La 'Administraci¨®n ¨²nica'

Una interpretaci¨®n tendencialmente federalista de la Constituci¨®n debe tomar en consideraci¨®n la, a primera vista, sorprendente propuesta de Fraga. Lo ins¨®lito no es tanto la idea, puesto que ¨¦sta ya hab¨ªa sido antes formulada de forma parecida por Pujol cuando ¨¦ste sefial¨® que el Estado espa?ol en Catalu?a es la Generalitat, cuanto la personalidad del que ahora ha acu?ado la expresi¨®n Administraci¨®n ¨²nica, pues es notoria su tradicional asunci¨®n de un proyecto nacionalista espa?ol reacio a distribuir territorialmente el poder.Tampoco son casuales las reservas e incluso rechazos que tal punto de vista ha suscitado en el PSOE, dada su identificaci¨®n con el poder central desde hace casi una d¨¦cada. Por tanto, parece que la cuesti¨®n clave de fondo no es -como siempre- doctrinal, sino de inter¨¦s pol¨ªtico respectivo. Dicho de otro modo, Fraga ha descubierto y constatado que el poder auton¨®mico hoy existente es bastante limitado, de ah¨ª que, dada su "natural" tendencia a concentrar facultades de mando, reivindique ahora nuevas parcelas y competencias sobre las que decidir.

Si se aplicaran tales criterios federalizantes, la presencia de la Administraci¨®n central en las comunidades aut¨®nomas (CC AA) especiales se reducir¨ªa de modo notorio, simplific¨¢ndose nuestro complejo modelo estatal. Sin embargo, hay que insistir en las razones de forldo de la propuesta fraguista, puesto que, en realidad, son mucho m¨¢s prosaicas- que las de refundar el Estado espa?ol, algo que ya se hizo en 1978. Esta opci¨®n se entiende mejor desde la oposici¨®n perif¨¦rica tanto de Fraga (por estar confinado en Galicia, aunque con mucha influencia en todo el PP) como de su propio partido en el conjunto del sistema pol¨ªtico espa?ol.

Curiosamente, la tesis de Pujol -m¨¢s congruente desde el punto de vista de su nacionalismo catal¨¢n- tambi¨¦n implicar¨ªa una transformaci¨®n estructural del Estado de las autonom¨ªas en una l¨ªnea hacia la que ¨¦l siempre ha mostrado reticencias, esto es, el federalismo, salvo que tal pol¨ªtica se reservase estrictamente a las tres nacionalidades hist¨®ricas. No obstante, esta limitaci¨®n ser¨ªa dif¨ªcilmente sostenible, pues Andaluc¨ªa est¨¢ plenamente equiparada a las anteriores y, adem¨¢s, otros tres territorios poseen competencias homologables en lo esencial (Pa¨ªs Valenciano, Canarias y Navarra).

No es muy aventurado sostener que si el PSOE estuviese en la oposici¨®n podr¨ªa asumir una pol¨ªtica semejante como elemento de presi¨®n sobre el Gobierno central de turno y para incrementar su influencia en los territorios que administrase. Por lo dem¨¢s, su utilizaci¨®n del famoso y pol¨¦mico refer¨¦ndum de iniciativa auton¨®mica en Andaluc¨ªa (1980) result¨®, a la postre, un formidable instrumento desestabilizador contra UCD. Por el contrario, puesto que hoy ocupa el Gob¨ªerno central, y sin perspectivas de alternancia a medio plazo, es l¨®gico que se resista a ceder competencias que beneficiar¨ªan, en realidad, a otros grupos.

As¨ª pues, las tesis gubernamentales seg¨²n las cuales el "Estado" no puede dejar de estar presente en las CC AA tienen una innegable dimensi¨®n partidista de fondo, aunque no quieran ser vistas as¨ª por sus defensores. Por una parte, la reducci¨®n y confusi¨®n del "Estado" y del poder central es bien abusiva (aunque lamentablemente la Constituci¨®n permite, un uso polivalent¨® del t¨¦rmino) y, por otra, es absurda la idea de que aqu¨¦l "desaparecer¨ªa" de las CC AA. De entrada, ¨¦stas tambi¨¦n son Estado y, por consiguiente, no hay nada que temer al respecto, y, a continuaci¨®n, la presencia en todas ellas de un delegado del Gobierno central deber¨ªa ser suficiente para evitar cualquier recelo (otra cuesti¨®n ser¨ªa la de incrementar sus poderes, una vez simplificadas todas las estructuras administrativas).

