Un PEN alternativo

El Plan Energ¨¦tico Nacional (PEN), que sustituir¨¢ al implantado en 1983, fue presentado a finales de a?o al Parlamento para su debate. Los autores, desde otra perspectiva, critican el plan elaborado por el Ministerio de Industria y proponen medidas alternativas, en las que principalmente destaca la referencia ecol¨®gica, el ahorro energ¨¦tico y la potenciaci¨®n de las energ¨ªas renovables.

La primera impresi¨®n cr¨ªtica que suscita el Plan Energ¨¦tico Nacional (PEN) presentado por el Ministerio de Industria al Parlamento es la obsoleta metodolog¨ªa con que est¨¢ hecho. Aunque incluye un peque?o apartado de ahorro, el plan estaba dise?ado desde la ¨®ptica de la oferta energ¨¦tica. Esta filosof¨ªa ignora que ahorrar energ¨ªa resulta casi siempre mucho m¨¢s barato que producirla -por t¨¦rmino medio y dentro de amplios m¨¢rgenes, hasta seis veces m¨¢s-, y que, por tanto, lo razonable es gestionar la demanda en lugar de incrementar sin m¨¢s la oferta.Los elevados riesgos financieros ligados a inversiones energ¨¦ticas, especialmente el¨¦ctricas, los largos periodos de maduraci¨®n de las mismas y la dif¨ªcil situaci¨®n econ¨®mica de un sector como el el¨¦ctrico deber¨ªan haber decantado al ministerio por la planificaci¨®n a menor coste, que ya est¨¢ generalizada.

Otra caracter¨ªstica del plan es su optimismo sobre la evoluci¨®n futura, de los precios internacionales del petr¨®leo, y, por extensi¨®n, de la energ¨ªa. Por el contrario, no cabe descartar la repetici¨®n de crisis como las de 1973,o 1979, e incluso m¨¢s agudas. El agotamiento de los pozos norteamericarios y del mar del Norte, que muchos expertos anuncian para dentro de ocho a 15 a?os y que dejar¨ªa a la OCDE dependiendo de otros pa¨ªses; la evoluci¨®n de la ex URSS -cuyos recursos, por lo dem¨¢s, tambi¨¦n se agotaran en fecha no lejana-; la creciente dependencia mundial de una zona tan inestable como el golfo Ar¨¢bigo, cuando menos, invitan a la duda.

Coherentemente con la idea de que la energ¨ªa ser¨¢ barata durante todo el decenio. se piensa. que ahorrar carece de sentido y se dise?a un plan de ahorro y eficiencia lamentable. No es s¨®lo que los objetivos sean rid¨ªculos (prev¨¦ reducir un 7,6% el consumo tendencial del 2000), es que, adem¨¢s, las estrategias y medidas, dise?adas no garantizan el logro de los mismos y existen serios temores de que los fondos necesarios para implantarlas no aparezcan por ning¨²n sitio. El recorte de los presupuestos del Ministerio de Industria, que ha afectado seriamente a los programas de ahorro, es una muestra de lo que se?alamos.

Hay que se?alar en este punto un olvido injustificado. Es la obligaci¨®n de etiquetado energ¨¦tico, por lo que un usuario que al adquirir una casa o un electrodom¨¦stico quisiera conocer sus condiciones de consumo, no tendr¨ªa posibilidad de hacerlo.

Precios y ahorros

La pol¨ªtica de precios energ¨¦ticos perfilada en el plan ha sido tildada de intervencionista, por ciertos sectores de la derecha econ¨®mica, Se trata, a nuestro juicio, de un velo ideol¨®gico que pretende ocultar otros problemas. No se puede dejar de intervenir en un mercado que, como el el¨¦ctrico, constituye un monopolio natural donde los usuarios no pueden elegir la compa?¨ªa que les suministra, no pueden alterar los precios y donde las empresas tienen asegurada, por el marco estable, la retribuci¨®n por los costes e inversiones.

Por el contrario, se eluden medidas sencillas que hubieran generado ahorros importantes, como la modificaci¨®n de la estructura de tarifas para usuarios dom¨¦sticos con reducci¨®n o eliminaci¨®n de partidas no asociadas a consumos -t¨¦rmino de potencia-, o vincular las tarifas subvencionadas para grandes sectores industriales, con participaci¨®n notable en el consum¨® total, a mejoras de la eficiencia en su uso. Se renuncia, adem¨¢s, a la utilizaci¨®n de impuestos para orientar el consumo.

