Consumo y control

LAS FOTOGRAF?AS de las vac¨ªas estanter¨ªas de los comercios de Mosc¨² se disputan hoy la primera p¨¢gina con las de las aglomeraciones registradas ayer en los grandes almacenes de Madrid y otras ciudades espa?olas. Dicen los expertos que esta temporada de rebajas mover¨¢ unos cien mil millones de pesetas. No es de extra?ar entonces que aglomeraci¨®n, fot¨®grafos y declaraciones de clientes por televisi¨®n formen ya parte de la tradici¨®n con no menor m¨¦rito que las representaciones del Tenorio por Todos los Santos o la compra de los roscos de Reyes en su d¨ªa. La tradici¨®n, ese invento tan moderno.Pero ha habido este a?o, y ya el pasado, una novedad. La presencia, junto a los mensajes publicitarios, de los avisos de las asociaciones de consumidores alertando contra eventuales fraudes. Consejos como el de comprobar que la rebaja sea s¨®lo en el precio, y no tambi¨¦n en la calidad, as¨ª como de claridad en el etiquetado: precio anterior y rebajado bien visibles. Y otros m¨¢s gen¨¦ricos, destinados a incautos recalcitrantes: que suelen existir pocas unidades de los productos ofrecidos como reclamo a precio de ganga.

La novedad de tales avisos no es menor. Aqu¨ª estamos al cabo de la calle en lo que a pasi¨®n consumista se refiere, pero en pa?ales respecto a reivindicacionismo consumerista. En otros pa¨ªses que superaron antes que el nuestro la afici¨®n a las emociones fuertes, ese reivindicacionismo, manifestado en la pujanza de las asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios, tiene una enorme incidencia social, superior, por ejemplo, a la de los sindicatos. Ello es una garant¨ªa contra los abusos. Incluso, eventualmente, los de los sindicatos mismos: cuando organizan huelgas dirigidas, antes que contra la Administraci¨®n o los empresarios, contra los usuarios particulares; o cuando no respetan los servicios m¨ªnimos.

El 50% de los ciudadanos espa?oles tiene confianza en las asociaciones de consumidores, pero un porcentaje bastante inferior est¨¢ dispuesto a afiliarse a esas asociaciones (unos tres millones de personas, seg¨²n una encuesta realizada hace un par de a?os), y una proporci¨®n a¨²n m¨¢s peque?a participa efectivamente en ellas. La presi¨®n de esa minor¨ªa organizada ha conseguido algunos logros concretos en materia legal y puesto las bases para una cultura del consumidor y usuario consciente de sus derechos. En un pa¨ªs en el que ha habido miles de intoxicados por la venta como comestible de un aceite lubricante industrial, esa presi¨®n es casi una necesidad p¨²blica.

Por ello hay que felicitarse de iniciativas como la constituci¨®n, hace poco m¨¢s de un mes, de un Consejo General de Consumidores y Usuarios que habr¨¢ de ser necesariamente consultado por la Administraci¨®n ante cualquier disposici¨®n legal relacionada con la pol¨ªtica de consumo. Y hay que saludar que los tribunales hayan dictado las primeras sentencias por delito de publicidad enga?osa, en los t¨¦rminos de la Ley General de Defensa del Consumidor.

Lo que en pa¨ªses como los escandinavos era norma desde hace decenios, parece abrirse paso entre nosotros, y ya no ser¨¢ posible enga?ar a clientes ingenuos con cl¨¢usulas de letra peque?a en contratos o anuncios. Siendo tal vez lo m¨¢s alentador que el 70% de las reclamaciones planteadas por usuarios que se hab¨ªan sentido defraudados se resolviera en 1989 a favor de los reclamantes, merced a la intervenci¨®n de esas asociaciones.