Consumo pide que cada sentencia por cl¨¢usula abusiva revierta en todos los ciudadanos

Defenderse de una cl¨¢usula contractual abusiva le puede costar a cada consumidor espa?ol hasta 10 a?os de pleitos judiciales. Por ello, el Instituto Nacional de Consumo quiere crear una comisi¨®n institucional competente en estos casos cuyas resoluciones sobre un contrato en particular afecten autom¨¢ticamente a todos los ciudadanos.

Vivienda, seguros y cr¨¦ditos bancarios son los tres sectores que acumulan la mayor parte de las demandas por cl¨¢usulas abusivas, seg¨²n datos del Instituto Nacional de Consumo. Y estas reclamaciones pueden tardar en resolverse entre cinco y 10 a?os a trav¨¦s de las distintas instancias judiciales. Como ejemplo, en abril de 1984 se inici¨® una reclamaci¨®n por un seguro de vida que rechazaba el infarto como accidente y hasta el 27 de noviembre de 1991 la familia del reclamante no obtuvo el fallo del Tribunal Supremo.El Instituto Nacional de Consumo viene insistiendo para que un procedimiento m¨¢s ¨¢gil se incluya en el anteproyecto de Ley de Condiciones Generales de la Contrataci¨®n, que fue retirado hace tres semanas de la comisi¨®n de subsecretarios por disensiones entre varios ministerios.

Consumo critica, por otra parte, la "oportunidad" de aprobar ahora este texto legal, cuando la CE tiene ultimado un proyecto de directiva sobre cl¨¢usulas abusivas que posteriormente habr¨¢ que adaptar a la legislaci¨®n espa?ola.

"El proyecto espa?ol ha asumido la doctrina de Alemania, el pa¨ªs pionero en la protecci¨®n sobre cl¨¢usulas abusivas, pero sin el sistema judicial alem¨¢n", reflexiona ?scar L¨®pez Santos, jefe del Servicio de Normativa del Instituto Nacional de Consumo. Aceptarlo como est¨¢ no facilitar¨ªa, a su juicio, la defensa del consumidor frente a los contratos ya consumados, "dado que el acceso a la justicia es dificultoso y existe el riesgo de que la jurisprudencia dictada sea contradictoria".

?mbito nacional

La alternativa que propone Consumo es la prevenci¨®n; la creaci¨®n, sin perjuicio de que cualquier ciudadano pueda reclamar en un juzgado, de una comisi¨®n institucional administrativa que act¨²e de oficio o mediante denuncia sobre todos los contratos de car¨¢cter mercantil y comercial. Sus resoluciones tendr¨ªan ¨¢mbito nacional, de forma que si un ciudadano denuncia un abuso en un contrato de alquiler, por ejemplo, y la comisi¨®n lo estima, esta cl¨¢usula desaparecer¨ªa autom¨¢ticamente de todos los contratos de alquiler de Espa?a.

En el campo mercantil privado, actualmente cada ciudadano debe plantear su propia reclamaci¨®n judicial, sin que sus sentencias sean v¨¢lidas para el resto de posibles afectados. Las sentencias son extensivas cuando el Estado es el "empresario", como ocurri¨® en el caso de la resoluci¨®n judicial a favor de un ciudadano que motiv¨® la reforma del impuesto de la renta en Espa?a.

La experiencia ha demostrado que en el campo mercantil privado la existencia de cl¨¢usulas abusivas resiste a las leyes. Los ofertores de bienes y servicios, aunque sean varios, funcionan en realidad como uno solo, ya que los contratos se copian unos de otros, resultando pr¨¢cticamente id¨¦nticos. "Cuando estos sectores empiezan a usar las condiciones generales legales para la redacci¨®n de los contratos, los pasan a un experto que intenta sesgar el articulado para hacerlo lo m¨¢s favorable posible a sus intereses" asegura L¨®pez Santos. Este t¨¦cnico destaca los problemas existentes en el sector de arrendamientos urbanos o en algunos servicios en situaci¨®n de "seudomonopolio", como gas, electricidad y tel¨¦fono, "cuyos vicios hay que desarraigar".