Con car¨¢cter general, la filosof¨ªa de los precios apunta a transmitir a los usuarios finales las variaciones de los mercados energ¨¦ticos internacionales. Son excepciones los precios de algunos carbones por razones sociales y de autonom¨ªa energ¨¦tica, y las tarifas el¨¦ctricas que convierten a los usuarios en responsables de los errores de planificaci¨®n de las compa?¨ªas productoras, gracias a la comprensi¨®n que exhibe el Gobierno.

Por eso mismo, resulta especialmente sorprendente la nueva potencia energ¨¦tica prevista en el PEN. El problema radicaba en los m¨¢ximos anormalmente altos que presentaban las curvas de carga y que obligan a disponer de mucha potencia adicional con escaso uso. Lejos de intentar suavizar estos m¨¢ximos, el plan prev¨¦ una evoluci¨®n imparable al alza, se contradice al estimar las eficacias de mecanismos sencillos de correcci¨®n como la interrumpibilidad y sit¨²a un margen de seguridad de abastecimiento que posiblemente sea r¨¦cord del mundo. Baste con se?alar que, aun dando por buena la potencia m¨¢xima prevista en el PEN para el 2000 (35.674 megavatios), con un margen de seguridad del 20% -similar a la media comunitaria- no ser¨ªa necesario incorporar m¨¢s potencia. Por el contrario, se prev¨¦ instalar 8.400 megavatios adicionales de potencia, incluyendo 1.000 de importaci¨®n de Francia. Las el¨¦ctricas, con el consentimiento del Gobierno, opera con una alegr¨ªa inversora impropia de un sector endeuda do que s¨®lo se entiende aceptan do que act¨²a en beneficio de terceros -que obtienen beneficios de la construcci¨®n de nuevas plantas-, y sabiendo que, en cualquier caso, los usuarios pagaremos sus errores.

El nuevo PEN es el primero que eval¨²a las consecuencias ambientales de la producci¨®n y uso de la energ¨ªa para reconocer que el impacto ser¨¢ tremendo. Lo que se cuida mucho de reconocer el Gobierno es que en las negociaciones entre pa¨ªses para fijar estos objetivos se ha alineado siempre con las posiciones m¨¢s conservadoras, contribuyendo a rebajar estos objetivos y obte niendo, en bastantes casos, un trato de favor a causa de su menor desarrolro econ¨®mico. Como en ocasiones han manifestado con una claridad que no deja de sorprender, el Gobierno est¨¢ dispuesto a sacrificar el medio ambiente en aras del desarrollo.

Un buen ejemplo de lo dicho se da en las emisiones de di¨®xido de carbono (CO2), gas responsable de aproximadamente la mitad del efecto invernadero. El Gobierno cita el compromiso comunitario de mantener en el 2000 las emisiones de este gas a los niveles de 1990, para continuar arguyendo que los pa¨ªses con mayores emisiones per c¨¢pita est¨¢n obligados a reducirlas, mientras que en nuestro caso se podr¨ªan aumentar. El incremento real estimado es de un 25%, pero podr¨ªa duplicarse el aumento hasta alcanzar la media comunitaria. Todo es cierto, aunque podr¨ªa abordarse el problema desde otro ¨¢ngulo. La media mundial de emisiones de carbono es de una tonelada por persona y a?o, mientras que en nuestro pa¨ªs casi alcanza 1,5 toneladas. En 1987, los represeatantes del Gobierno en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Clim¨¢tico (IPCC) consideraron imprescindible reducir las emisiones mundiales totales en un 20% para el a?o 2005 si se quieren mantener las alteraciones ambientales previstas dentro de l¨ªmites tolerables. Aplicando a todo el mundo la l¨®gica que el Gobierno circunscribe a la CE, a nuestro pa¨ªs te tocar¨ªa reducir sus emisiones en cerca del 39%.

Por lo que se refiere a las centrales nucleares, el Gobierno plantea mantener la moratoria de las que est¨¢n en construcci¨®n, pero tambi¨¦n tiene previsto mantener todas las que funcionan alargando su vida ¨²til. Como demostr¨® una reciente encuesta del CIS, en torno al 70% de los espa?oles son contrarios a la utilizaci¨®n de la energ¨ªa nuclear. Evidentemente, el plan no da satisfacci¨®n a este deseo mayoritario.

Carb¨®n subterr¨¢neo

Si uno consigue orientarse en el laberinto de dos metodolog¨ªas distintas y de la agrupaci¨®n de los datos de tres maneras diferentes, llega a la conclusi¨®n de que el futuro de las energ¨ªas renovables no es precisamente esperanzador. Pasar¨¢n. de representar del 2,9% al 3,4% del total consumido. El pretexto esgrimido es que estas energ¨ªas no superan la barrera del mercado. Quienes as¨ª argumentan deber¨ªan explicar las cifras actuales de consumo de biomasa, o por qu¨¦ si en Holanda o en Dinamarca se superar¨¢n los 1.000 megavatios de potencia e¨®licos, aqu¨ª s¨®lo pueden instalarse 168, o c¨®mo justificar el hecho de que desde 1985 se instalen cada a?o menos paneles solares, mientras que en pa¨ªses como Chipre, Israel, Turqu¨ªa, Jap¨®n o Jordania del 25% al 65% del agua caliente se obtiene por esa v¨ªa.

