El 'caso Renfe'

DE PROSPERAR las tesis del Grupo Socialista en la comisi¨®n parlamentaria que investiga la compraventa de terrenos por Renfe en San Sebasti¨¢n de los Reyes (Madrid), las conclusiones de la investigaci¨®n apenas se diferenciar¨ªan de las avanzadas por la plana mayor del PSOE con antelaci¨®n al esc¨¢ndalo. Es decir, que la compraventa de terrenos se hizo al margen de la operaci¨®n dise?ada por la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de la zona sobre el eje ferroviario previsto, que los ¨²nicos responsables son los asesores del entonces presidente de Renfe, Juli¨¢n Garc¨ªa Valverde, y que es constitucional la apropiaci¨®n directa por parte de la Administraci¨®n de las plusval¨ªas generadas por la acci¨®n urban¨ªstica de los entes p¨²blicos.Tal grado de coincidencia no deja de ser curioso. Si bien no es descartable que los hechos investigados a posteriori coincidan con losjuicios emitidos apriori, tampoco lo es que tal coincidencia sea imputable a fallos de la propia investigaci¨®n. En todo caso, el an¨¢lisis de los hechos por parte de los otros grupos parlamentarios de la comisi¨®n -populares, CDS e Izquierda Unida- no es el mismo que el del Grupo Socialista, por lo que ser¨¢ del mayor inter¨¦s conocer sus opiniones singulares. La mayor disparidad se centra en la responsabilidad pol¨ªtica de Garc¨ªa Valverde. ?C¨®mo se explica que institucionalmente se exonere de dicha responsabilidad, como pretenden los socialistas, a quien personalmente consider¨® justificado asumirla dimitiendo de su cargo de ministro de Sanidad?

La explicaci¨®n, si se mantiene el dictamen en este sentido, deber¨¢ ser tanto m¨¢s convincente cuanto que la exculpaci¨®n reforzar¨ªa las sospechas sobre la existencia de un inadmisible flujo informativo entre la mayor¨ªa socialista de la comisi¨®n y el Gobierno sobre el rumbo de la investigaci¨®n. No es un secreto la resistencia mostrada hasta el ¨²ltimo momento por el Ejecutivo a aceptar la necesidad pol¨ªtica de la dimisi¨®n de Garc¨ªa Valverde como ministro de Sanidad. De otro lado, el ponente del informe en la comisi¨®n investigadora, el socialista Garc¨ªa Arreciado, no ha negado el trasvase de informaci¨®n al Gobierno, si bien ha tenido que recurrir a argumentos pueriles para justificarlo: consultas sobre correcci¨®n de estilo y de asesoramiento legal.

A las tareas de la comisi¨®n investigadora sobre el caso Renfe se ha atribuido el valor de prueba de fuego de la voluntad de saneamiento de la vida p¨²blica. Es evidente que tal prueba no ser¨¢ superada si sus conclusiones tienen la apariencia de ser prefabricadas y contradicen la l¨®gica de los hechos investigados. Se habr¨ªa desaprovechado, en ese supuesto, una ocasi¨®n de oro para insuflar al funcionamiento del sistema pol¨ªtico un poco de la confianza necesaria. De entrada, el caso Renfe no va a contribuir a reforzar la credibilidad institucional de la Asamblea de Madrid. Ninguno de los implicados se ha dignado comparecer ante su comisi¨®n investigadora. A veces es preferible renunciar a algunas competencias, sobre todo cuando existen instituciones que las ejercen con mayor plenitud, que exponerse aldesaire y al rid¨ªculo.