"Penalizar la manipulaci¨®n gen¨¦tica coarta a investigaci¨®n

Francisco Mu?oz Conde, de 47 a?os, tres hijos, catedr¨¢tico de Derecho Penal y organizador del primer debate p¨²blico sobre el anteproyecto de C¨®digo Penal -que acaba de celebrarse en Sevilla-, se proclama decidido partidario de una ley de plazos para el aborto y contrario a "hacer pasar por loca a la mujer para que pueda abortar". Mu?oz Conde considera "de ciencia-ficci¨®n penalizar la manipulaci¨®n gen¨¦tica, que coartar¨ªa la investigaci¨®n y dice que "la cr¨ªtica al poder p¨²blico es esencial en una democracia".

Disc¨ªpulo del penalista alem¨¢n Claus Roxin, a quien ha traducido, y autor de una extensa obra jur¨ªdica, Mu?oz Conde particip¨® en la elaboraci¨®n de la propuesta de C¨®digo Penal de 1983 y habla con nostalgia de la p¨¦rdida de "aquel esp¨ªritu liberal", que el anteproyecto actual ha convertido en "represivo e intimidatorio". Con un pie en el avi¨®n que le llevar¨¢ a Jap¨®n para dar un curso de doctorado en la Universidad de Tsukuba, todav¨ªa tiene tiempo para dedicarse a su diversi¨®n favorita -el saxof¨®n- y para hablar sin pelos en la lengua sobre lo "aberrante" del nuevo delito de difamaci¨®n, "que reproduce amenazas para la libertad de expresi¨®n, pieza b¨¢sica del funcionamiento democr¨¢tico".

Pregunta. Para ampliar la despenalizaci¨®n del aborto, ?es suficiente, como pretende el Gobierno, ensanchar la indicaci¨®n del riesgo para la salud ps¨ªquica de la madre?

Respuesta. Es una verg¨¹enza mantener b¨¢sicamente la regulaci¨®n vigente, una de las m¨¢s t¨ªmidas de Europa. Ampliar la indicaci¨®n de la salud ps¨ªquica exige a la mujer demostrar que est¨¢ loca, lo cual la estigmatiza a¨²n m¨¢s. La soluci¨®n correcta, como en Italia o Francia, es la ley de plazos, que no plantea problemas constitucionales y ofrece menos riesgos para la mujer.Eutanasia y muerte digna

P. El anteproyecto despenaliza la eutanasia pasiva. ?Basta con eso?

R. La eutanasia es un problema grave, que nos afecta a todos, pobres y ricos, y hay que tratarlo con delicadeza. Pero la eutanasia pasiva no es punible en ning¨²n pa¨ªs. Decepciona que, respecto a la activa, el anteproyecto se limite a rebajar la pena y no la despenalice, ni siquiera cuando el sujeto pide su propia muerte y padece una enfermedad dolorosa e irreversible. El problema es delicado, pero no es progresista ni moderno que el C¨®digo Penal se quede en permitir que, en atenci¨®n a circunstancias especiales, se rebaje la pena, porque eso equivale a dejar como est¨¢ el grave problema del derecho a una muerte digna.

P. ?El nuevo delito de manipulaci¨®n gen¨¦tica mantiene el equilibrio necesario entre la ¨¦tica y las necesidades de la ciencia?

R. Es de ciencia-ficci¨®n creer que el derecho penal puede incidir en esta materia. Y en caso de hacerlo, tendr¨¢ un efecto negativo, como en Alemania, donde el profesor Albin Eser considera que coarta la investigaci¨®n gen¨¦tica. No merece que se penalice como delito una conducta que, seg¨²n la vigente ley, ya se sanciona administrativamente.

P. Otra novedad es el delito de lesiones al feto.

R. Ese delito me parece m¨¢s interesante, porque previene casos como el de la talidomida, al castigar con entre uno y cuatro a?os de c¨¢rcel a quien, mediante medicinas o por otro medio, produzca malformaciones o alguna tara f¨ªsica o ps¨ªquica en el feto.

P. Los ecologistas se quejan de que es poco lo avanzado en la penalizaci¨®n de los delitos contra ¨¦l medio ambiente.

R. Ya es un avance poder sancionar a los funcionarios que autorizan las industrias contaminantes. El ecol¨®gico es el delito del futuro, pero por delante de la sanci¨®n penal debe ir la protecci¨®n administrativa del medio ambiente. Lo m¨¢s importante del anteproyecto sobre este delito es la rebaja de pena para el delincuente arrepentido.

P. ?Tiene justificaci¨®n jur¨ªdica el delito de difamaci¨®n?

R. M¨¢s que el tipo delictivo en s¨ª, me preocupa la confusa redacci¨®n que tiene la cl¨¢usula de exenci¨®n de la responsabilidad cuando los hechos se refieren a personajes p¨²blicos, y sobre todo me preocupa que ¨¦ste y otros delitos de opini¨®n puedan cometerse contra instituciones pol¨ªticas y el propio jefe del Estado, ya que se compadece mal con la importancia que tiene la cr¨ªtica al poder p¨²blico para el control democr¨¢tico del poder.

P. El anteproyecto prev¨¦ hasta ocho a?os de c¨¢rcel si el difamado es la corona; hasta seis a?os si es el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo u otros ¨®rganos del Estado, y hasta tres a?os de c¨¢rcel si lo son los ej¨¦rcitos.

R. Todo eso es una aberraci¨®n. Adem¨¢s, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional marca una l¨ªnea de pr¨¢ctica despenalizaci¨®n de todo lo que pueda ser una actitud m¨¢s o menos injuriosa, pero cr¨ªtica de los poderes p¨²blicos.

P. ?Cu¨¢les son los l¨ªmites de esa cr¨ªtica?

R. Por mucho que pueda dolerle a los pol¨ªticos, es obvio que en una verdadera democracia la cr¨ªtica de la gesti¨®n p¨²blica que resulte indigesta, molesta, ¨¢cida o despectiva es absolutamente b¨¢sica para el funcionamiento democr¨¢tico. Durante el franquismo, la ley Fraga trajo cierta libertad de expresi¨®n, pero con el "debido respeto a las instituciones", espada de Damocles colocada sobre los medios de comunicaci¨®n social de la ¨¦poca. Ser¨ªa realmente parad¨®jico que, en democracia, los nuevos tipos delictivos reprodujeran igual amenaza para la libertad de expresi¨®n.

P. ?El delito inform¨¢tico est¨¢ bien regulado?

R. En la protecci¨®n de la privacidad se ha dado un enorme avance respecto al C¨®digo Penal vigente, en el que s¨®lo se penaliza la escucha telef¨®nica o el descubrimiento de secretos documentales. De todos modos, el avance de la inform¨¢tica exige a cualquier C¨®digo Penal, y m¨¢s al del siglo XXI, llenar todas las lagunas posibles para proteger la intimidad frente a los abusos inform¨¢ticos.