Los traficantes inform¨¢ticos ten¨ªan datos de viudas, enfermos y de 1.400 pilotos

Una lista de viudas de toda Espa?a, datos de los ni?os nacidos en los dos ¨²ltimos a?os, informaci¨®n m¨¦dica sobre. pacientes del hospital Primero de Octubre de Madrid y datos de diversa naturaleza de 1.400 pilotos de Iberia son algunos de los contenidos de los archivos informatizados de la red de traficantes descubierta en enero por la polic¨ªa. Hasta 50 datos sobre 21 millones de espa?oles figuran en las diligencias a las que ha tenido acceso la acci¨®n popular, ejercida por la Comisi¨®n de Libertades e Inform¨¢tica (CLI).

La CLI, que est¨¢ representada en este caso por el abogado y catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Diego L¨®pez Garrido, entiende que la conducta de Joaqu¨ªn Gonz¨¢lez L¨®pez, titular de la empresa Publigest, que fue detenido en Madrid con otras 10 personas el pasado enero, tiene car¨¢cter delictivo. Gonz¨¢lez L¨®pez y el resto de los detenidos fueron puestos en libertad bajo fianza posteriormente por orden del magistrado titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de M¨®stoles (Madrid). Ahora se encuentran a la espera de nuevos testimonios y de que se se?ale la vista oral o que, por el contrario, se archive el caso.A juicio de la CLI existen tambi¨¦n evidencias de la intromisi¨®n ileg¨ªtima en la intimidad de 21 millones de espa?oles, de la ilicitud del tr¨¢fico de datos personales realizados por Gonz¨¢lez y de la responsabilidad objetiva del Estado por su pasividad legisladora y por la ausencia de seguridad en la confidencialidad de los datos personales que posee.

Seg¨²n las diligencias se deduce, en opini¨®n del abogado L¨®pez Garrido, que la mayor parte de los datos que manejaba la red de tr¨¢fico proced¨ªan de archivos p¨²blicos en manos de la Administraci¨®n. En las diligencias aparece tambi¨¦n el nombre de varios funcionarios que, seg¨²n la CLI, no se han investigado suficientemente hasta el momento entre otras razones porque no se le dan medios suficientes para ello a la polic¨ªa.

Incluso se cita el ofrecimiento de dinero a funcionarios por parte de quienes comercian con datos y el caso de un grupo pol¨ªtico extraparlamentario al que se le propone presentarse a las elecciones con objeto de obtener el censo.