Cuando el Gobierno central insiste en que deben coexistir los tres niveles administrativos previstos por la Constituci¨®n cabe hacer dos precisiones. Siendo cierto que la propuesta fraguista de "Administraci¨®n ¨²nica" o pujolista de "General?tat como Estado espa?ol en Catalu?a" en ning¨²n caso puede afectar a las competencias reputadas esenciales (relacionadas con la m¨ªtica y cada vez m¨¢s relativa "soberan¨ªa") para e? Estado entendido en sentido estricto, como la defensa, las relaciones exteriores, la moneda y similares, del mismo modo el nivel inferior deber¨ªa ser, si no impenetrable, al menos relativamente aut¨®nomo. Garantizada, pues, la autonom¨ªa de la Administraci¨®n local, proceder¨ªa discutirsu actual estructura dual, provincial y municipal, en rigor cada vez menos congruente con el modelo estatal auton¨®mico. Los tres niveles son hoy cuatro (por no hablar de los que, a su vez, han introducido algunas CC AA, como Catalu?a con las comarcas).

En el proceso de integraci¨®n europea los Estados deben ir cediendo "soberan¨ªa", es decir, parcelas de poder, tanto a las instituciones comunitarias superiores (de ah¨ª la necesidad de reforzar el Parlamento Europeo para subsanar el actual d¨¦ficit de legitimidad democr¨¢tica de la Comunidad Europea) como a las instancias interiores intermedias (en nuestro caso, CC AA y municipios). La profundizaci¨®n del Estado de las autonom¨ªas es hoy posible incluso sin la siempre dif¨ªcil reforma constitucional: con ¨¦sta, el resultado podr¨ªa ser mucho m¨¢s claro, pero, ante el riesgo de que no se produzca el consenso de 1978 o, peor, de que se rebajen los contenidos auton¨®micos alcanzados, quiz¨¢s sea m¨¢s prudente agotar antes otras f¨®rmulas. De hecho, el propio Pujol ha se?alado que sus propuestas no s¨®lo tienen pleno encaje en el actual sistema, sino que ni siquiera formalmente precisan de retoques constitucionales o estatutarios.

Desde la izquierda, no muy diferente t¨¦cnicamente es el proyecto de autogobierno defendido por Rib¨®, que desde hace anos propugna no s¨®lo simplificar la irracional, costos¨ªsima y conflictiva superposici¨®n de administraciones, sino proceder a reformas que no requieren cambio constitucional: desde la provincia ¨²nica hasta la supresi¨®n de los gobiernos civiles y las delegaciones ministeriales. En suma, el Estado deber¨ªa estructurarse definitivamente en Espa?a a partir de las CC AA como sus elementos definidores b¨¢sicos y, como en Alemania, el poder central deber¨ªa articular lo esencial-de sus pol¨ªticas a trav¨¦s de tales administraciones territoriales.

Si se consiguiera superar los recelos interpartidistas (todos son muy celosos de las parcelas que controlan) y se garantizase de una vez por todas la lealtad constitucional rec¨ªproca podr¨ªa darse un nuevo y gran paso hacia la superaci¨®n del actual sistema h¨ªbrido que superpone elementos de lo viejo (las provincias) y de lo nuevo (las CC AA). Sin embargo, mientras s¨®lo sean Fraga, Pujol y, desde otra perspectiva, IU-IC los que sostengan una interpretaci¨®n federalizante de la Constituci¨®n el proyecto no pasar¨¢ de ser un elemento secundario y circunstancial del debate pol¨ªtico. En efecto, la clave del futuro del Estado de las autonom¨ªas radica en el PSOE, opci¨®n que hoy se caracteriza por preservar el statu quo, beneficiado, de rebote, por la postura provincialista del nacionalismo vasco dada la tradici¨®n foralista-historicista de' ¨¦ste.

Con todo, es de esperar que la idea de Administraci¨®n ¨²nica no caiga en saco roto y sea reformulada desde otros ¨¢mbitos con m¨¢s concreci¨®n p'ara racionalizar y profundizar el principio y la pr¨¢ctica auton¨®micos.

C. R, Aguilera de Prat es profesor de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad de Barcelobna.