨ªa 31, del plan denominado eufem¨ªsticamente de futuro (de hecho, lo es de cierre) de Hunosa. Obligaci¨®n suya es facilitar las inversiones -p¨²blicas o privadas- con los incentivos que tiene a su alcance, generar una oferta adecuada de suelo industrial y ampliar, mediante el pacto con sindicatos y empresarios, las mejores condiciones para la regeneraci¨®n del tejido industrial de una regi¨®n que no puede permanecer aislada de las condiciones y reglas que conforman la Espa?a europea de 1993.