Disparate en Sevilla

"UNA EXPLOSION muy grande derrib¨® la puerta, cre¨ª que hab¨ªa sido la bombona de butano. Antes de reaccionar, hombres de paisano con cascos de moto en la cabeza y chalecos antibalas entraron a saco y nos enca?onaron contra la pared..." Un relato que podr¨ªa situarse en Soweto, El Salvador o Manila, y que, sin embargo, corresponde a la irrupci¨®n de 20 polic¨ªas en un domicilio particular de Sevilla, Espa?a, en la madrugada del pasado domingo. El origen de tan espectacular invasi¨®n se debi¨®, al parecer, a la llamada de una vecina que alert¨® de la presencia de cuatro j¨®venes vascos en el domicilio de un saxofonista rockero.Es evidente que las razones que subyacen tras las suposiciones explicativas hay que buscarlas en una cierta psicosis colectiva, sin duda fruto de los atentados que sufri¨® la ciudad recientemente. La organizaci¨®n terrorista ETA hace tiempo que eligi¨® Sevilla como uno de los escenarios id¨®neos para su b¨¢rbaro concepto de la lucha emancipadora. Eso es algo sabido por las autoridades gubernativas, de ah¨ª el reforzamiento de los efectivos policiales. A ello hay que a?adir, tambi¨¦n, esa filosoflia gubernamental en la que se ampara la ley Corcuera de que casi todo puede justificarse por la demanda social de seguridad. Todo parece indicar que la conjunci¨®n de una cierta histeria colectiva, las ansias de demostrar una eficiencia hasta la fecha escasa y la convicci¨®n de que contra el terrorismo todo vale -igual que contra la droga- desemboc¨® en- una actuaci¨®n rid¨ªcula, en la que la prueba tangible que la justificaba se redujo a un peligroso alijo de at¨²n fresco.

Alguien de Interior debe explicar si una simple llamada particular proporciona una base fundada para irrumpir en un domicilio dinamitando la cerradura, pertrechados de armas, cascos y chalecos antibalas. Al margen de que toda la actuaci¨®n resulta de por s¨ª disparatada, la del delegado del Gobierno en Andaluc¨ªa es directamente inadmisible: tres d¨ªas despu¨¦s de liberados los presuntos terroristas sin cargo alguno, el representante del Gobierno de la naci¨®n todav¨ªa no ha facilitado la menor explicaci¨®n sobre los hechos -ni parece tener intenci¨®n de hacerlo-, pese a que del error se desprenden perjuicios a ciudadanos de un Estado de derecho. El silencio no puede encubrir la incompetencia, sobre todo cuando previamente se realizaron manifestaciones p¨²blicas en las que se alardeaba de la eficacia policial, una eficacia que, probablemente, deber¨¢ ser indemnizada con cargo a los presupuestos. No est¨¢ mal como augurio de lo que nos puede deparar muy pronto la llamada ley Corcuera.

Si, como se ha dicho en numerosas ocasiones, no est¨¢ suficientemente demostrado que la polic¨ªa necesite m¨¢s facilidades que las ya existentes en el ordenamiento legal para desarrollar su labor, actuaciones como las de Sevilla parecen demostrar que el problema no es tanto legislativo como de sentido com¨²n, algo que ni el Parlamento, ni el Gobierno, pueden generar por ley o decreto. Lo que s¨ª pueden hacer, en cambio, es destituir a quien ha demostrado sobradamente su lenguaraz incompetencia.