La otra corrupci¨®n

LA CONDENA por prevaricaci¨®n dictada por la Audiencia de Burgos contra el alcalde de la ciudad, Jos¨¦ Mar¨ªa Pe?a, parece que no va -a la luz de las primeras reacciones de los interesados- ni con el edil condenado ni con la formaci¨®n pol¨ªtica. que lo arrop¨® en su momento para ocupar dicho cargo: el Partido Popular. Escud¨¢ndose en los electores, el primero se ha permitido desafiar el dictamen de los jueces declarando (si a sus disparatadas palabras contra todo el mundo se le pueden calificar de declaraciones) que a ¨¦l s¨®lo le echar¨¢n del ayuntamiento los votantes. Mientras tanto, la c¨²pula del PP, con su m¨¢ximo dirigente, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, a la cabeza, ha preferido mirar hacia otro lado y dar tiempo al tiempo escud¨¢ndose en su caso en que la condena no es firme todav¨ªa y que es recurrible ante el Supremo.La actitud del alcalde condenado frente a la sentencia que le ha inhabilitado durante 12 a?os para ejercer el cargo muestra, entre otros aspectos, el peregrino concepto que tiene del mandato popular. De acuerdo con su manipuladora interpretaci¨®n, la confianza popular expresada en la urnas podr¨ªa ser utilizada por quien la recibe como patente de corso para hacer lo que le venga en gana, e incluso para delinquir. Todo lo contrario de lo que convierte al sistema democr¨¢tico en el menos imperfecto de los conocidos por cuanto permite cambiar mediante el vot¨® a sus representantes y controlar su gesti¨®n.

Es cierto que la sentencia condenatoria contra el alcalde de Burgos le afecta a ¨¦l en primer t¨¦rmino, pese a que no quiera darse por enterado de sus consecuencias. Pero lo que puede ser admisible como reacci¨®n cr¨ªtica de la resoluci¨®n judicial -ha llegado a calificarla de "bodrio aberrante"- no lo es en ning¨²n modo en cuanto rechazo de su cumplimiento. El car¨¢cter no firme de la sentencia y su posible recurso ante el Supremo no aten¨²an la gravedad de los hechos declarados probados: el rosario de resoluciones dictadas entre los a?os 1984 y 1988 por ¨®rganos municipales presididos por el edil condenado que favorecieron de manera injusta, en la concesi¨®n de contratas de obras p¨²blicas, al constructor burgal¨¦s Antonio M¨¦ndez Pozo, tambi¨¦n condenado por varios delitos continuados de falsedad en documento p¨²blico.

.Son hechos y resoluciones judiciales en los que est¨¢n condenados otros dirigentes locales del PP, por lo que dif¨ªcilmente dejan de afectar al partido pol¨ªtico que decidi¨®, en su momento, elegir para sus listas electorales a un personaje tan peculiar como el edil ahora condenado. No puede, por tanto, dar la callada por respuesta cuando un tribunal de justicia imputa la comisi¨®n de un delito de prevaricaci¨®n, sin duda uno de los m¨¢s deshonrosos para un responsable p¨²blico, a quien present¨® ante la ciudadan¨ªa como el candidato id¨®neo. Y con mayor motivo cuando quien tom¨® esa arriesgada decisi¨®n fue el que era entonces presidente del PP en Castilla y Le¨®n y que hoy es su m¨¢ximo dirigente a nivel nacional, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

Un partido al que no basta una condena por corrupci¨®n pol¨ªtica para desvincularse de quien ha sido merecedor de ella no puede pretender que sea cre¨ªble su actitud de denuncia cuando aflora en otros frentes pol¨ªticos. El PP parece estar m¨¢s interesado en la corrupci¨®n pol¨ªtica como arma de desgaste del partido del Gobierno que como s¨ªntoma de degradaci¨®n de la vida p¨²blica; se comprenden as¨ª las dificultades que encuentra en el camino. de articular una alternativa pol¨ªtica veros¨ªmil a los ojos de la mayor¨ªa. Paralelamente, tambi¨¦n revela un grado de ceguera peculiar la pretensi¨®n de Alfonso Guerra de establecer un paralelismo con su caso al exigir ahora la dimisi¨®n de Aznar. Guerra debi¨® dimitir de inmediato ante la evidencia de que el enriquecimiento s¨²bito de su hermano tuvo por ¨²nica causa la utilizaci¨®n de su parentesco con el entonces vicepresidente. Se equivoc¨®, y el esc¨¢ndalo de Burgos no borra ese grave error.