La Intervenci¨®n del Estado detecta 59 millones sin justificar en las cuentas del Consejo de la Abogac¨ªa

La Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado ha exigido al Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola (CGAE) que justifique, o devuelva, 59 millones de pesetas cuyo empleo "no est¨¢ debidamente acreditado en ninguna partida" procedente de las subvenciones que para el turno de oficio y asistencia letrada al detenido ha recibido el Consejo del Ministerio de Justicia entre 1986 y el primer semestre de 1990. El informe se?ala que, en 1990, el Consejo que preside Antonio Pedrol Rius "cubri¨® el cien por cien de sus gastos con dinero procedente de esta subvenci¨®n". La Intervenci¨®n ha formulado estas imputaciones tras estudiar las alegaciones del CGAE ante un primer informe.

La Intervenci¨®n General se?ala en sus conclusiones generales que "el Consejo no lleva un registro o contabilidad separada de los gastos imputables a la gesti¨®n de los servicios subvencionados, por lo que no ha sido posible determinar si las subvenciones recibidas se han aplicado a la finalidad prevista".El informe de la Intervenci¨®n se?ala "las dificultades que ha encontrado para elaborar su informe" y destaca que "en la contabilidad del CGAE no ha sido posible, por falta de documentaci¨®n, determinar los gastos imputables a la gesti¨®n de los servicios subvencionados".

El Consejo de la Abogac¨ªa ha obtenido en los cuatro a?os y medio mencionados "un beneficio de 122 millones de pesetas", seg¨²n el informe de la Intervenci¨®n y de ellos "tiene acreditados en cuenta corriente 63 millones", por lo que "el Presidente del CGAE [Antonio Pedrol Rius] debe justificar el empleo dado a la diferencia", es decir, a 59 millones.

Seg¨²n el alto organismo de control econ¨®mico, el Consejo de la Abogac¨ªa obtiene "importantes cantidades como consecuencia de los intereses bancarios que devenga la cantidad recibida, desde que la recibe hasta que la redistribuye entre los Colegios de Abogados". Estos intereses han sido de 173 millones de pesetas, mientras que la cantidad que ha detra¨ªdo el Consejo de la subvenci¨®n total ha sido de 283,4 millones de pesetas. Pese a ello, el Consejo sigue descontando, "a pesar de los elevados intereses que obtiene el 1,5% de la totalidad de la subvenci¨®n recibida".

Por ello, la Intervenci¨®n General del Estado propone que el Consejo no siga qued¨¢ndose ese 1,5% y que lo dedique a sufragar los Colegios deficitarios o a mejorar las retribuciones del turno de oficio y de asistencia letrada.

El informe oficial a?ade en sus conclusiones que el Consejo ha incumplido "las obligaciones de rendici¨®n de cuentas" y no ha proporcionado informaci¨®n "sobre cinco aspectos importantes

La Intervenci¨®n destaca que no se ha informado "sobre los intereses que devenga la subvenci¨®n" ni se ha enviado "la obligada memoria anual sobre el funcionamiento de los servicios del turno de oficio y asistencia letrada".

"Cuesta dinero"

Por fin, el informa analiza "a modo de muestreo" la gesti¨®n de algunos Colegios de Abogados, y concluye que en todos los a?os analizados "se ha producido un super¨¢vit en relaci¨®n con los gastos de funcionamiento". Esa cantidad sobrante, seg¨²n la Intervenci¨®n General, "no se reintegra ni se reinvierte en los servicios de turno de oficio y asistencia letrada".En las alegaciones anteriores al informe de la Intervenci¨®n, el Consejo de la Abogac¨ªa se?al¨®, entre otras cosas, que "el conjunto del costo de mantenimiento de la infraestructura de los servicios de asistencia y turno de oficio, sumados los de los Colegios de Abogados de toda Espa?a y los del Consejo, son siempre superiores a los que recibe para su sostenimiento" y a?adi¨® que "al conjunto de la abogac¨ªa espa?ola le cuesta dinero sostener los servicios de asistencia y turno".

Las mismas alegaciones admiten que el Consejo "elaboraba

unas memorias para cada a?o", pero que "no han sido cursadas ni formalizadas" aunque se comprometen a enviar al Ministerio de Justicia "la correspondiente memoria anual".

EL PA?S intent¨® ayer varias veces ponerse en contacto con Pedrol Rius para recabar su opini¨®n sobre las imputaciones de la Intervenci¨®n General del Estado, pero tanto en su despacho como en el Consejo General de la Abogac¨ªa informaron que se encontraba en una reuni¨®n.