Una docilidad pagada con el relevo

Los dos a?os de Leopoldo Torres Boursault como fiscal general del Estado son la historia de un pol¨ªtico d¨®cil al Ejecutivo, pero sin capacidad para dominar a una carrera fiscal cuyos miembros tienen una concepci¨®n de la misma muy diferente a la de los sucesivos ministros de Justicia socialistas, empezando por Fernando Ledesma y terminando por Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo. La decisi¨®n de Torres de ponerse al frente de la rebeli¨®n de los fiscales ha terminado con una situaci¨®n que ha conducido al fiscal general a dimitir y al Gobierno a aceptarle su propuesta.Torres, de 51 a?os, est¨¢ casado y es padre de cuatro hijos. Abogado de profesi¨®n desde 1965, ha sido militante del PSOE y UGT desde 1973 y miembro del Comit¨¦ Federal del PSOE. Como profesional del Derecho, destaca su pertenencia al Comit¨¦ Europeo para la Prevenci¨®n de la Tortura desde julio de 1989 hasta su nombramiento como fiscal general.

Como parlamentario, comenz¨® su actividad en 1979, cuando fue elegido diputado por Guadalajara. En las elecciones legislativas de octubre de 1989, Leopoldo Torres no sali¨® elegido senador, por Madrid, pese a ser candidato in p¨¦ctore a la presidencia del Senado.

El 26 de enero de 1990 fue nombrado por el Gobierno fiscal general del Estado, cargo en el que sustituy¨® a Javier Moscoso. Su llegada a la Fiscal¨ªa General del Estado estuvo marcada por la presentaci¨®n de una querella contra el diario El Mundo, que no fue admitida a tr¨¢mite.

Falta de independencia

La cr¨ªtica m¨¢s extendida a la gesti¨®n de Torres ha sido la supuesta falta de independencia respecto del Gobierno, y el condicionamiento de su gesti¨®n a los intereses del Ejecutivo. Torres ha pedido que se revise la idea de un fiscal implacable, acusador a ultranza, al tiempo que clamaba por un reforzamiento de su papel. Tambi¨¦n se ha pronunciado en favor de ampliar la despenalizaci¨®n del aborto.

A comienzos de marzo de este a?o hubo un fuerte encontronazo entre Torres y el ministro de Justicia, Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo, como consecuencia del informe del Consejo Fiscal, elevado al ministro, pero cuyo destinatario ¨²ltimo era el presidente del Gobierno. El informe, muy cr¨ªtico, mencionaba como problemas m¨¢s acuciantes la falta de medios para desarrollar su trabajo y la falta de sensibilidad del Ejecutivo hacia las necesidades de la fiscal¨ªa. Su permanencia en el cargo qued¨® en entredicho desde el comienzo del conflicto.

Por otro lado, con la detenci¨®n de un comando de ETA en octubre de 1991, se conocieron los planes terroristas de atentar contra Torres por el procedimiento de la carta o paquete bomba.