Tampoco en logros sociales el plan merece un aplauso. Aunque el consumo, de carb¨®n crece, el aumento de la importaci¨®n y la opci¨®n por la miner¨ªa a cielo abierto traer¨¢n irremediablemente la quiebra de la miner¨ªa subterr¨¢nea y la p¨¦rdida de muchos de los puestos de trabajo existentes. El argumento del Gobierno es el alto toste de este tipo de miner¨ªa y la imposibilidad de mantener elevadas subvenciones estatales por los l¨ªmites marcados por la CE para realizar el mercado com¨²n de la energ¨ªa. Sin embargo, las subvenciones estatales por tonelada extra¨ªda quedan muy por debajo de las pagadas por varios pa¨ªses comunitarios.

Uno de los argumentos m¨¢s repetidos por el PSOE es que no hay alternativas serias a sus propuestas pol¨ªticas o econ¨®micas. No es este el caso. Con varios meses de antelaci¨®n a la presentaci¨®n del plan del Gobierno, el ¨¢rea de planificaci¨®n econ¨®mica de Izquierda Unida (IU) y la Asociaci¨®n de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) hab¨ªamos hecho p¨²blico el documento Energ¨ªa 2000. Plan energ¨¦tico alternativo para un crecimiento sostenido, que mostraba que las cosas se pod¨ªan hacer de otra manera. El documento, que pretende compatibilizar econom¨ªa y ecolog¨ªa, se basa en la filosof¨ªa de gesti¨®n de la demanda y demostraba queel ahorro pod¨ªa ser la gran apuesta energ¨¦tica a corto plazo hasta convertirse en la principal fuente de energ¨ªa tras el petr¨®leo.

La estrategia para lograr los fines descritos conjuga medidas administrativas, ayudas financieras, promoci¨®n de la investigaci¨®n y, sobre todo, una pol¨ªtica de precios que pretend¨ªa expresar todos los costes sociales; incluidos, claro est¨¢, los costes ambientales. Se propone el establecimiento de la tasa de aplicaci¨®n ecol¨®gica, que permita reducir el consumo superfluo y orientar la sustituci¨®n de fuentes de gran impacto, al tiempo que permita recaudar fondos destinados a la consecuci¨®n de los objetivos complementarios: ahorro, mejora de la eficiencia, promoci¨®n de energ¨ªas renovables, etc¨¦tera.

Junto a la apuesta por el ahorro se muestra la firme disposici¨®n de desarrollar las energ¨ªas alternativas y tecnolog¨ªas de gran eficacia en la correcci¨®n del impacto ambiental. El plan lleva impl¨ªcita una apuesta tecnol¨®gica de largo alcance que pasa por desarrollar aquellas opciones que permitan un desarrollo humano no lesivo para el medio ambiente, descentralizador y corrector de las desigualdades sociales y regionales. El documento realiza un balance econ¨®mico que indica que las inversiones iniciales en ahorro, correcci¨®n de impactos y energ¨ªas renovables posibilitan una reducci¨®n de los consumos de energ¨ªa que compensan dichos desembolsos.

La mejora de la eficiencia en el uso de la energ¨ªa, la reducci¨®n en las facturas de importaci¨®n de materias primas energ¨¦ticas, el desarrollo de tecnolog¨ªas avanzadas para el aprovechamiento de recursos aut¨®ctonos y la creaci¨®n de un tejido industrial de abastecimiento de equipos y servicios de calidad compensar¨ªa sobradamente los esfuerzos econ¨®micos que produce la elevaci¨®n de los precios finales de los productos energ¨¦ticos. Pero, adem¨¢s, se sientan las bases para tajar los grav¨ªsimos problemas ambientales de compleja soluci¨®n que cada d¨ªa aparecen m¨¢s pr¨®ximos y amenazantes (lluvias ¨¢cidas, accidentes nucleares, cambios clim¨¢tico, etc¨¦tera).

es responsable del ¨¢rea de planificaci¨®n econ¨®mica de Izquierda Unida y Ladislao Mart¨ªnez es coordinador del ¨¢rea de energ¨ªa de la Asociaci¨®n de Defensa de la Naturaleza (Aedenat).